Fabiola Cortés Miranda, periodista independiente y fundadora de la asociación Somos Tus Ojos, es objeto de una campaña de intimidación que se inició en algunos medios quintanarroenses y escaló al terreno judicial: en una carpeta de investigación pasó de abogada a acusada. En entrevista, sostiene que detrás de esta campaña está el fiscal de la entidad Óscar Montes de Oca y se debe a que ella defiende jurídicamente a un anciano que fue despojado de un terreno en Akumal –en el corredor turístico Riviera Maya– por el cuñado del exgobernador Carlos Joaquín González, quien el jueves 5 tomó protesta como embajador de México en Canadá.

PLAYA DEL CARMEN, QR. (Proceso).– Incómoda para las autoridades de la entidad desde hace varias administraciones, la periodista independiente y activista Fabiola Cortés Miranda es víctima de una campaña de desprestigio y criminalización. La Fiscalía estatal la incrimina en una investigación donde ella figuraba como representante legal.

Esta nueva acusación en su contra se presenta justo cuando Cortés Miranda acompaña jurídicamente a familiares de personas desaparecidas y luego de que denunció actos de corrupción que involucran a personas allegadas al exgobernador Carlos Joaquín González, quien el pasado jueves 5 tomó protesta como embajador de México en Canadá.

El pasado 16 de noviembre un grupo de familiares de personas desaparecidas bloqueó varias horas la zona hotelera de Cancún. Pidieron que en el encuentro que finalmente tuvieron con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, de Morena, la activista estuviera presente. La gobernadora propuso al grupo soluciones de corto plazo.

Hasta ahora no sólo ha incumplido, sino que el 15 de diciembre –un mes después del bloqueo, la Fiscalía estatal le notificó a Cortés Miranda que en la carpeta de investigación 2369/2020 –donde ella aparecía como defensora–, la dependencia le imputa el delito de despojo, incorporando en el expediente presuntas pruebas que ya han sido impugnadas.

Para la también abogada pro bono, la campaña en su contra se originó por el acompañamiento legal que ella y otros asesores jurídicos brindaron a una persona de edad avanzada que denunció el despojo de un terreno en Akumal –en el corredor turístico Riviera Maya– que implicaba a familiares de Carlos Joaquín González.

Ese caso generó la carpeta de investigación 1113/2019, pero la Fiscalía estatal decidió el no ejercicio de acción penal contra los señalados. Desde entonces las víctimas luchan por la vía del amparo para ejercitar su derecho a la justicia.

Cortés Miranda es fundadora de Somos Tus Ojos, asociación civil que destapó múltiples actos de corrupción de Roberto Borge Angulo cuando él era gobernador, y hoy está preso, acusado de lavado de dinero a través de la venta de predios a familiares y amigos.

“Es evidente que se trata de una venganza –sostiene Cortés Miranda–. Es la tercera denuncia en la que se me involucra. Se da desde diciembre de 2020, cuando denuncio el caso del cuñado del exgobernador Carlos Joaquín. Es clarísimo cómo comienza el acoso mediático con todas las publicaciones que se hacen con todos los medios afines al gobierno del estado”.

La Fiscalía la pone bajo investigación en un caso en el que desde hace tres años ella se desempeña como asesora jurídica de un particular que fue despojado de un predio de cinco hectáreas, en Mahahual, en el sur de la entidad, una zona emergente turística donde son comunes las invasiones a bienes inmuebles.

Y como ella afirma que el cuñado de Carlos Joaquín despojó a una persona humilde en Akumal, la dependencia decidió fincarle un delito similar. “Eso comenzó desde enero de 2021, dando accesos a la carpeta de investigación a un reportero local desde donde se orquestó la campaña”.

Expone que, según lo que le notificaron, la Fiscalía recibió una denuncia de personas de Mahahual con fotografías que no corresponden al lugar y el tiempo relacionado por el presunto delito que se le imputa. También refiere que la notificación dice que se utilizó a la Guardia Nacional, pero ésta ya se deslindó.

