Michoacán
Michoacán: Los arrestados, adversarios del CJNG
Policías de Michoacán, la Guardia Nacional y militares presentaron la detención de 167 personas como un golpe al crimen organizado. Pero se trata de miembros de Pueblos Unidos, presuntamente formado por trabajadores aguacateros para defenderse de las extorsiones de narcos como los del CJNG.
Con el argumento de que “en Michoacán no hay autodefensas”, como dice el gobernador Alfredo Ramírez, policías estatales, la Guardia Nacional y militares presentaron la detención de 167 personas como un golpe al crimen organizado. Pero se trata de miembros de Pueblos Unidos, presuntamente formado por trabajadores aguacateros para defenderse de las extorsiones de narcos como los del CJNG, y aunque han realizado bloqueos y portan armas, a decir del sacerdote Gregorio López no son ni de lejos un cártel.
MORELIA, Mich. (Proceso).- En esta entidad, donde según autoridades opera una decena de cárteles del narcotráfico, el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla anunció como un “histórico golpe a la delincuencia” la detención de 167 integrantes del grupo de autodefensas Pueblos Unidos, al que identificó como otra rama del crimen organizado, aunque la organización surgió y se aferra a su identidad como una agrupación para frenar la extorsión y otros delitos, principalmente contra aguacateros en la región.
La captura del numeroso grupo –incluidos tres menores– fue realizada el sábado 13 en el municipio de Uruapan, durante una acción conjunta de la Guardia Nacional (GN), el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
El general José Alfredo Ortega Reyes, titular de la SSP, dice a Proceso que los miembros de Pueblos Unidos, a quienes se les aseguraron 233 armas, casi 20 mil cartuchos y 25 vehículos, fueron sorprendidos cuando se dirigían en convoy a la localidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro, donde presumiblemente atacarían a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la que habían tenido la víspera “una pequeña confrontación”.
En el operativo, coordinado por el propio general Ortega junto con los comandantes de las zonas militares 21, de Morelia, y 43, de Apatzingán, participaron más de 500 elementos, entre ellos 300 de la GN, 170 del Ejército y cerca de 50 de la Guardia Civil, perteneciente a la SSP del estado, a los que posteriormente se incorporaron refuerzos.
El sacerdote Gregorio López Gerónimo, conocido como El Padre Goyo, se muestra sorprendido de esa ofensiva contra Pueblos Unidos, un grupo de autodefensas formado por presuntos cortadores y productores de aguacate para defenderse del crimen organizado.
En entrevista, López Gerónimo, quien se ha caracterizado por su activismo a favor de las víctimas de la violencia, considera que el gobierno de Ramírez Bedolla se lanzó contra uno de los grupos armados menos dañinos socialmente:
“El concepto que tengo de los integrantes de Pueblos Unidos es que son los más débiles, los más nobles; son trabajadores aguacateros, es gente de bien que no está con ningún cártel; no los estoy defendiendo, yo nada más digo lo que sé y lo que veo: no extorsionan ni son secuestradores”.
De acuerdo con Ortega, entre los delitos que se les imputan a los detenidos se encuentran portación ilegal de arma prohibida y asociación delictuosa, en tanto que algunos miembros de Pueblos Unidos tienen también mandamientos judiciales o carpetas de investigación en las que se les identifica como “cabezas de alguna estructura, que han pertenecido o siguen perteneciendo a grupos y células delictivas, como el caso de Los Caballeros Templarios o algún otro”.
A juicio del funcionario, el hecho de que esos integrantes de una célula criminal sean también supuestos miembros de un grupo de autodefensas, a lo mejor indica que éste es “más bien es un membrete, un apéndice de la organización delictiva”.
Durante un acto en el municipio de Salvador Escalante, adonde presenció el domingo 14 el primer informe de la alcaldesa, Ramírez Bedolla hizo un reconocimiento a las corporaciones que participaron en la detención, sin disparos, “de 167 personas armadas que pretendían desestabilizar la región de Uruapan” y advirtió que “no habrá tolerancia con ninguna banda al margen de la ley”.
Al día siguiente, el mandatario declaró que en Michoacán “no existen grupos de autodefensas”, pues los que se reivindican como tales “son un brazo, un dedo o una mano de alguna banda de la delincuencia; no puede haber grupos de autodefensas, eso fue una falacia, eso fue una mentira”.
Gregorio López coincide en parte con la apreciación del mandatario estatal, en el sentido de que actualmente “muchas autodefensas están involucradas con el narcotráfico”, pues “se prostituyeron” desde hace años tras la intervención de Alfredo Castillo Cervantes, quien en el sexenio de Enrique Peña Nieto fungió como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán.
Sin embargo, El Padre Goyo considera que no se debe generalizar, porque “también hay autodefensas legítimas que no andan con ningún delincuente ni se venden con nadie”, y pone como ejemplo las de los municipios de Cherán y de Tancítaro, este último su tierra natal.
