Atentados terroristas
Condena histórica por los atentados de 2015: Abrazos, sonrisas y algunos llantos entre las víctimas
Por primera vez en muchos años los sobrevivientes y familiares de las víctimas pudieron respirar con tranquilidad e incluso sonreír: la Corte Penal Especial que juzgó a 20 de los autores de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París emitió sus sentencias el pasado 29 de junio.Por primera vez en muchos años los sobrevivientes y familiares de las víctimas pudieron respirar con tranquilidad e incluso sonreír: la Corte Penal Especial que juzgó a 20 de los autores de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París emitió sus sentencias el pasado 29 de junio. Seis de los acusados –sólo uno de ellos presente– fueron condenados a cadena perpetua, la máxima condena prevista por el Código Penal francés desde que se suprimió la pena capital.
PARÍS (Proceso).–Sobrevivientes del peor ataque terrorista sufrido por Francia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y familiares de los fallecidos se aprietan unos contra otros en largos bancos de madera. No cabe un alfiler en los espacios reservados a los abogados y a la prensa. Tiesos en sus jaulas de vidrio antibalas, 11 acusados, brazos cruzados y rostros herméticos, aguardan. Otros tres, que comparecen libres, intentan mantenerse erguidos… sin lograrlo del todo. Un espeso silencio envuelve la inmensa sala de audiencias.
Es el pasado 29 de junio, último día del juicio por los atentados que tres comandos del Estado Islámico cometieron el 13 de noviembre de 2015 afuera del Estadio de Francia, en una sala de conciertos y en terrazas de cafés y restaurantes parisinos, con saldo de 130 muertos y centenares de heridos.
Son las ocho y media de la noche.
Jean-Louis Périès, presidente de la Corte Penal Especial que juzga a 20 acusados –seis en ausencia–, implicados en distintos grados en estos crímenes, se apresta a leer el veredicto de la Corte.
La tensión es total.
Iniciado el 8 de septiembre de 2021, interrumpido por el covid-19 que afectó a varios de los acusados, suspendido durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y numerosos días feriados, este juicio único en los anales de la justicia gala se prolongó 10 meses.
Resuena la voz del presidente, con tono solemne: “Al final de 148 días de audiencia, durante los que se escucharon los testimonios de 415 demandantes, los alegatos de 189 abogados que los representan y de 30 abogados de la Corte…”.
Périès desgrana los nombres de los acusados y las penas que la Corte dictaminó en su contra. El silencio es cada vez más compacto.
Diecinueve de los 20 inculpados son declarados culpables de pertenecer a “una asociación de malhechores con fines terroristas”, pero sus condenas varían según su grado de responsabilidad en los atentados.
La Corte condena a reclusión perpetua irreductible –pena máxima prevista por el Código Penal francés y muy raramente dictada– a seis acusados, cinco de los cuales, supuestamente muertos en Siria o Irak, fueron juzgados en rebeldía (en ausencia).
El sexto es el franco-belga Salah Abdeslam, único miembro todavía vivo de los comandos terroristas y cuyo hermano mayor, Brahim, activó su cinturón de explosivos en el último café atacado el 13 de noviembre de 2015.
También Bruselas
Abdeslam transportó en auto a los tres atacantes que se hicieron estallar en el Estadio de Francia. Luego, según contó durante su último interrogatorio, el pasado 13 de abril, se dirigió al distrito 18 de París con la misión de detonarse también en un café. No lo hizo. Abandonó el vehícu-lo. Huyó en Metro. Se perdió en un suburbio. Echó su cinturón de explosivos en un contenedor de basura –éste fue encontrado casualmente 10 días después de los atentados– y acabó llamando por teléfono a un amigo que, junto con otro compañero, vino a rescatarlo en coche desde Bruselas y lo llevó a Bélgica la mañana del 14 de noviembre.
