No tenían los recursos suficientes ni hablaban el idioma local, pero aun así la madre y la hermana de Jéssica Astorga –asesinada por su pareja en Lyon– acudieron a Francia para hacerse cargo del cuerpo, los trámites, su traslado. Y lógicamente le pidieron ayuda a la cancillería mexicana y a la embajada. Nunca esperaron escuchar la respuesta oficial: “No podemos intervenir, no las podemos ayudar”.

Berlín/Bruselas (Proceso).— Aline Astorga relata que en agosto de 2018 pidió apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la embajada francesa en México: Jéssica, su hermana menor, de apenas 26 años, acababa de fallecer trágicamente en Lyon, Francia, y ella estaba completamente aturdida. Nunca se esperó escuchar una respuesta como la que obtuvo: “Nos dijeron en ambos casos que como los hechos ya habían ocurrido, no existía una emergencia y por tanto no nos podían ayudar”.

Aline y su madre Soledad llegaron a Lyon por su cuenta. Solas –sin hablar francés– se las arreglaron para encontrar un alojamiento y moverse en una ciudad desconocida para ellas.

Transcurrieron al menos cinco días antes de que el cónsul general en París, Édgar Cubero –hoy embajador en Grecia–, respondiera a las peticiones de asistencia de la familia Astorga con la contratación de un abogado, quien hasta entonces informó a Aline y a su madre que Jéssica no se había suicidado, como aseguró el marido, sino que él ya había confesado haberla asfixiado hasta la muerte.

La intervención consular, sin embargo, se llevó a cabo después de una cadena de tuits en los que Aline exhibió el desinterés por atenderlas del entonces embajador en Francia y actual representante permanente ante la ONU, Juan Manuel Gómez Robledo, al que etiquetaba en todos sus mensajes.

“Hubo cero apoyo (de las autoridades mexicanas)”, señala Aline, que aún se pregunta cómo fue posible que el cuerpo de su hermana haya permanecido una semana en la cámara funeraria sin que nadie del personal diplomático mexicano se ocupara de él.

Consultado para esta investigación, el consulado en París aseguró por correo electrónico que la familia Astorga recibió “todo el apoyo previsto por la legislación mexicana correspondiente, en estrecha coordinación con la entonces Dirección General de Protección a Mexicanos de la SRE”. Lo que no aclaró es que ese apoyo era en realidad un préstamo al que, mediante firma de por medio, comprometían a la hermana de Jéssica a pagar.

La joven asegura que durante más de un año recibió llamadas constantes de la SRE para que liquidara el adeudo de unos 40 mil pesos por el costo de repatriación de los restos de Jéssica. Ella comenta que aceptó pagar esa cantidad en su momento porque, de negarse, el embajador le advirtió que no tendría ese servicio funerario. La deuda fue finalmente condonada.

El de Astorga no fue el primer caso de falta de apoyo consular frente al feminicidio de una connacional en Europa. Ya lo habían sufrido meses antes los familiares de Berenice Osorio, apuñalada mortalmente por su pareja el 9 de enero de 2018 en un pueblo de Bélgica.

Aunque ahora la madre de Berenice, María de Viana, sólo expresa agradecimiento a las autoridades consulares en Bélgica, los primeros días posteriores al asesinato de su hija la actitud de la familia era otra.

Once días después del asesinato de la mexicana de 32 años, una carta de la familia –compartida en la plataforma de peticiones Change.org– denunció que la embajada en Bélgica –que encabezaba el priista Eloy Cantú Segovia– no informó del crimen a los padres de la víctima hasta tres días después de que fue cometido.

“Nuestra familia –refiere además el documento– ha acudido con diversas autoridades para lograr apoyo y orientación, sin que hasta el momento hayamos recibido (algún) apoyo, comunicación (o) asesoría de parte de la embajada de México en Bélgica, de la embajada de Bélgica en México ni de la SRE.”

Cristina Córdova de Viana, prima de Berenice, en esa fecha declaró a diversos medios que, en sus reuniones en México, los funcionarios de la SRE le habían advertido a la familia que no contara con el gobierno para cubrir gastos de repatriación o de abogados (Apro, 30 de enero de 2018).

Fue tras la presión mediática y en redes sociales que la embajada comenzó a brindar ayuda y liberó un presupuesto de asistencia de 10 mil dólares que permitió el viaje a Bélgica de los padres de Berenice, el traslado de la víctima a México y la asesoría legal en relación con la custodia de sus dos pequeñas hijas, que las autoridades belgas entregaron a los hermanos del asesino.

En principio, las representaciones consulares mexicanas están acotadas para ofrecer ayuda directa no sólo en casos mortales de violencia conyugal, sino en cualquiera de ellos (pago de abogados, acompañamiento en procesos legales, traducción de documentos, vigilancia o protección personal o cualquier contribución económica).

El consulado en París explica en un correo electrónico que estas oficinas no cuentan “con facultades para intervenir ni representar a las y los connacionales en asuntos judiciales de carácter privado”. Su función se limita a “orientar” y “proporcionar información a nivel general” para que las mexicanas afectadas levanten una denuncia en la policía o encuentren por ellas mismas asistencia jurídica o un refugio para mujeres maltratadas a través de organismos y asociaciones del país en el que viven.

Sin embargo, el cónsul en Bélgica, Luis Ferrer, precisa en entrevista que el protocolo de la SRE permite analizar “caso por caso” y otorgar apoyo hasta económico cuando en opinión de la sección consular y de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior un caso lo amerita. En una emergencia, la decisión se toma en un plazo menor a 24 horas, dice el funcionario.

Pero la realidad varía a veces de la teoría. Víctimas consultadas para esta investigación refieren haberse topado con pared al acudir a los consulados que les corresponden con la expectativa de obtener un apoyo, para ellas decisivo y a veces urgente.

Un caso es el de Paola Rivas, que contactó al consulado de México en Berlín cuando la situación en su hogar se tornó insoportable.

Desde que llegó a vivir a Münster –en febrero de 2016– la mexicana comenzó a sufrir maltrato psicológico de parte de su esposo. A ello se sumó la violencia física a partir de una fecha que no olvida: el día del padre en aquel país.

Desesperada y en situación económica precaria, Paola tenía la esperanza de que el consulado mexicano le asesorara para llegar a un abogado que pudiera ayudarle a pelear por sus derechos y los de su hija en un complicado proceso de divorcio.

Pero del consulado de Berlín la enviaron al de Frankfurt y, allá, un funcionario de protección a connacionales le dijo que esa institución no disponía de tal servicio legal ni de fondos para apoyarla en costearse uno.

Finalmente Paola logró conseguir a través de un grupo en Facebook de mexicanos en Alemania una abogada que la ha sacado adelante; sin embargo, aún se siente decepcionada con aquella respuesta del consulado, ya que considera que éste no cumplió su deber de auxiliar a una mexicana en situación de violencia conyugal.

El de Paola se suma a otros casos similares –y en otros países europeos– que encontró esta investigación.

En España, Nohemí Torres solicitó a la embajada que la ayudara a salir del país con sus hijos porque su marido –español– se había vuelto muy violento y peligroso (tiempo después la intentó matar y por ello purgó años de cárcel).

Esa petición de auxilio ocurrió hace unos 20 años, pero la respuesta fue la misma: “No podemos intervenir”.  

Este texto fue publicado en el número 2388 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 7 de agosto de 2022.