Lejos de lo que presume López Obrador, la Guardia Nacional no funciona. De acuerdo con análisis de organismos de la sociedad civil, menos de 30% de sus integrantes se ha certificado –pese a que debió hacerlo el año pasado–, carece de mecanismos de fiscalización –que evitarían la corrupción– y acumula quejas de violaciones a los derechos humanos. Además, sus elementos no están debidamente preparados, como se evidenció el pasado 14 de agosto, cuando 25 de ellos fueron retenidos por militantes de Pueblos Unidos en Michoacán.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El jueves 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados para el paso formal de la Guardia Nacional a la Sedena, “con el afán –argumentó–, de que se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, no se corrompa”; sin embargo, a tres años de operar, organismos civiles demuestran, con cifras generadas por el propio gobierno, que el mandatario “miente”.

Análisis realizados por organismos de la sociedad civil –como Causa en Común y Observatorio Nacional Ciudadano– muestran que contrario a lo que afirma el mandatario, en sus casi cuatro años la GN opera con graves irregularidades: menos de 30% de los integrantes se ha certificado a pesar de que el plazo venció en enero de 2021; sus elementos acumulan quejas de violación a derechos humanos y carecen de mecanismos de fiscalización, que puedan evitar que la corporación se corrompa.

Y en las calles son secuestrados o retenidos por grupos delictivos, como ocurrió el pasado 14 de agosto cuando, luego de la detención de al menos 164 civiles armados en el municipio de Uruapan, Michoacán, integrantes de Pueblos Unidos retuvieron a 25 elementos de la Guardia Nacional que viajaban en seis camionetas. A través de redes sociales, a cambio de los oficiales exigían a liberación de 164 pobladores que previamente fueron detenidos en posesión de armas largas.

Tampoco han dado resultados en seguridad; por ejemplo, de 8 mil 990 detenidos en 2021 sólo 14 lo fueron producto de trabajos de investigación; el resto fue sorprendido in fraganti.

El pasado 17 de agosto, el titular de la GN Luis Rodríguez Bucio, presentó de manera oficial la nueva unidad de la Guardia Nacional, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI), con casi 500 efectivos entre mujeres y hombres que tienen un adiestramiento especial. Se trata de un grupo especializado que depende de la Jefatura General de Coordinación Policial. Dentro de los objetivos se encuentra la realización de operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada, y operaciones de reacción inmediata en zonas urbanas.

Esta unidad implementará las siguientes actividades táctico-operativas: Rescate de rehenes y personas en situación de riesgo o privadas de su libertad; resolución situaciones de riesgo; traslado de reos de alta peligrosidad; tareas de búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos, así como neutralización de amenazas de materiales químicos, biológicos o radiológicos.

Además de apoyo a las autoridades ministeriales para el cumplimiento de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos), participación en operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada, operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva y proporción de seguridad en actos públicos especiales.

Los mandos de la GN tardaron casi cuatro años en crear el FERI, cuando, en las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, de la extinta Policía Federal, ya existían e incluso fueron certificados en Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese capital humano desechado por López Obrador, constaba de tiradores selectos, expertos en medicina táctica, paracaidistas, operadores aéreos de alto impacto, especialistas en operaciones subacuáticas, infiltración aérea, aseguramiento de laboratorios clandestinos y búsqueda, identificación y neutralización de artefactos explosivos improvisados (Proceso 2256).

Además, la iniciativa para oficializar el paso de la GN a la Sedena se envió aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto la acción de inconstitucionalidad, que el 26 de junio de 2019 interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de la Guardia Nacional. La ponencia quedó a cargo del ministro Javier Laynez Potisek. A tres años, la ponencia está en el pleno de la Corte para su análisis.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2392 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.