Durante la instrucción de su caso, Abdeslam había alegado una deficiencia de su cinturón explosivo. El 13 de abril cambió la versión:
“Entré al café”, dijo. “Era más bien pequeño y con mucha gente. Pedí algo de beber. Miré a la gente que me rodeaba y me dije que no lo iba a hacer. Había gente joven, muy joven. Los vi bailar, reírse. Renuncié por humanidad. No por miedo. No quería matarlos.”
Pero no convenció a la Corte, que tiene pruebas de que el cinturón efectivamente estaba defectuoso. No convenció a casi nadie, en realidad, a pesar de las disculpas que ofreció a las víctimas y de los brillantes alegatos de sus dos abogados.
Abdeslam, que cumplirá 33 años en septiembre, pasará el resto de su vida en una celda de nueve metros cuadrados, aislado de los demás presos, vigilado las 24 horas por dos cámaras. Pero antes será enjuiciado en Bruselas por su participación en los preparativos de los atentados perpetrados el 22 de abril de 2016 en el Metro y en el aeropuerto de la capital belga. El juicio empezará el próximo 10 de octubre.
Amigo de la infancia de Abdeslam y muy activo en la célula terrorista responsable de los ataques de París y Bruselas, Mohamed Abrini recibe una pena de 30 años, pero sujeta a revisión tras cumplir 22 de cárcel. Su atenuante es haber renunciado a integrar uno de los tres comandos que actuaron en París. Lo hizo la víspera de los ataques y se apuró a volver a Bruselas en taxi la noche del 12 de noviembre.
Al igual que Abdeslam, será juzgado en Bélgica, en su caso por su participación directa en el atentado del aeropuerto de Bruselas, donde fue videograbado flanqueado por dos kamikazes y empujando un carrito de equipaje poco tiempo antes de las mortíferas explosiones.
Sentencias
De igual forma, la Corte Penal Especial condenó a 30 años de prisión, revisables después de 22, a Osama Krayem, sueco; Sofien Ayari, tunecino; Mohamed Bakkali y Ahmed Dahmani, belgas, por ser elementos de primer orden de la célula terrorista (Dahmani cumple una sentencia de 10 años de cárcel en Turquía, por lo que no compareció en París); y a 18 años de cárcel al paquistaní Muhamad Usman y al argelino Adel Haddadi, quienes integrarían un cuarto comando de ataque en París pero fueron detenidos en Austria. La Corte los considera a ambos coautores de los crímenes de la célula terrorista.
El francés Ali el Hadad Asufi fue condenado a 10 años de prisión por haber suministrado armas a los terroristas; y a ocho años a los belgo-marroquíes Mohamed Amri y Yassin Atar, el primero por haber “rescatado” a Abdeslam en París en la noche del 13 al 14 de noviembre, y el segundo por haberlo ayudado a escapar de la persecución policial en Bruselas antes de ser detenido el 18 de marzo de 2016.
El belga Hamza Attou, el francés Ali Oulkadi y el belgo-marroquí Abdelah Chouaa, quienes comparecieron sin estar en prisión salieron libres del tribunal. Condenados los dos primeros a dos años de cárcel y el tercero a un año por su ayuda a Abdeslam, cumplieron sus penas durante su detención preventiva.
Se levanta el presidente. Sale del tribunal seguido por los cinco magistrados de la Corte. Los abogados de la defensa se precipitan hacia las jaulas de los acusados. La misma amarga gravedad tensa los rostros de Abdeslam, Abrini y sus defensores.
No se percibe euforia en la Sala de Audiencias, que se vacía, ni en los amplios pasillos del Palacio de Justicia en los que abogados, víctimas y periodistas no se resignan a separarse después de tantos meses de convivencia.
Hay abrazos, sonrisas, algunos llantos y sobre todo discusiones animadas sobre el fallo. Predominan una emoción digna y un alivio compartido.
