La ingeniera Alma Lilia Zamarripa Salazar viajó a principios de septiembre de 2021 a Acapulco para una cita de trabajo con un teniente de fragata de la Semar. Horas después apareció su cadáver y, según las indagatorias del padre de la víctima, los indicios apuntan al oficial de la marina, quien semanas después fue arrestado. Sin embargo, hasta ahora los jueces que llevan el caso han rechazado casi todas las pruebas presentadas por la defensa de Alma Lilia y temen que el inculpado salga libre, pues, dicen, soborna a personal del aparato judicial de Acapulco, donde se lleva el proceso.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Roberto Zamarripa suena resignado. Aunque tiene respuestas sobre el feminicidio cometido contra su hija Alma Lilia por un teniente de fragata de la Armada de México, está convencido de que perderá el caso y de que el oficial saldrá libre.

Zamarripa no tiene muchas esperanzas porque carece de recursos para defenderse, pagar abogados y hacerle frente al presunto responsable del crimen, quien sí tiene dinero y, según él, se ha dedicado a sobornar a jueces y agentes del Ministerio Público que conocen del caso.

El agraviado habla desde el teléfono móvil de Judith, otra de sus hijas, media hora después de haber sido recibido en las instalaciones centrales de la Secretaría de Marina (Semar) por el vicealmirante Ramiro Lobato Camacho, jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la secretaría.

Afuera, sobre la calle Heroica Escuela Naval Militar, alrededor de 30 personas, la mayoría mujeres de la organización No es Una, Somos Todas, cerraron durante la mañana del 24 de junio último el paso vehi­cular con lazos, pancartas y lonas en las que aparecen las fotos de Alma Lilia y el presunto responsable del asesinato, un joven teniente de fragata.

“Venimos aquí –dice el padre de Alma Lilia– a pedirle a la Marina que por lo menos deje de apoyar al teniente, deje de tenerlo como uno de sus proveedores, porque de ahí es de donde sigue sacando dinero para repartirlo y sobornar a jueces y a gente del aparato judicial de Acapulco”, donde está preso el oficial de la Marina desde octubre de 2021.

De acuerdo con lo que ha averiguado el padre de Alma Lilia, el teniente Alfonso Jesús “N” es presunto copropietario o socio de dos empresas constructoras que desde hace 10 u 11 años han hecho obras menores para la Marina y otras dependencias mediante licitaciones dudosas.

No sólo eso. El tiempo juega en contra de los abogados que ahora llevan el caso del asesinato de Alma Lilia. El sábado 2 de julio debió celebrarse una audiencia especial en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco de Juárez, Guerrero, donde está radicado el expediente.

La audiencia en el Juzgado de Control de Distrito era para revisar si el presunto responsable era acusado de feminicidio, pero se reagendó para el próximo martes 12, con la esperanza de que el juez de control reconsidere la situación de la víctima, decida ampliar una vez más el plazo para el cierre de instrucción y les dé oportunidad de aportar pruebas definitivas que permitan consolidar la acusación y evitar que el presunto responsable quede en libertad.

Las cuatro suspensiones de audiencia han sido solicitadas por la parte acusadora, no por los abogados del teniente.

Homicidio calificado o feminicidio

“No tenemos dinero para pagar abogados y sobornar jueces, como lo hace el asesino de mi hija, por eso, desgraciadamente, creo que vamos a perder el caso”, dice Roberto Zamarripa, un taxista que apenas tiene dinero para trasladarse desde Tlalnepantla hacia Acapulco para saber cómo va el proceso contra el teniente Alfonso.

Los actuales abogados de la familia Zamarripa Salazar trabajan a contrarreloj. El cierre de instrucción debió darse hace varios meses, pero el desastre investigativo y procesal en el que los anteriores abogados dejaron el caso desde el inicio, obligó a rehacer la estrategia para recomponer el desaseo con el que se dieron las cosas al comienzo.

De acuerdo con el expediente, el probable responsable del asesinato hizo sus primeras declaraciones como testigo, pero por el rumbo que tomaron las cosas terminó autoincriminándose sin que sus abogados, el agente del Ministerio Público (MP) y otros funcionarios le explicaran la situación y le dijeran que podía rehusarse a declarar para, precisamente, no autoincriminarse.

