CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Periodistas que encabezan o representan a organizaciones del gremio en varios estados ven el seguro anunciado por el gobierno de la 4T como una oportunidad de tener acceso a servicios médicos para un número importante de reporteros freelancers o que cuentan con sus propios medios, en su mayoría páginas digitales.

Sin embargo, otros advierten el riesgo de que se pretenda usar para controlar o influir en las líneas editoriales o, más allá, que las empresas periodísticas lo aprovechen para evadir sus obligaciones laborales.

Patricia Monreal, integrante del colectivo Ni Uno Más Michoacán, considera que con el programa, “el tema de los periodistas se sigue abordando como un asunto donde somos objeto de protección y no sujetos de derecho, lo cual es lamentable, porque ese derecho debería garantizarse generando mecanismos para que todas las empresas mediáticas asuman sus responsabilidades”.

Añade que con esta propuesta el Estado mexicano suplanta las obligaciones de los patrones, pues en lugar de propiciar que éstos cumplan sus deberes laborales, se genera una ruta libre para que evadan sus responsabilidades, a la vez que se pasa por alto el ejercicio de los derechos de los trabajadores de los medios.

Lo anterior “es muy riesgoso, porque ya lo hemos visto con otros programas federales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el gobierno asume el pago para que jóvenes becarios aprendan el oficio, pero muchos medios hacen uso de este esquema para evitar pagar salarios, y ahora se les da esta otra posibilidad”.  

A su juicio, para garantizar el acceso de periodistas por cuenta propia a la seguridad social “debe haber reglas claras y criterios transparentes, de manera que no se genere un champurrado como ahora; eso debe estar previsto con lineamientos legales específicos que impidan un manoseo o uso faccioso de lo que es un derecho; tenemos que ver cómo ejercemos ese derecho, no cómo generamos estos pequeños flashazos de protección que finalmente acaban en el uso político”.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), Juan Ramón Negrete Jiménez, dice que ese programa “suena atractivo, pues beneficiará a muchos compañeros periodistas del país que no se encuentran inscritos en ningún sistema de seguridad social”.

Considera necesario que se den a conocer más detalles de la propuesta del presidente “para ver a quiénes se va a dar prioridad: a los que trabajan en empresas sin prestaciones, o a los freelances o a colegas que han creado sus propios portales para ganarse la vida ante el cierre de fuentes de empleo en los medios tradicionales”.

Negrete coincide en que existe el riesgo de que aumente el número de empresas mediáticas que incumplen su obligación hacia sus trabajadores, como ocurrió hace casi dos décadas cuando el gobierno de Colima inscribió gratuitamente a los periodistas sin seguridad social en el Seguro Médico Popular (SMP).

En aquella época Negrete era coordinador general del Club de Reporteros de Colima y recuerda los casos de tres propietarios de medios de comunicación que lo contactaron para pedirle gestionar la inscripción de toda su plantilla laboral en el SMP a fin de dejar de pagar la prestación.

Plantea que un buen complemento del programa podría ser una inspección permanente a las empresas de comunicación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el IMSS para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales.

“Tenemos que exigirles que hagan su labor, porque desafortunadamente en muchos casos se ha caído en un contubernio entre las autoridades y los empresarios de los medios, lo que permite a estos últimos escamotear las prestaciones a los trabajadores”, puntualiza.

En Nuevo León, el presidente de la Asociación de Periodistas, Francisco Zúñiga Esquivel, afirma que el programa anunciado cubre sólo una parte de la deuda que el Estado mexicano tiene con los comunicadores, a los que ha menospreciado y atacado durante años.

“Queremos pensar que este es sólo el primer paso de la reivindicación que necesitamos los periodistas. El sistema, el gobierno, el país tiene una deuda histórica con los periodistas, la gente de a pie, los que hacen la nota, pues en los últimos años se ha vilipendiado y se ha emprendido una campaña de agresiones contra los medios de comunicación, basándose en que había acuerdos y ciertas complicidades, pero esto no le correspondía a los periodistas, que no dejaban de ser empleados”, señala.

El reportero de Multimedios Televisión estima que a nivel estatal hay unos 100 periodistas que trabajan de manera independiente, con sus propios medios impresos o electrónicos, o subcontratados. Éstos se suman a los 200 inscritos en la asociación civil que lidera. Señala, en un cálculo conservador, que en la entidad hay unos 500 trabajadores relacionados con el periodismo.

Con 38 años de experiencia, Zúñiga Esquivel menciona que la propuesta que presentó el presidente es buena, aunque insuficiente, pues una de las principales preocupaciones de los periodistas es el futuro posterior al retiro.

