Violencia
En Juárez "la violencia no se ha ido"
Cientos de operativos municipales, estatales, federales y conjuntos no han terminado con la violencia en Ciudad Juárez. No han vencido a ninguna de las organizaciones criminales ni han puesto orden en los penales.
Cientos de operativos municipales, estatales, federales y conjuntos no han terminado con la violencia en Ciudad Juárez. No han vencido a ninguna de las organizaciones criminales ni han puesto orden en los penales, de modo que cuando se enfrentan dos grupos de reos en el penal, las consecuencias estallan en las calles… por eso, acerca de los ataques a civiles del jueves 11, el criminólogo Óscar Máynez dice que la violencia nunca se fue de la ciudad.
CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).– La ciudadanía juarense revivió la angustia por la violencia de 2009 y 2010, cuando el pasado jueves 11 uno de los grupos delictivos que operan en la región cometió crímenes a discreción y se fue contra la población civil con una furia que no se veía desde aquellos años.
Ese día 11 personas fueron asesinadas y 14 heridas, la mayoría víctimas inocentes, como dos mujeres que se encontraban en una tienda y cuatro trabajadores de radio que hacían una transmisión en vivo.
Sin embargo, se sospecha que el asesinato de dos hombres en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 tiene relación con esa ola violenta.
Desde el gobierno estatal de César Duarte, el denominado Grupo Sonora controla ese y otros penales (Proceso 2051). Uno de sus principales impulsores fue Eduardo Guerrero, entonces fiscal de Ejecución de Penas, luego jefe de penales federales en el gobierno de Enrique Peña Nieto y posteriormente asesor “internacional” en seguridad penitenciaria de Jaime Rodríguez Calderón cuando éste gobernó Nuevo León.
En septiembre de 2021 un juez giró orden de aprehensión contra Guerrero por el presunto desvío millonario de dinero a empresas fantasma ligadas con el caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.
Sobre los actos delictivos del jueves 11 en Ciudad Juárez, las autoridades detuvieron a nueve hombres como presuntos responsables, pero ninguno fue imputado por los homicidios. Uno de los detenidos fue hospitalizado, entró en coma y murió el 16 de agosto.
Los imputados que fueron presentados ante un juez de control en la ciudad de Chihuahua alegaron ante el tribunal que fueron torturados por policías municipales.
El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Eduardo Sáenz, informó que el viernes 19 iniciaron una queja de oficio con base en las denuncias, documentadas por medios locales, para investigar la muerte de William Serafín López Padilla o Francisco Alejandro Medina Arellano.
La jornada violenta en ese “jueves negro” empezó alrededor de las 13:00 horas, con una reyerta entre grupos delictivos dentro del Cereso 3, durante la hora de visita. Los familiares de los internos salieron asustados y exigieron a las autoridades que aclararan lo que sucedía y si los internos estaban bien. Esa tarde murieron dos presos y cuatro resultaron heridos.
Más tarde, corporaciones estatales y federales ingresaron al penal para contener la riña entre los grupos Mexicles y Chapos, según informaron las autoridades federales.
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, rehusó dar información durante su conferencia mañanera de los lunes porque considera irresponsable “desnudar” lo que sucedió en el Cereso, pues sería “alebrestar” más la situación e indicó que le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar los hechos del 11 de agosto.
El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, también se ha negado a decir los nombres de los grupos delictivos involucrados porque, dice, “es como darles publicidad”.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que las autoridades estatales rechazaron la ayuda del Ejército para contener la riña, actitud que consideró extraña y advirtió que se investigará qué sucedió en el Cereso.
El subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que la jornada violenta se debió a un problema local entre grupos criminales muy arraigados en esa frontera, pues siempre que hay un conflicto en penales, hay reacciones afuera. En este caso, los Mexicles irrumpieron en el área del penal donde ocurrió la riña y posteriormente agredieron a grupos civiles en las calles.
Las prisiones del estado de Chihuahua están a cargo de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas, que depende de la FGE, y desde el gobierno de César Duarte los controla el Grupo Sonora.
Durante el gobiern*o de Javier Corral Jurado, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel dio a conocer que no hubo detenidos ni investigaciones abiertas por el funcionamiento de los penales durante esa administración. El mismo grupo continuó al mando.
En medio del fuego
López Obrador reconoció que en Ciudad Juárez lo más grave es que atacaron a personas inocentes. Coincide Mejía Berdeja, quien señaló que las acciones criminales en esa ciudad fueron peores porque atacaron a la población civil.
El criminólogo juarense Óscar Máynez Grijalva puntualiza que hasta ahora sólo hay especulaciones sobre el móvil de la violencia del jueves 11: si un grupo pretendió ocupar el territorio del cártel local, si se intentó presionar a la autoridad federal para que irrumpa en Juárez e inhiba la operación de uno de los cárteles, o si la detonó un presunto traslado de un reo importante o peligroso.
El criminólogo indica que en Ciudad Juárez hay momentos en que la sociedad normaliza la violencia, “pero esta vez se salió de los patrones porque agredieron a personas inocentes. Generalmente hay infinidad de cadáveres; como mecanismo de defensa se racionaliza que están involucrados, pero ahora hubo cajeros, un niño, periodistas, que no tenían nada que ver.
“Hace 13 o 14 meses Juárez vivió un estado de sitio. La sociedad juarense es muy resiliente, baja la violencia y sale de nuevo a ganarse la vida. El problema es que no hay estado de derecho”.
