San Luis Potosí
San Luis Potosí: Anticorrupción simulada
La aprehensión de Mónica Rangel sería una oportunidad para mostrar que el combate a la corrupción en el estado va en serio. Pero organizaciones civiles y opositores señalan que se trata de una aplicación selectiva de la justicia que ni siquiera atiende todos los señalamientos en su contra.
La aprehensión de Mónica Rangel, quien bajo la bandera de Morena le disputó la gubernatura de San Luis Potosí a Ricardo Gallardo Cardona, sería una oportunidad para mostrar que el combate a la corrupción en el estado va en serio. Sin embargo, organizaciones civiles y opositores señalan que en realidad se trata de una aplicación selectiva de la justicia que ni siquiera atiende todos los señalamientos contra Rangel, mucho menos aquellos que se han hecho contra el gobernador y su padre.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP (Proceso).- La carrera de la doctora Mónica Rangel Martínez por la gubernatura de San Luis Potosí comenzó en 2019, mientras estaba al frente de los Servicios de Salud del Estado (SSE), precisamente cuando las irregularidades detectadas en la cuenta pública de esa dependencia se incrementaron 206 veces en relación con el año anterior.
Hoy la exfuncionaria está presa.
De 2016 a 2018 la Auditoría Superior del Estado le observó anomalías por 10 millones 223 mil 386 pesos, en tanto que sólo para 2019 registró 32 veces más observaciones por aplicación irregular de recursos: 330 millones 78 mil 959 pesos.
Pero su detención está cargada también de un fuerte tufo político.
La aprehensión de Rangel se dio a dos días de la jornada de votación por el proceso de revocación de mandato, cuando el PVEM, partido del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, presumió en un comunicado que “el gran promotor de la participación ciudadana en la consulta para la revocación de mandato fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante la inoperancia de Morena local” en el estado. La acusación imputada a la excandidata por Morena incluye los delitos de fraude, asociación delictuosa y uso indebido de la función, junto con tres involucrados más: dos representantes de una empresa regiomontana y una empleada de los SSE.
Fuentes que conocieron del proceso de integración de la carpeta de investigación mencionaron que el contrato por el que Rangel fue denunciada es por 32 millones de pesos, pero sólo se ha confirmado un faltante por 22 millones.
José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), adelantó en rueda de prensa que por esos delitos se “tiene una expectativa alrededor, dado el delito continuado, de aproximadamente 27 años de prisión; pudieran ser más, pudieran ser menos, de acuerdo con la clasificación que dé en su momento el juez de control”.
Fue la aprehensión del segundo integrante del gabinete legal del sexenio encabezado por el priista Juan Manuel Carreras López. El 11 de febrero fue detenido Jaime Pineda Arteaga, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de ejercicio abusivo, ejercicio ilícito de las funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.
En el caso de Rangel, el 10 de enero, tras enterarse de que la buscaban policías de investigación para detenerla, solicitó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, el 27/2022, cuyo trámite concluyó con la negativa de la suspensión definitiva y sobreseimiento el 1 de abril, notificado el 4, apenas ocho días antes de su aprehensión.
La excandidata y tres presuntos cómplices más se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva desde el pasado 13 de abril. El periodo para concluir la investigación complementaria vencerá el próximo 13 de julio.
Días antes de ser detenida, la extitular de los SSE había sido sometida a una operación por cáncer de mama, por lo que al día siguiente de su vinculación a proceso fue trasladada al Hospital del Niño y la Mujer, donde permaneció hasta la mañana del miércoles 20, antes de volver al reclusorio.
La ruta de la candidatura
Rangel Martínez inició con el sexenio de Carreras López (2015-2021) como titular de los Servicios de Salud. El 2020 fue el año de mayor promoción para la funcionaria; la llegada de la pandemia de covid-19 le permitió aparecer públicamente en las transmisiones de las ruedas de prensa diarias sobre la contingencia, con lo que logró una importante proyección de su imagen.
Ese año se cometió en los Servicios de Salud el presunto fraude por 22 millones de pesos por el que hoy está presa. La Auditoría Superior del Estado reportó en 2020 observaciones que ya sumaban 732 millones 807 mil 567 pesos.
Mientras tanto, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado en marzo de ese año, se transmitió su conferencia matutina desde la zona militar. Operadores de Carreras López buscaron que la entonces secretaria de Salud estuviera al frente junto al gobernador y el presidente; al no lograrlo, Rangel ocupó un lugar entre los reporteros. “Quieren comenzar a placearla”, comentó uno de los empleados de logística del gobierno estatal.
Ricardo Gallardo y Mónica Rangel Martínez se enfrentaron en las elecciones de junio de 2021 en un escenario enredado, hecho que se le atribuyó a la pésima operación del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien no pudo concretar la alianza PVEM-Morena que llevaría al primero como candidato.
El 10 de noviembre de 2020, mientras PRI, PAN, PRD y el partido local PCP registraron ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) la coalición Sí por San Luis, que modificó las posibilidades de la candidatura priista de Rangel Martínez, morenistas locales impedían registrar una coalición PT-PVEM-Morena para postular a Ricardo Gallardo Cardona.
Eso le permitió a Rangel Martínez ser la candidata de Morena y dio paso a maniobras de Mario Delgado para operar la postulación de Gallardo Cardona por la coalición PVEM-PT.
“El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, tiene una clara inclinación política y personal por la candidatura del diputado federal Ricardo Gallardo”, dijo la senadora Geovanna Bañuelos a operadores del PT en reunión del 30 de noviembre de 2021.