Estas circunstancias hicieron que el juez de la causa argumentara vicios y fallas en el proceso y con ello decretara que desde el inicio no prevaleció la presunción de inocencia en torno al acusado. Los primeros abogados de la familia Zamarripa Salazar promovieron amparos para que las declaraciones y las pruebas presentadas no fueran desechadas y se tomaran en cuenta, pero los amparos no prosperaron y el juez fue reduciendo el espacio de acción legal. La familia prescindió de los servicios de los abogados y contrató, como pudo, a otro litigante.

Ahora los nuevos abogados luchan por ganar tiempo y conseguir un nuevo aplazamiento de por lo menos dos meses, tiempo que les permitiría dar solidez a las acusaciones y hacer que el caso se siga por feminicidio y no por homicidio calificado. El Código Penal de Guerrero establece penas que van de 20 a 50 años de cárcel, en caso de homicidio calificado, y hasta 60 años si se trata de feminicidio.

El documento indica que Alma Lilia Zamarripa Salazar fue asesinada de un disparo en la frente durante un supuesto asalto. La víctima, de 30 años, era hermana intermedia de otras dos mujeres.

Oportunidad de trabajo

Alma Lilia, ingeniera civil egresada del Politécnico, vivía con su familia en Tlalnepantla, Estado de México, cuando supo de una oferta de trabajo en Acapulco, para lo cual tendría que viajar a principios de septiembre de 2021 al puerto, donde debía ver al teniente Alfonso.

El padre de Alma Lilia dice que le pidió mantenerse en comunicación con la familia para saber cómo iba con el trámite y cuándo planeaba regresar. Ella respondió que volvería pronto y prometió mantenerse en contacto; les dijo también que el 5 de septiembre tenía una cena con la gente del proyecto del parque Papagayo, en el puerto de Acapulco.

Alma Lilia les comentó a sus papás que regresaría al día siguiente, luego de revisar el proyecto con el ingeniero Alfonso. Pero no fue así. La misma noche del 5 de septiembre fue asesinada. La cena de negocios terminó en un intento de asalto o un robo no aclarado, en el que ella recibió al menos un disparo en la frente. Esa fue la versión que dio a las autoridades el teniente de fragata, quien se agachó al momento del disparo que acabó con la vida de ella, relata su padre.

Luego vinieron las horas amargas tras conocerse lo ocurrido en el puerto de Acapulco, la confirmación de hechos y el inicio de las investigaciones que involucraban a un oficial en activo de la Semar. Los peritajes, la indagatoria, siguieron su curso hasta que los datos y testimonios se convirtieron en contradicciones y en luego en versiones encontradas de lo explicado por el teniente Alfonso.

Las historias y detalles relatados por el oficial eran inconsistentes. Durante la cena se les pasaron los tragos, las cosas llegaron al momento en que él la mató y con sus amigos trataron de armar una historia que no resistió la revisión del agente del MP que recibió el caso; esto no tiene pies ni cabeza, concluyó. Roberto Zamarripa dice que el propio teniente terminó aceptando que él había matado a su hija y que arrojó el cuerpo fuera del auto.

Luego dijo que los habían asaltado, que tuvo miedo, que la dejó ahí, herida, porque iba a regresar con ayuda para ella. Pero el teniente –ingeniero naval– nunca pidió ayuda al destacamento de la Octava Zona Naval que está en Acapulco y tampoco a la policía o al 911 del puerto. Además, el asesinato ocurrió muy cerca de las instalaciones de la Cruz Roja, a la que nunca buscó para pedir auxilio.

En lugar de eso, el teniente fue a una tienda Oxxo y desde allí habló con sus amigos para decirles que, luego de haberse separado del grupo, él y Alma Lilia fueron asaltados y a ella le dispararon. El presunto responsable les dijo que estaba en shock y les pidió que se llevaran su auto a otro lugar, que lo recogieran en el Oxxo, que él prefería irse a la Ciudad de México porque estaba muy asustado.

