Cuando falta menos de un mes para que asuma como gobernador de Tamaulipas y en vísperas de que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones en los comicios en que resultó ganador, Américo Villarreal acusa: el gobierno de García Cabeza de Vaca “busca entorpecer el proceso de entrega-recepción, enturbiándolo para que no veamos sus desviaciones”. En entrevista con Proceso refiere los diferentes frentes en los que batalla para tomar las riendas del poder en la entidad; uno de ellos: evitar que áreas estratégicas de seguridad pública queden bajo el control del fiscal estatal Irving Barrios, identificado con el grupo del exlegislador panista Gil Zuarth.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Una sucesión gubernamental conflictiva ha marcado el periodo poselectoral en Tamaulipas y, a menos de un mes de relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, el gobernador electo, está a ciegas: el gobierno del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca le cierra el acceso a información sobre “las condiciones reales en las que se encuentra la entidad”, al mismo tiempo que, por la vía legislativa, evita la entrega-recepción de áreas estratégicas, como el agua potable y la seguridad.

De por sí las elecciones del 5 de junio que dieron la victoria al morenista siguen el curso de la judicialización, por lo que la certeza sobre el inicio de su mandato está aplazada hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones a finales de septiembre, apenas días antes del cambio previsto por la ley para el 1 de octubre.

En entrevista realizada el pasado 31 de agosto, Villarreal Anaya admite que en los últimos años ninguna sucesión en el país ha resultado tan turbia. Dice que en otras circunstancias buscaría un acuerdo e inclusive la conciliación, pero hoy a los gestos de aproximación, no encuentra reciprocidad:

“Mi opinión en este momento, y a lo mejor por lo que me ha tocado vivir, es que la posición (de Cabeza de Vaca) es enturbiar el proceso de entrega-recepción con la finalidad de no dejar ver claramente cuáles son las condiciones reales de lo que está viviendo la entidad”, dice.

Ofrece un ejemplo:

La diputación permanente del congreso local, con mayoría cabecista y alianza con el PRI, modificó el 27 de junio, tres semanas después de las elecciones, diferentes estructuras institucionales sin seguir el procedimiento correspondiente. Así, “de manera arbitraria y con mayoría autoritaria”, a juicio del entrevistado, se pasaron diversas áreas de seguridad a la Fiscalía General de Justicia en la entidad.

Américo Villarreal sostiene que el objetivo es evitar que tenga acceso a la información sobre el estado de la seguridad y evitar el control que el gobernador en funciones tiene sobre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el comando élite llamado Grupo de Operaciones Especiales; el Centro de Análisis, Estudios e Información y la Unidad de Inteligencia Financiera del estado.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2392 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.