Cortés Miranda asegura que detrás de la campaña que busca encarcelarla o desterrarla de la entidad está Óscar Montes de Oca, el fiscal general de Quintana Roo, quien llegó al cargo gracias a Carlos Joaquín González para un periodo de nueve años, que concluye en 2027, casi al final del gobierno de la morenista Mara Lezama.

El acoso contra la activista llegó al Congreso estatal el 15 de diciembre de 2020, durante la Legislatura anterior. En esa ocasión los diputados Roberto Erales Jiménez y Hernán Villatoro Barrios, del Partido del Trabajo, cuestionaron al fiscal sobre la campaña emprendida contra Cortés y su relación con la denuncia que se hizo sobre el despojo en Akumal al anciano de origen maya, que involucra a familiares del exgobernador.

En aquella ocasión, el fiscal respondió: “Lo primero que hacen es atacar a la autoridad, desprestigiarla, pero están muy activos litigando sus carpetas de investigación a nivel cancha… Eso lo hacen para intimidar”.

En febrero de 2021, en otra comparecencia de Montes de Oca, Erales Jiménez volvió a cuestionar sobre el mismo tema. El fiscal alegó que a Cortés la motivan “intereses personales”, pero no precisó ni documentó su dicho.

En varias ocasiones se ha intentado, sin éxito, localizar a Carlos Joaquín González, quien terminó su gestión como gobernador el 24 de septiembre de 2022 y dejó de aparecer en público desde entonces, para conocer su versión. Hoy se torna más difícil contactarlo, pues el jueves 5 tomó protesta como embajador de México en Canadá.

En la denuncia de despojo en Akumal, el reportero consultó la carpeta de investigación 1113/2019, en la que el denunciado –el cuñado del exgobernador– alega que se trató de una compraventa en la que no hubo mala fe ni coacción. Cuando se le buscó para conocer su versión no fue localizado; el despacho de sus asesores jurídicos tampoco aportó información.

Acerca de la carpeta de investigación 2369/2019, donde se acusa a la activista del presunto delito de despojo, hubo un acercamiento con el abogado de la parte acusadora, pero declinó ser entrevistado.

Persecución

Como sucede en otras entidades, en Quintana Roo ejercer el periodismo de manera independiente, lejos de la manipulación gubernamental que se da por medio de convenios publicitarios, también tiene sus riesgos, expone Ludovico Armando Zamora Herrera, activista, periodista independiente, abogado y fundador del proyecto Observatorio sobre Desapariciones en Quintana Roo.

Durante el sexenio de Carlos Joaquín, cuatro periodistas perdieron la vida de manera violenta: dos en Playa del Carmen, uno en Felipe Carrillo Puerto y otro en Cancún. Ninguno de estos casos ha sido resuelto.

“Yo no vivo en Quintana Roo. Me fui tras ser amenazado por el gobierno de Carlos Joaquín. Eso me hizo finalmente desplazarme desde el año pasado. (Hay) una persecución contra las personas que estamos apoyando a las víctimas… Hemos tenido que hacer un activismo muy fuerte, diferente y crítico hacia las autoridades. Y eso trae como consecuencia que éstas reaccionen con los embates de la cargada institucional.

“En Quintana Roo, quienes se meten a defender víctimas, se meten a defender derechos humanos, se meten a defender causas sobre la negligencia de las autoridades, siempre han sido perseguidos. Está Fabiola Cortés, las víctimas del 9 de noviembre, mi caso en particular y las familias de los desaparecidos, que ante la persistencia de buscar a sus familiares son víctimas de amenazas. Es Quintana Roo y su enorme crisis de derechos humanos”, manifiesta Zamora Herrera

Fabiola Cortés ya denunció formalmente ante instancias federales los ataques en su contra en las redes sociales, la intervención de sus equipos de comunicación y el acoso constante de terceros.

En enero de 2021, dice, un grupo de personas se presentó en las instalaciones de la Fiscalía de Quintana Roo, en Chetumal, donde pintó las paredes de la representación social con consignas contra ella, sin que ninguna autoridad –ni siquiera de la propia dependencia– impidiera esa acción o actuara contra los autores.

“Ni una mas Cortes, ni un rovo mas”, “Fabiola Cortés devuelve terrenos” (sic), decían algunas de las pintas.