Vidas recuperadas
Jean Pierre D. y Cécile D., dos treintañeros “milagrosamente rescatados” de la sala de conciertos Bataclan, donde murió uno de sus amigos, siguieron gran parte de las audiencias desde su casa gracias a una web-radio especialmente concebida para los demandantes imposibilitados o no deseosos de acudir a la Corte Penal Especial.
La pareja sólo “se atrevió” a asistir en vivo a las últimas audiencias. Llegaron tensos y ensimismados al Palacio de Justicia a principios de junio. Media hora después de haber oído el fallo lucen casi irreconocibles.
“Nos sentimos en estado de ingravidez”, reconocen asombrados por esa impresión de ligereza que llevaban casi siete años añorando. No dicen más.
Una semana más tarde Jean-Pierre escribe por correo electrónico a la corresponsal que por fin pueden describir lo que viven.
“En la noche del 29 de junio presentimos que estábamos alcanzando otro nivel”, confía. “Platicar con otros supervivientes e inclusive con los inculpados que comparecían libres, escuchar la requisitoria implacable de la acusación, los alegatos de los abogados de la defensa y el veredicto que libera a quienes tienen que ser liberados y condena a quienes deben serlo nos apaciguó. Se hizo justicia. Ahora empezamos a pensar en construir algo.”
El mismo sosiego que despeja el horizonte sin borrar heridas emana de numerosos testimonios publicados en la prensa francesa.
La Corte Penal Especial ofreció un tiempo excepcional de uso de la palabra a cada uno de los 415 demandantes que solicitaron testimoniar. Sus audiencias duraron cinco semanas a finales de 2021 y una semana y media más el pasado mayo. Algunas se prolongaron hasta las 22:00 horas.
Nadie salió indemne de ese tsunami de sufrimientos que se abatió sobre la sala de la Corte Penal Especial, se propagó de inmediato por todo el país debido a su amplísima cobertura por los medios de comunicación y las redes sociales y dio la medida real de la devastación causada por los terroristas.
Se llegó a hablar de “terapia colectiva de los supervivientes”, sin embargo la importancia que se otorgó a sus testimonios dista de reducirse a una dimensión curativa, aun si, indudablemente, la tiene.
Expresarse ante un tribunal penal especialmente constituido para juzgar crímenes terroristas, describir vivencias insostenibles en un marco institucional y tener la certeza de que serán valoradas por los magistrados de la Corte, poder encarar a los inculpados e inclusive dirigirse a ellos, todo eso permitió que tanto los demandantes que se atrevieron a hablar como los que se identificaron con ellos considerándolos sus voceros, se deshi-cieran de la etiqueta de “víctimas” para asumirse de nuevo como ciudadanos de pleno derecho que exigen justicia al tiempo que vuelven a adueñarse de sus vidas.
“En la terraza del café La Bonne Bière yo fui nada más un blanco para los terroristas”, dice Marie France P a la corresponsal. “Después de hablar ante la corte me sentí rehabilitada. Entendí que había dejado de ser lo que los atentados habían hecho de mí”.
Insiste Denis Sala, magistrado y presidente de la Asociación Francesa para la Historia de la Justicia, quien no se perdió un solo día del juicio: “En los años ochenta la emoción no tenía cabida en las audiencias de las cortes penales, pero paulatinamente se fue abriendo espacio. El cambio fue palpable en el juicio de los atentados contra el semanario Charlie Hebdo y el supermercado Kosher (Proceso 1994) y lo fue aún más en el de los atentados del 13 de noviembre (Proceso 2037). Eso significa que ya no se analiza el acto criminal exclusivamente a través del prisma de su autor, sino también desde la perspectiva de los daños sufridos por la víctima”.
Precisa: “Ciertamente, el objeto de un juicio penal no es acompañar a las víctimas en su proceso de duelo. Sin embargo, el juicio de los atentados del 13 de noviembre demostró que las víctimas y la opinión pública necesitaban que se diera ‘forma’ a estos acontecimientos fuera de lo común. Quizás el acto de juzgar sea también eso: dar sentido a lo que carece de sentido”.