Para Máynez Grijalva, los grupos criminales que generaron violencia en varios estados casi de manera simultánea intentaron presionar a la autoridad para hacer o dejar de hacer algo, aunque supone que se trata de grupos delictivos que operan en cada entidad y al parecer los ataques ocurrieron por conflictos locales.
“Obviamente en Guanajuato, Jalisco, Baja California, son cuestiones locales, tal vez internas de grupos, pero en el fondo el hecho es que el Estado no ejerce el monopolio de la violencia que debería ejercer. En Juárez la violencia no se ha ido, hay períodos que toma cauce y luego se normaliza.
“En Ciudad Juárez, la información sobre la exigencia de estos grupos la debería tener la Mesa de Seguridad, donde participan representantes de todos los niveles, para conocer las causas reales (…) No tenemos autoridades o estructuras de seguridad que estén al nivel de las necesidades de la ciudad. Debería haber una presencia constante de las autoridades federales porque ni el estado ni el municipio tienen capacidad para confrontar al crimen organizado. Hay mucha infiltración del crimen organizado en ese tipo de instituciones. Se requiere una estrategia federal y no sólo que la Guardia Nacional dé paseos por las calles para inhibir, porque es sólo un rato, se va y todo continúa igual”.
Recordó cuando llegaron los militares y la Policía Federal entre 2008 y 2010 fue cuando se incrementó la violencia en Ciudad Juárez, por lo que además de una estrategia se requiere limpiar las corporaciones.
El gobierno federal tiene desplegados por este año 6 mil elementos en la ciudad: mil de la Fuerza de Tarea Conjunta México, 300 de tarea regional, 4 mil 865 militares y 796 de la Guardia Nacional, de acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública federal.
Las víctimas
Los reos asesinados en el Cereso 3 el jueves 11 fueron Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas.
En la tienda Bip Bip los sicarios asesinaron a María del Refugio Gómez Ramírez, de 54 años, y Zaira Janet de Santiago Castro, de 18.
José Manuel Balderas Ruiz, de 54 años, fue ultimado en la avenida Teófilo Borunda y bulevar Óscar Flores. Afuera de la pizzería Little Caesars dispararon contra el locutor de Mega Radio para Switch 105.9, Allan González Escobar, junto con el gerente de operaciones Armando Guerrero; Lino Flores, del área de promociones, y un escolta identificado como Manuel Alejandro Arriaga.
También mataron a Cristian Omar Zúñiga Morales, de 13 años. Una persona más murió después de permanecer en un hospital por lesiones de arma de fuego. Además, 14 personas resultaron heridas en el incendio de por lo menos cuatro tiendas y varios vehículos.
El domingo 14 la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez aprehendió a nueve presuntos responsables de los actos violentos del día 11, pero dos fueron liberados por falta de pruebas.
El jueves siguiente fue vinculado a proceso Jorge Antonio C. B. por su presunta participación en el incendio de un camión en la calle Rivera de Delicias, colonia Riveras del Bravo, y por atentar contra la vida de una persona el jueves 11.
Se le acusa de arrojar botellas en llamas a un camión estacionado y por atentar contra su encargado, quien intentó apagar el fuego pero el presunto delincuente le arrojó una botella incendiaria.
Cinco de los detenidos enfrentarían la audiencia de vinculación a proceso este viernes por atacar a policías municipales con armas de fuego cuando los perseguían para detenerlos. Los imputados son Manuel Alfredo L.G., Jorge Adrián V.L, Ezequiel A.C, Víctor Hugo L.T. y José Antonio L.E., acusados también de daños a vehículos oficiales.
El otro detenido, William Serafín L P. o Francisco Alejandro M.A., no fue presentado ante el juez porque tuvo que ser internado en un hospital por lesiones.
En la audiencia de formulación de la imputación contra los cinco detenidos (causa penal 25444/2022), quienes presuntamente atacaron a los agentes municipales y al secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez que encabezó el operativo, Omar Muñoz Morales, denunciaron que fueron torturados.
Según los imputados, los policías los golpearon con tablas, les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, los amarraron y les quemaron los genitales para que se declararan culpables.
Muñoz Morales, en entrevista con Proceso, aclara que el detenido fallecido en el hospital brincó bardas como los demás y disparó contra los agentes, por lo que ahí se lesionó. Niega que incurrieran en tortura y dijo que la investigación estará en manos de la FGE.
En una página de Facebook a nombre de Arturo Delgadillo (https://www.facebook.com/profile.php?id=100084741485424), que fue creada recientemente, se denunció que William Serafín L.P. o Francisco Alejandro M.A. fue golpeado fuertemente y lo dejaron en coma:
“Cómo puede ser posible que exista un gobierno que permitan este tipo de atrocidades, con el afán de entregar una buena noticia y decir que ya encontraron los culpables de los lamentables hechos que ocurrieron en Ciudad Juárez, tomando a cualquier persona que en su momento no pudo identificarse legalmente y forzarlo a aceptar los delitos recientes con tortura al grado de dejarlo en coma y actualmente se encuentra en un estado de salud grave. Y todavía tienen el cinismo de presentarlo ante el juez como si estuviera bien y solo presentar evidencias que según ellos tienen”.
En el mismo perfil se presentan fotografías aparentemente de esa persona en el hospital y una más, presuntamente de cuando fue detenida. Por esta versión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio el viernes 19.
