La elección de los consejeros estatales de Morena provocó inconformidades en la militancia de prácticamente todo el país. Además de las irregularidades electorales, la queja recurrente fue por la manipulación del proceso para favorecer a los grupos políticos de gobernadores como Miguel Barbosa y Cuauhtémoc Blanco, igual que de legisladores y funcionarios federales. El resultado: fueron electos consejeros que militaron en el priismo y en el panismo por encima de los aspirantes lopezobradoristas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En una jornada con acusaciones por siembra de boletas en las urnas, acarreo, coacción y presiones para votar, la elección interna de Morena el domingo pasado representó no sólo la designación de los representantes en el máximo órgano de dirección a nivel nacional, sino un procedimiento fundamental para definir las candidaturas para las elecciones de 2024, particularmente de las gubernaturas en estados como Morelos y Puebla.

En otros casos significó el apuntalamiento de los grupos políticos de los gobernadores en turno, quienes según las denuncias recopiladas por Proceso en varios estados, hicieron de lado a dirigentes y militantes del partido y operaron desde los gabinetes estatales o con priistas y expriistas, como ocurrió en Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.

En Hidalgo, la presión hacia alumnos y docentes de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH) por el grupo político que comanda Gerardo Sosa Castelán –quien enfrenta en prisión domiciliaria un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos– logró más de una decena de consejerías del partido.

El Grupo Universidad –o La Sosa Nostra– ya encabeza el Partido del Trabajo (PT) en el estado, pero pretende hacer lo propio con Morena, del que es aliado desde 2018. A la par de la operación política, esta corriente libra una batalla jurídica para descongelar cuentas bancarias con más de 3 mil millones de pesos y que sus líderes sean eximidos de acusaciones penales.

Tras la jornada de votaciones, el clan obtuvo, con base en los resultados preliminares, consejerías para sus principales activos políticos: Salvador Sosa Arrollo, sobrino de Gerardo Sosa; Marivel Solís Barrera, exdiputada federal, y los exdipu­tados locales Rafael Garnica Alonso y Doralicia Martínez Bautista.

También aparece el exlegislador Humberto Veras Godoy, cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al ser posiblemente parte del esquema de blanqueo.

Como consejero igualmente estará uno de los principales contratistas de la UAEH: Raymundo Lazcano Mejía, exdiputado local por Morena y dueño de Construmega, SA de CV, empresa que consiguió contratos con recursos federales por 206 millones 874 mil 304 pesos, con la UAEH como su principal cliente, y la cual figura en la investigación que inició la UIF de Santiago Nieto Castillo, presumiblemente por ser favorecida con obra pública a través de contratos amañados.

Entre los cuadros del Grupo Universidad también están la alcaldesa de Tepeapulco, Marisol Ortega López, y la diputada federal suplente Elizandra Hernández García, ambas exfuncionarias de la UAEH y parte del círculo cercano de Sosa Castelán.

El excandidato a la alcaldía de Pachuca, Pablo Vargas González, opinó que en la transición política estatal también se da una disputa entre las fuerzas del viejo régimen y las que consideró del cambio verdadero, además de manifestar que, en una difícil y defectuosa democracia interna, los derechos se tienen que hacer valer desde abajo.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2388 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.