Alfonso se fue del puerto, pero el MP de Acapulco interrogó a los amigos del marino y estos negaron que estuviera en shock, dijeron que nunca condujeron su auto; aseguraron incluso que lo vieron limpiarse manchas que parecían de sangre y no detectaron evidencias o huellas o rastros de que se hubiera producido un disparo de arma de fuego de afuera hacia adentro del coche.

Con esos elementos el MP pidió una orden de aprehensión y la ayuda de la Marina, porque el teniente se había ido a la Ciudad de México. Alfonso fue detenido en instalaciones de la Semar. La dependencia emitió un comunicado en el que exponía: “La Secretaría de Marina-Armada de México informa a la opinión pública sobre el caso de un elemento de esta institución, quien desde el 3 de octubre de 2021 se encuentra vinculado a proceso en el estado de Guerrero por el presunto delito de homicidio calificado.

“En este contexto y ante la manifestación que hicieron hoy familiares de la víctima en el edificio sede de esta Secretaría, se informa que personal de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de esta institución, atendió a citadas personas, quienes reclaman transparencia de las autoridades encargadas de impartir justicia en el proceso legal del citado elemento.

“Cabe señalar que desde que esta institución tuvo conocimiento del hecho mostró cooperación con las autoridades competentes, quienes una vez habiendo reunido las pruebas correspondientes, giraron una orden de aprehensión contra dicho elemento, que fue ejecutada en la fecha señalada en las instalaciones de la Secretaría de Marina, brindando esta institución todas las facilidades para tal fin.”

La Marina agregó: “En éste y en todos los casos en que personal naval sea probable responsable de actividades tipificadas como delito, actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor, contundencia y transparencia a la ciudadanía; poniéndolos a disposición de las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia en México”.

Presunto y proveedor

El día de la marcha-protesta de la familia y amigos de Alma Lilia Zamarripa frente a la puerta 1 de la Semar, entregaron al vicealmirante Lobato un pliego petitorio en el cual sintetizaban sus exigencias:

“PLIEGO PETITORIO

“A las autoridades en general pedimos justicia para el caso del feminicidio de Alma Lilia Zamarripa Salazar, en Acapulco, debido a negligencias y omisiones por parte de ministerios públicos.

“Pedimos a las autoridades de la Secretaría de Marina que por favor no protejan a un asesino o corrupto en proceso de investigación, bajo el argumento de que ‘un asesino no puede ser proveedor’, destituyendo en sus licitaciones y/o contratos de su persona o sociedades a las que pertenece.

“Solicitamos encarecidamente a las autoridades de Acapulco involucradas en el proceso del caso de feminicidio de Alma Lilia, que no se presten a actos de corrupción y de cohecho, según información que se ha filtrado.”

Todo mal

Para el padre de Alma Lilia, lo que en un principio fue un trabajo sensato y coherente de las autoridades judiciales de Acapulco, de tal forma que en unos días permitió la captura del teniente de fragata como presunto responsable del crimen, se tradujo luego en una cadena de corruptelas en las que los jueces han rechazado casi todas las pruebas aportadas por la parte acusadora para que el oficial de la Marina no sólo sea acusado del asesinato, sino que éste se tipifique como feminicidio.

En tanto, la Semar ha confirmado que el oficial no ha sido dado de baja, que esta parte del proceso sigue su curso, pero con un derrotero diferente ya que el supuesto autor del crimen ahora es investigado por la propia Armada de México por los posibles delitos de corrupción y fraude contra la institución, de la que habría sido proveedor de servicios desde hace varios años, a través de dos empresas: Constructora Eléctrica y Mecánica CEMSA, SA de CV, y Constructora Sada, SA de CV, señala Roberto Zamarripa, padre de Alma Lilia.

La primera de las empresas está relativamente cerca del cuartel general de la Armada de México, en el sur de la Ciudad de México, en Canal de Miramontes 3688, de acuerdo con su portal de internet. En esa dirección se ubica una casa particular con planta baja y un piso, y de hecho se trata de dos domicilios adyacentes; el 3688-B y el 3688.

Entre las obras que señala haber realizado aparecen un canal pluvial y a cielo abierto, suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema de Bombeo Auxiliar, todo esto para la base aeronaval en Veracruz. 

Reportaje publicado el 10 de julio en la edición 2383 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.