La activista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos contra la libertad de expresión. La Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) resolvió inicialmente el no ejercicio de la acción penal. Pero en junio pasado un juez federal revocó tal resolutivo y ordenó a la Feadle reponer el procedimiento de la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021. Hasta ahora esa investigación no ha avanzado.

“Estoy consciente de que el estado sí es capaz de tenerme en la cárcel un rato. Esas denuncias, por más absurdas, me pueden enviar a la cárcel porque si hay una audiencia de imputación y si el fiscal dice al señor juez que debe decretarme prisión preventiva justificada y el juez dice que sí, ese día me voy a la cárcel. Tengo miedo, pero no vamos a parar”, dice.

Proceso buscó la versión de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por medio de su área de comunicación social. En un principio manifestaron su disposición, pero después ya no respondieron a la petición de entrevista.

El pasado 22 de diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su mañanera en Chetumal, Fabiola Cortés intentó exponer su caso, pero le fue negado el acceso.

Corrupción en evidencia

Fabiola Cortés llegó a Quintana Roo en 2005 tras egresar de la carrera de ciencias de la comunicación de la UNAM; fue reportera en diversos medios y después ha ejercicio de manera independiente. En 2016 fundó la asociación civil Somos Tus Ojos.

“Nos damos cuenta de que ya no bastaba el tema de la denuncia pública y es como decido titularme para empezar a litigar los casos que tengan que ver con corrupción… Las primeras denuncias que presenté fueron contra Roberto Borge”, recuerda.

En estos primeros años su organización denunció la venta de terrenos patrimonio de Quintana Roo por parte del gobernador Roberto Borge a precios muy por debajo de su costo real. Actualmente el exgobernador se encuentra en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, del estado de Morelos, sujeto a proceso penal.

Fabiola participa en actividades de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad, un delito que ha estallado en la cara de las autoridades. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2022 la entidad registró 350 personas desaparecidas y no localizadas; en 2021, fueron 125, y en 2020, el año en que se inició la pandemia, sólo hubo 58.

No obstante, el proyecto ciudadano Observatorio sobre Desapariciones en Quintana Roo ha arrojado cifras diferentes. De manera preliminar, hasta mediados de diciembre de 2022 hay registro de la desaparición o no localización de 810 personas; mientras que en 2021 fueron 825, y en 2020, 475.

El banco de datos se nutre con las fichas de alerta que cotidianamente emite la Fiscalía de Quintana Roo.

En este contexto, Somos Tus Ojos fue buscado por las víctimas para dar celeridad a las investigaciones y para obtener asesoría gratuita.

Recientemente se supo del caso de Fernanda Cayetana, una niña que en julio pasado desapareció en la zona continental de Isla Mujeres. Fue detenido al principal sospechoso, pero no dio pistas sobre el paradero de la menor, por lo que el 16 de noviembre la madre de la menor y otras familias de personas ausentes bloquearon varias horas la zona hotelera de Cancún.

La acción fue utilizada como pretexto para arremeter contra Cortés Miranda en publicaciones pagadas en redes sociales, donde la responsabilizaron de “desquiciar la zona hotelera”, el punto más importante para el turismo en la entidad, con esa protesta.

“Fabiola Cortés es nuestra representante legal y es un pleito que tenemos con la Fiscalía y la Ceaveqroo (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo) porque desde que vieron que no agarramos a los asesores de ellos, nos han puesto trabas”, dice a Proceso Daisy Norma Chi Blanco, madre de Fernanda Cayetana.

Aquella noche del 16 de noviembre fueron recibidas por la gobernadora Mara Lezama, quien inicialmente se negó a que a la reunión entrara Fabiola Cortés. Al final aceptó y prometió darles a conocer datos sobre el paradero de la menor en 15 días.

“Cuando hablamos con la gobernadora, el 16 de noviembre, ella me dijo que en 15 días me daría respuestas para que le sacaran la verdad a Marco Antonio (el detenido), pero ya pasó más del mes y no me han dado la cara. No hay ningún avance”, agrega la madre afectada.

Se buscó la versión de la gobernadora por medio de comunicación social del gobierno del estado. No hubo respuesta. 

Reportaje publicado el 8 de enero en la edición 2410 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.