El bloqueo de la candidatura morenista le representó una afrenta a Gallardo Cardona. El 21 de diciembre de 2020, en entrevista con el periódico Pulso, expresó su molestia por no haber obtenido el respaldo del partido: “Quedo incluso mejor posicionado, con una oportunidad de que todavía me la deben, de que todavía puedo cobrar facturas”.
Luego de que Morena determinó que elegiría para San Luis Potosí una candidata por razones de equidad de género, el camino se abrió para que Carreras López impulsara a Rangel Martínez y ella fuera postulada el 10 de febrero de 2021.
Cuestionada como imposición de Carreras López y Mario Delgado para favorecer a Gallardo Cardona, Rangel Martínez enfrentó el rechazo de la militancia morenista al grado de no poder acudir al Ceepac para su registro o tener reuniones públicas con el dirigente nacional de su nuevo partido (Proceso 2317).
La entonces precandidata a la gubernatura Francisca Reséndiz Lara comentó que Mario Delgado “anduvo a salto de mata, como los delincuentes, igual que Mónica Rangel, que ni siquiera fue a registrarse, mandó a una senadora (al Ceepac) y la senadora le llevó los papeles a un restaurante, hasta ese grado andan los traidores de Morena”.
La campaña de Rangel por la gubernatura también fue cuestionada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por la presunta omisión de un informe de sus gastos de precampaña, similar a la situación que enfrentaron Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, pero la sanción no procedió.
Con un fuerte rechazo de la estructura del partido en el estado, Rangel Martínez enfrentó dificultades para convencer al electorado, a pesar de que confrontó directamente a Gallardo Cardona cuando se le comenzó a considerar puntero en la contienda.
El 28 de mayo de 2021, en el segundo debate de los candidatos por la gubernatura, la candidata morenista cuestionó los antecedentes presuntamente criminales de Gallardo Cardona, conocido como El Pollo, único candidato que no asistió a ese encuentro. Sobre todo, descalificó su lema de campaña: “Vivir sin miedo”.
“Para El Pollo vivir sin miedo es vivir con fuero para no regresar a la cárcel”, dijo esa noche Rangel Martínez, tras recordar el paso de Gallardo Cardona por cárceles federales de alta seguridad en Sonora y Guanajuato durante 2015.
También mencionó lo ocurrido el 11 de marzo de 2018, cuando López Obrador visitó la ciudad como candidato presidencial y se reunió con un grupo de empresarios, ante quienes calificó al clan de los Gallardo como “mafiosillos”.
Transcurrieron tres años y Ricardo Gallardo Cardona, ya en las filas del PVEM y con todo el respaldo de la estructura del gobierno federal, se convirtió en gobernador de San Luis y derrotó ampliamente a la extitular de los Servicios de Salud.
Cobro de facturas
Para el exdiputado Eduardo Martínez Benavente, la aprehensión de Rangel Martínez obedece más a motivos de orden político que de un combate real a la corrupción.
Considera que una muestra de lo limitado del presunto combate a la corrupción por parte del gobierno actual es que a Rangel “la han acusado públicamente de pecados mortales y finalmente le inician un proceso para sancionarla por un pecado venial.
“No buscan la devolución del dinero, si no ya le habrían congelado cuentas y habrían dispuesto de inmuebles de algunas de sus propiedades. Más bien la detienen, igual que a Pineda (exsecretario de Seguridad Pública), para acreditar que es real la herencia maldita de la que tanto habla”, dice.
Martínez Benavente critica que los compañeros de Rangel, exfuncionarios y el propio exgobernador Carreras López hayan dejado sola a quien fue su colaboradora y compañera en el gabinete estatal.
Otra muestra del parcial proceder en la rendición de cuentas del gobierno anterior radica en la propia FGE, que tiene pendientes de resolver denuncias contra Rangel Martínez promovidas a partir de 2020, tanto por las organizaciones civiles Ciudadanos Observando y Frente Ciudadano Anticorrupción, como por la Auditoría Superior del Estado.
Ciudadanos Observando, que ha denunciado desde 2020 irregularidades en los Servicios de Salud estatales (Proceso 2338), se pronunció por que el caso no se limite a la denuncia actual por el desvío de 22 millones de pesos.
“No es el único ni suficiente para procesar en su caso a la extitular de la Secretaria de Salud en el estado, sino que deberán las autoridades correspondientes sustanciar a plenitud no solamente esa carpeta, no limitarse a esas personas”, expuso la agrupación en un comunicado.
Además de las denuncias relacionadas con los SSE, en la FGE están pendientes de resolver una serie de denuncias presentadas por las mismas organizaciones civiles contra al menos 20 de los diputados que integraron la LXI Legislatura estatal.
El ayuntamiento 2018-2021 de San Luis Potosí, encabezado por Xavier Nava Palacios, presentó en 2019 cinco denuncias contra el exalcalde Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador Gallardo Cardona, por desvío de recursos por 438 millones 166 mil 281.05 pesos.
Todos son pendientes que dejó el exfiscal estatal Federico Garza Herrera, a quien el Frente Ciudadano Anticorrupción señaló como operador de la protección que Carreras López dio durante su sexenio a la “gallardía”.
“Ojalá que el propósito del gobernador Ricardo Gallardo sea el de abatir la corrupción, tanto de la administración anterior como la que él representa –dice Martínez Benavente–, eso sería un enorme logro.”
Ciudadanos Observando, por su parte, se pronunció por que la aprehensión de Rangel Martínez sea el inicio de la atención a observaciones y denuncias sobre las que Garza Herrera “omitió en esa y otras carpetas más, (para) judicializar y defender los intereses del Estado”.