Esa atención prestada al impacto emocional de los atentados preocupó profundamente a los abogados de la defensa.
Objeciones de la defensa
“Si en nombre de la emoción suscitada por estos crímenes se llega a condenar de igual forma al asesino, al cómplice de los preparativos, a quien alquiló coches y casas, se tendrá que admitir que el estado de derecho se derritió bajo el choque y se redujo a un decorado de cartón-piedra”, advirtió en su alegato Orly Rezlan, cuyo cliente, Mohamed Bakkali, fue condenado a 30 años de prisión revisables después de 22.
La pena de reclusión perpetua irreductible dictaminada contra Salah Abdeslam, si bien parece satisfacer a la mayoría de los demandantes y de los franceses, plantea sin embargo interrogantes.
Al igual que Olivia Ronen, defensora de Abdeslam, quien califica la sentencia de “condena a muerte lenta y tortuosa”, magistrados y juristas estiman que condenar a alguien a pasar el resto de su vida entre las cuatro paredes de una celda de aislamiento con la sola compañía de objetivos de cámaras de vigilancia dista de ser conforme con el respeto a los derechos humanos.
Ronen recuerda: “En 1981, después de la abolición de la pena capital, se advirtió que no se debía recurrir a cadena perpetua irreductible, porque no se podía ‘sustituir un suplicio por otro suplicio’. Pero ahora estamos en eso. Ciertamente, estos atentados fueron terriblemente crueles. Pero la justicia no debe ser cruel y no se honra acorralando a un vencido en la desesperación”.
En su requisitoria, Camille Hennetier, fiscal antiterrorista, una de los tres magistrados de la acusación de la Corte Penal Especial, anticipó el cuestionamiento. Antes de describir largamente el dilema que enfrentaba, citó a Voltaire: “Una vez que el fanatismo ha gangrenado un cerebro, la enfermedad se vuelve casi incurable. ¿Qué le contesta a un hombre que le dice que obedece a Dios y no a los hombres y que está seguro de merecer el paraíso si lo estrangula a usted?”. Y concluyó: “No nos hacemos ilusión alguna sobre todo ese tiempo pasado en la cárcel. Pero es la única respuesta judicial aceptable para proteger a la sociedad”.
La mayor oposición entre la Fiscalía Antiterrorista y la defensa radicó, en realidad, en su enfoque radicalmente distinto de los atentados y de sus protagonistas.
Después de cinco años de investigaciones intensivas, la parte acusadora llegó a la conclusión de que todos los inculpados debían considerarse iguales a los terroristas muertos en los ataques de un comando único dirigido desde Siria y Bélgica y que el objetivo de su operativo militar coordinado era golpear a la sociedad y sembrar terror. La Fiscalía Antiterrorista determinó, por lo tanto, que las terrazas, la sala de conciertos y el Estadio de Francia constituían una sola y misma escena del crimen y que todos los integrantes del comando, cualquiera que fuese su nivel de participación, eran coautores de los atentados y debían recibir penas máximas.
La defensa fustigó ese inédito concepto de escena única del crimen y de responsabilidad colectiva, buscó demostrar que cada inculpado era un caso singular y que parte de los acusados habían colaborado con los terroristas sin conocer el objetivo final.
Fue un debate jurídico arduo, casi filosófico y sumamente tenso.
La Corte Penal Especial ratificó en amplia medida la tesis de la Fiscalía Antiterrorista al dictaminar penas de un rigor extremo contra ocho de los 14 acusados, en particular contra dos yihadistas –Muhamed Usman y Adel Haddadi– que ni siquiera llegaron a Francia para perpetrar los atentados que les habían encomendado los líderes del Estado Islámico. Se mostró, en cambio, sensible a alegatos de la defensa para los otros seis acusados.
El 12 de julio Rémy Heitz, fiscal general de París, anunció que ninguno de los 20 acusados había apelado la decisión de la Corte Penal Especial, por lo que ésta adquirió carácter definitivo.