El mexicano Carlos Ruiz Massieu Aguirre, jefe de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia, asume una posición complaciente con el gobierno de Iván Duque ante las fallas en la implementación de los Acuerdos de Paz y los asesinatos de exguerrilleros y dirigentes sociales. Su actitud es contraria al objetivo de la misión que dirige: acompañar en calidad de tercera parte el aterrizaje de los acuerdos firmados por el gobierno y las FARC. En los hechos, mantiene una especie de “alianza política” con la administración de Duque que pone en riesgo la imparcialidad de esta instancia de Naciones Unidas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A casi cinco años de su arranque en septiembre de 2017, la actividad de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia permanece alejada de las discusiones públicas.

Pese a la relevancia de su función en el seguimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz y no obstante la intensificación de los debates políticos que acompañan la encrucijada de las elecciones presidenciales de 2022, nada se escucha en los medios nacionales colombianos acerca de la evaluación de la acción de la ONU durante la compleja y fundamental etapa del “posconflicto” en este país.

El silencio que permea la actividad de la organización es respaldado por la estrategia de comunicación adoptada por el jefe de la misión, el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu Aguirre. Desde su puesta en el cargo en diciembre de 2018, Ruiz Massieu ha elegido mantener modalidades comunicativas escuetas y complacientes a las posiciones gubernativas.

En efecto, a pesar de las duraderas tensiones entre Iván Duque y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –cuyos informes denuncian periódicamente las fallas en la implementación de los acuerdos y las violencias sistémicas en contra de los líderes sociales–, la relación de colaboración entre el gobierno colombiano y los altos dirigentes de la Misión de Verificación de la misma ONU ha asumido la apariencia de una alianza política. 

Ahora bien, la cercanía entre Iván Duque y los altos mandos de la misión había sido evidenciada hace más de un año en una investigación de la periodista Claudia Julieta Duque, donde fuentes internas a la ONU señalaban la proximidad a la esfera política del uribismo de Carlos Ruiz Massieu.

Nombrado en diciembre 2018 como nuevo jefe de la misión de la ONU, pocos meses después de la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, Carlos Ruiz Massieu reemplazó en su cargo al diplomático francés Jean Arnault. Como lo evidencia un detallado estudio del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cedipo) –organismo dedicado al estudio e investigación de asuntos socioeconómicos y políticos– acerca de la implementación de los acuerdos, con el cambio de liderazgo la misión “ha matizado el tono de los pronunciamientos y se ha hecho más diplomática a la hora de emitir críticas frente al gobierno colombiano”. 

Frente a la actitud más crítica y problematizadora de Jean Arnault, Carlos Ruiz Massieu suele proponer, en sus declaraciones públicas a nombre de la organización, su apoyo al supuesto compromiso de Duque para la implementación de la paz.

En mayo de 2021 Ruiz Massieu declaró que “los logros hasta ahora alcanzados en la implementación de la paz han contribuido a reducir los indicadores de violencia a nivel general”. Esta afirmación se hizo en el contexto del asombroso crecimiento de los índices de asesinato de líderes sociales (de 91 homicidios en 2017 se llegó a 177 asesinatos en 2020, según los datos de Front Line Defenders) y de exguerrilleros reintegrados (de los 32 excombatientes asesinados en 2017 se pasó a un promedio de 72 homicidios por año entre 2018 y 2020, según la misma ONU). Datos que se complementan con el incremento de los asesinatos de defensores ambientales registrado por Global Witness (167 en 2018 y 212 en 2019), que ha llevado a Colombia al primer lugar a nivel mundial por esta clase de crímenes.

Estas estadísticas son todavía más significativas tomando en cuenta que los Acuerdos de Paz, firmados en La Habana en 2016, establecen como primeros puntos el desarrollo agrario integral para favorecer a las comunidades rurales y campesinas, y la participación política de los excombatientes.

Misión militarizada 

La ausencia de denuncias inequívocas por parte de la misión a los actuales fracasos en la implementación de los acuerdos de paz se acompaña de una postura parecida en relación con los acontecimientos del paro nacional de 2021. Aún en los momentos más críticos de la violencia policial durante el paro de abril y mayo de 2021, donde según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) al menos 46 personas fueron asesinadas a mano de la fuerza pública, Ruiz Massieu nunca llegó a condenar la actitud de la policía y de los grupos paramilitares activos en Cali, limitándose a hacer un “llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia” por medio de una nota oficial de la misión.

Durante las movilizaciones, la ONU fue llamada a ser mediadora para facilitar las negociaciones entre el gobierno colombiano y el comité del paro; un diálogo que no desembocó en ningún resultado concreto y tampoco fue reconocido por las bases populares que se habían manifestado en las calles.

Más allá de la dimensión comunicativa, este tipo de contigüidad entre el liderazgo de Ruiz Massieu y el gobierno de Duque pone inevitablemente en riesgo la imparcialidad operacional de la misión, convocada en Colombia en calidad de tercera parte entre el Estado colombiano y las FARC.

De hecho, al analizar la conformación de los equipos de la misión en el territorio, llama la atención la impactante cantidad de miembros del ejército, quienes siguen colaborando con los funcionarios de la misión. Contratados para facilitar las operaciones de entrega de armas durante la primera misión de la ONU en Colombia, concluida en 2017, desde entonces los militares siguen constituyendo un porcentaje relevante de los equipos de trabajo de campo.

La militarización de la misión aparece como una peculiaridad hoy poco explicable, en tanto el mandato de la segunda misión de la ONU es el de verificar la -reincorporación política, social y económica de los excombatientes, que sea garantizada su seguridad y que se apliquen las sanciones relacionadas con la Justicia Especial para la Paz. Se trata de una labor de acompañamiento y apoyo a las comunidades que requiere una formación específica y tiene muy poco en común con la capacitación que se le brinda al personal militar. De ahí que el gran número de miembros del ejército posibilite el riesgo de crear puentes de colaboración con las fuerzas policiales o parapoliciales locales, los cuales suelen generar desconfianza por parte de las comunidades rurales y falta de tutela en los procesos de reintegración de exguerrilleros.

“Vergonzoso silencio”

Algunas de estas problemáticas fueron señaladas en distintos reportajes publicados en medios colombianos e internacionales después del fallecimiento de Mario Paciolla, funcionario de la ONU hallado muerto en su casa en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 15 de julio de 2020. Más allá de las distintas hipótesis acerca de las causas de la muerte, el episodio sirvió de detonante para la agudización de grietas al interior de la misión de la ONU, llegando a desvelar las profundas inconformidades del italiano y de algunos colegas con la gestión vertical y ‘jerarquizada’ de la misión, y con el maltrato de sus funcionarios menos influyentes. 

A pesar del clamor internacional del acontecimiento y de las múltiples denuncias públicas acerca de la modalidad de actuación del jefe de seguridad del equipo de trabajo de la ONU en San Vicente, aún en aquella ocasión Ruiz Massieu optó por una estrategia de atrincheramiento comunicativo.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2380 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 12 de junio de 2022, cuya versión completa puedes adquirir en este enlace.