“Es cuando el periodista llega al final de su carrera sin seguridad social que le permita, ya no digamos una pensión, algo que les de seguridad para sus últimos años. Es bueno el servicio médico, pero hay que ir más allá, aún cuando le cueste al periodista. No es una dádiva para que el periodista esté contento, es crear un sistema de seguridad social integral para la gente que trabaja en el ámbito periodístico”, señala, y propone un esquema para el acceso a vivienda.

Beneplácito, dudas… y riesgos

“Aquí (en México) nos callan matando” y “los mismos gobiernos son los que nos están callando”, de ahí que el gremio periodístico se haya unido para exigir sus derechos, afirma el dirigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), Alejandro Gómez Castellanos, quien atribuye el programa de seguros a la intención gubernamental de revertir esa mala imagen.

Lo que intriga al también director del portal Pulso Político de Oaxaca es por qué hasta hoy, después de tres años, el presidente lo da a conocer cuando hay una agresión permanente contra periodistas y a otros colegas casi los ha boletinado.

La APO, que acaba de cumplir 44 años, “cuenta con 60 o 70 socios, la mayoría con trayectoria y una edad avanzada, en la cual ciertas acciones ya no les da para cubrir ciertos gastos en cuanto a lo médico y económico. Esto es un buen apoyo para ese tipo de compañeros que hoy ya son independientes, ya no trabajan para ciertas empresas”.

Además, hay periodistas jóvenes que no están en esa base de datos del INEGI y requieren de seguridad social, comenta. Cita el caso del periodista Felipe Sánchez, quien fue corresponsal de Excélsior durante décadas y falleció por falta de servicio médico.

Para la fundadora del Colectivo de Periodistas Artesanal y Cultural (Copac), Silvia Chavela Rivas, este programa presidencial es muy significativo para sus 10 integrantes, ya que la mayoría carece de seguridad social.

Explica que al fundar el colectivo hace cuatro años “el objetivo era tener un centro de reunión e intercambiar la actividad periodística, y expender productos que nos ayudaran a tener recursos extras, de una manera transparente.

“Y como no hay mucho trabajo y necesitamos ingresos, nos juntamos varios colegas y cada fin de semana se montaba un mercadito orgánico con artesanías, gastronomía, se hacían talleres y círculos de la lectura, asimismo, se hicieron tequios (trabajo comunitario) a favor de la ecología en un pequeño parque… La pandemia nos vino a romper todo porque ya se venía trabajando de manera constante y se tuvo que parar.”

Otro golpe fue la muerte del fotoperiodista Ezequiel Leyva, integrante de este colectivo, quien padecía de una enfermedad crónico-degenerativa y falleció por no tener seguridad médica.

La presidenta del colectivo, Virginia Ávila Moreno, explica: “Echamos manos de una obra (fotografía), pero no la pudimos vender cuando se necesitaba para medicamentos”.

José Luis Castillejos Ambrocio, presidente de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C., considera que el programa es una propuesta alentadora para unos 6 mil comunicadores que -desempeñan el ejercicio periodístico desde la orfandad en materia de seguridad social, beneficio que les es negado por muchas empresas que incumplen sus obligaciones en esa materia.

No obstante, añade, la posición oficial es paradójica, pues por un lado se acosa a algunos periodistas y empresas que no son afines a los intereses presidenciales, y del otro se les da un paliativo en momentos en que la prensa está arrinconada bajo el letal clima de riesgo por el crimen organizado.

Sobre los criterios y los beneficios para las condiciones del gremio, el periodista chiapaneco (excorresponsal de las agencias Reuters, Associated Press y Notimex) dice que aún no hay una definición. Los mismos responsables de implementar este programa no lo han explicado al 100%.

Se desconoce aún qué criterio se aplicará en las regiones del país donde los riesgos laborales de los periodistas son mayores, como ocurre en los enclaves del narcotráfico.

Sobre la integración del consejo consultivo, “todos son personas con altas credenciales que estoy seguro sabrán apoyar a este gremio, uno de los más abandonados del país”, dice Castillejos.

La Red Puebla de Periodistas demandó que se transparenten los mecanismos y criterios que el gobierno federal utilizará para inscribir a los periodistas independientes en su programa.

“En la propuesta que presentó el gobierno federal se establece la creación de un comité que definirá los criterios en cuestión, por lo que es necesario conocer con base en qué se definirán esos criterios y cuáles serán éstos”, advierte Patricia Méndez, vocera de la organización.

La agrupación plantea que esto sería fundamental para evitar discrecionalidad en la selección de los periodistas independientes e impedir que el programa se convierta en una forma de control de su línea editorial.

(Con información de Pedro Zamora, Luciano Campos, Pedro Matías, Isaín Mandujano y Gabriela Hernández).

Reportaje publicado el 12 de junio en la edición 2380 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.