En el caso de Pueblos Unidos, organización formada hace casi dos años en los municipios Ario de Rosales, Taretán, Nuevo Urecho y Salvador Escalante, el sacerdote insiste en que no lo ve como “un grupo delincuencial” sino como “un grupo rebelde no sometido al gobierno, que también ha cometido ilícitos, como andar bloqueando carreteras, haciendo disturbios, quemando vehículos… cosas que no están bien, pero de qué se espantan, eso también lo hacen los estudiantes de Tiripetío y los maestros”.
Reconoce la posibilidad de que Pueblos Unidos reciba apoyo de algún narcotraficante, pero considera que aun así este grupo está muy lejos de ser un cártel, pues desde su punto de vista “una golondrina no hace verano”.
El Padre Goyo plantea que, así como el gobierno de Ramírez Bedolla actuó contra las autodefensas de Pueblos Unidos, lo haga también contra las demás organizaciones del crimen organizado, pues “si no lo hace quedará evidenciado que está trabajando a favor de un grupo del narcotráfico, a no ser que el gobernador me desmienta y detenga a todos los delincuentes”.
Aguacateros contra la extorsión
Pueblos Unidos se dio a conocer públicamente en abril de 2021, con la instalación de barricadas en la región aguacatera. Sus miembros se pronunciaron contra el secuestro y la extorsión a campesinos y productores, principalmente por parte de cárteles que les exigían el pago de hasta 50 mil pesos por hectárea sembrada de aguacate.
Desde entonces el gobierno de Silvano Aureoles empezó a manejar la versión de que este grupo de autodefensas podría ser impulsado por cárteles del narcotráfico en pugna con otros grupos, por lo que la SSP, entonces a cargo de Israel Patrón Reyes, ya consideraba que sus miembros podrían ser detenidos.
A finales de julio de 2021, Pueblos Unidos se expandió hacia el municipio de Pátzcuaro, mientras que en mayo de este año un convoy suyo intentó ingresar al municipio de Morelia, pero se replegó ante la presencia de la entonces Policía Michoacán.
Según López Gerónimo, en los últimos años la presencia del crimen organizado en diversas regiones del estado, particularmente Tierra Caliente, obligó a cerca de 10 mil familias a emigrar, sobre todo cuando se agudizaron los enfrentamientos de los llamados Cárteles Unidos contra el CJNG, que ha realizado varios intentos por tomar el control del territorio (Proceso 2342 y 2356).
Entre los grupos criminales detectados en Michoacán por las fiscalías estatal y de la República se encuentran el CJNG, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel del Camaleón, Cártel de Los Correa, Cártel de Zicuirán, Cártel de Los Reyes y Cártel de Tepalcatepec.
Al preguntarle si la detención de los grupos de autodefensas dejará desprotegidas a las comunidades, Ortega lo niega y señala que en los últimos meses se han recuperado espacios de paz, con el restablecimiento de la transitabilidad, sobre todo en municipios de la región de Tierra Caliente, como Tepalcatepec, Coalcomán, Aguililla y Ario de Rosales, donde se han instalado Bases de Operación Interinstitucional para que la población tenga confianza y transite libremente.
El titular de la SSP asegura que ya existen condiciones para el retorno de las familias desplazadas a sus lugares de origen, pues las instituciones del estado y de la federación garantizan la seguridad.
El Padre Goyo niega que existan condiciones para el regreso de los desplazados y asegura que las autoridades no recuperaron los territorios: “Lo que hicieron fue negociar el repliegue de los grupos del crimen organizado para que permitan el libre tránsito; pactaron con ellos, pero la delincuencia está más empoderada que nunca y en varios municipios mantiene el control de la economía mediante el acaparamiento de productos y el manejo de los precios”.
–¿Es una tranquilidad aparente? –se le pregunta.
–Es una tranquilidad negociada, una pax narca –responde el sacerdote.
El sábado 13 por la tarde, tras el desarme de los 167 miembros de Pueblos Unidos, se realizó el traslado de los detenidos desde Uruapan hacia la capital del estado. En el camino, simpatizantes del grupo de autodefensas realizaron al menos seis bloqueos en la autopista Siglo XXI para tratar de impedir el paso del contingente en los puntos conocidos como Tiamba, Ajuno, Zirahuén, Col. San Rafael, Taretán y Zumpimito.
Ortega comenta que los manifestantes detenían camiones o autobuses, obligaban a los conductores a atravesarlos en la carretera, les quitaban las llaves y ahí los dejaban.
Explica: “Fuimos avanzando y a cada vehículo que encontrábamos en esa situación se le empujaba y se maniobraba para orillarlo; finalmente, alrededor de las 22:40 horas llegamos a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia, donde fueron puestos a disposición los asegurados”.
El miércoles 17 se realizó en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación la primera parte de la audiencia de control, en la que el juez determinó que la detención de los imputados fue legal, pero ante la solicitud de la defensa se duplicó el plazo constitucional para decidir si se les vincula a proceso, lo que se resolverá este domingo 21.
Mientras los detenidos comparecían ante el Poder Judicial, afuera de la sede decenas de sus familiares –la mayoría mujeres y niños– se manifestaron exigiendo su libertad, con el argumento de que son inocentes y tomaron las armas para realizar las labores de seguridad que no les garantizan las instituciones gubernamentales.
