XALAPA, Ver (Proceso).— La empresa canadiense TC Energía, a cargo del Gasoducto Sureste, opera otros cuatro sistemas de gasoductos en México y tiene transacciones por más de 6 mil millones de dólares, pero tiene un historial polémico. 

En enero de 2021 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la rescisión de los permisos para la construcción del oleoducto Keystone XL a cargo de esta empresa, luego de 13 años de controversias. 

El objetivo de este oleoducto era transportar unos 830 mil barriles diarios de petróleo en una ruta de mil 930 kilómetros, desde Hardisty, Alberta, en Canadá, hasta Steele City, Nebraska. En 2015 el proyecto fue frenado por el entonces presidente Barack Obama, pero fue reactivado en 2017 por el mandatario Donald Trump. 

En 2018 un juez federal bloqueó temporalmente su construcción, alegando que el gobierno estadunidense no había revisado adecuadamente su impacto ambiental y el trazo afectaba territorio de grupos indígenas. 

Finalmente la Casa Blanca decidió cancelar el proyecto porque va contra las políticas de cambio climático y los compromisos de reducir la dependencia de combustibles fósiles. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también entró en una disputa con TC Energía, a la que acusó de haber obtenido contratos leoninos. La CFE informó en 2019 que presentó demandas preliminares ante la Comisión de Arbitraje Internacional contra algunas cláusulas de los contratos de siete gasoductos, las cuales la obligaban a pagar a las constructoras en caso de retrasos en las obras, además de que tenían rentabilidad más baja que en otros países. 

El gobierno lopezobradorista presentó controversias para revisar los contratos de los gasoductos a cargo de TC Energía: Sur de Texas-Tuxpan, Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula. 

Sin embargo se llegó a un acuerdo de renegociación. TC Energía anunció en julio pasado que sería socia de la CFE en la construcción de este nuevo gasoducto al que llaman “puerta al sureste”. 

En el marco de la inauguración de la refinería Olmeca en Tabasco, el propio Ejecutivo federal encabezó como testigo de honor la firma de “dos alianzas estratégicas en materia de energía”, como lo difundió la Presidencia: la primera, entre CFE-TC Energía, por 5 mil millones de dólares “para garantizar la seguridad energética en el sureste, con el desarrollo del ducto marino hasta Coatzacoalcos”.

La segunda alianza se dio entre la CFE y New Fortress Energy Corporation, por 2 mil 200 millones de dólares, y “permitirá a la CFE ser socio en un proyecto de licuefacción de gas natural, adquirir una planta de generación adicional en Baja California Sur y garantizar el suministro de gas natural en esa región”, según el comunicado federal.

En el mismo evento, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, anunció: “CFE tendrá una participación accionaria de 15% en toda la sociedad y a partir de 2026 irá aumentando su participación en el nuevo ducto de extensión hasta ser propietario de 49%”. 

Esta alianza también ayudó a resolver otra controversia de la empresa TC Energía, el trazado del gasoducto Tuxpan-Tula. 

En noviembre de 2015 la CFE adjudicó a TC Energía la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, que recorre 250 kilómetros para proveer gas natural a las centrales generadoras de electricidad de ciclo combinado en Veracruz, Puebla e Hidalgo. 

Comunidades indígenas advirtieron que el trazo del gasoducto atravesaba varios kilómetros de manantiales, bosques mesófilos de montaña y lugares sagrados en la sierra norte de Puebla e Hidalgo. En 2017 obtuvieron un amparo federal para frenar las obras y cambiar el trazo original. 

En 2020 López Obrador se comprometió con las comunidades a cambiar el trazo, lo que –según anunció el titular de la CFE– ya se cumplió y la construcción de gasoducto continuará este año.

El gasoducto marino Texas-Tuxpan también fue motivo de discusión.  En 2017, pescadores de Tamaulipas y Veracruz interpusieron tres solicitudes de amparo para frenar su construcción, pues lo consideraron un atentado ambiental. Sin embargo, el proyecto continuó y entró en operación en 2019. 

En abril de 2021, el gobierno federal amenazó con revocar el título de autorización de este gasoducto por incumplimiento de algunas cláusulas, pero todo terminó con un acuerdo entre empresa y gobierno. 

La política energética de López Obrador da prioridad a los gasoductos. En su reciente reunión con su homólogo Joe Biden ofreció poner a disposición de Estados Unidos más de mil kilómetros de gasoductos en la frontera para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, a fin de generar hasta 750 megawatts de energía eléctrica y abastecer a 3 millones de personas. 

La organización ambientalista Greenpeace advirtió que construir una nueva refinería y desarrollar ductos para transportar gas natural importado de la cuenca en el sur de Estados Unidos son medidas opuestas al combate contra el cambio climático y el compromiso de México de reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, así como generar 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias. l

Texto publicado en el número 2395 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 25 de septiembre de 2022.