Claudia Sheinbaum
En manos de Sheinbaum, un preso condenado a 113 años por un secuestro que no cometió
Hugo Martínez Gorostieta, repartidor y vendedor de la empresa Bimbo, fue detenido, secuestrado y torturado en 2008 por policías de investigación Mediante una aceitada red de corrupción fue sentenciado a 113 años de cárcel por el secuestro de dos personas… que él no cometió.
Hugo Martínez Gorostieta, repartidor y vendedor de la empresa Bimbo, fue detenido, secuestrado y torturado en 2008 por policías de investigación del entonces Distrito Federal. Mediante una aceitada red de corrupción fue sentenciado a 113 años de cárcel por el secuestro de dos personas… que él no cometió. Una oficina de la ONU sobre detenciones arbitrarias pidió al gobierno mexicano su liberación inmediata. Agotados todos los recursos legales, a Martínez sólo le queda ser indultado por la jefa de Gobierno.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En la tarde del martes 9, en instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), Silvia León Porcayo no desaprovechó para exponer el caso de su esposo, Hugo Martínez Gorostieta, ante funcionarios del gobierno federal y de la Ciudad de México, así como representantes del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Todos los funcionarios quedaron impactados con la explicación, paso a paso, de la manera con la cual su esposo fue detenido en octubre de 2008, por Policías de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes lo torturaron hasta ser sentenciado a 113 años de prisión por el secuestro de dos personas, con base en pruebas inverosímiles, avaladas por jueces y magistrados federales y locales.
La presencia de León Porcayo obedecía a un primer acercamiento con las autoridades, luego de que desde enero último el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (GTDA) emitió la Opinión 67/2021 –resolución que fue publicada el 7 de julio en el Diario Oficial de la Federación– en la cual determinó que la detención de Martínez Gorostieta resultó violatoria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que recomendó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ponerlo en “inmediata libertad”, reparar de manera integral el daño, investigar la tortura, detención arbitraria y la desaparición forzada temporal a la cual fue sometido, así como armonizar la legislación mexicana con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Acompañada de Víctor Alonso del Pozo Rodríguez, coordinador de Defensa Integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña a Hugo en el litigio, Silvia León distribuyó copias del expediente condenatorio y fue la voz de su esposo, quien seguía la reunión vía una plataforma digital desde su espacio de reclusión en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciara 1, en el Reclusorio Preventivo Norte.
“Al principio de la reunión me di cuenta de que los funcionarios no tenían mucha información del caso, pero cuando expliqué las tres pruebas que sostienen la sentencia de Hugo, y que era una gran injusticia lo que se ha hecho con él, sentí otro ambiente cuando escucharon el trasfondo de este caso”, dice León Porcayo en entrevista.
La conmoción de la narración fue tal que, al terminar, “todos estaban callados; y al término de la reunión me felicitaron, incluso Saraí Zúñiga, representante de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, me dijo que me admiraba por todo lo que he pasado, por esa lucha que he llevado durante los años que Hugo ha estado privado de su libertad”.
Las irregularidades en el proceso contra Martínez Gorostieta, de 49 años, fueron tales, que los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX la conminaron a interponer quejas contra los jueces y magistrados que llevaron su caso.
Mientras, de parte del director general de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Carlos Frausto, preguntó cuáles eran sus pretensiones económicas, para transmitirlas a sus superiores.
“A final de cuentas fue un avance el habernos visto, aunque haya sido después de tantos meses; pero debo reconocer que no hubo respuestas claras, porque yo les dije que ellos sabían que Hugo ya agotó todas las instancias en México y que sólo con la voluntad política de la jefa de Gobierno él podría recobrar su libertad; sin eso no hay indemnización que valga. La reparación del daño empieza por ahí”, puntualiza Silvia León.
Obstáculos
La petición de indulto para Hugo se sustenta en artículo 103 del Código Penal del Distrito Federal, que sigue vigente, y que señala: “El indulto extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso de instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, así como la reparación del daño. Es facultad discrecional del titular del Ejecutivo conceder el indulto”.
