Los votos que permitieron mantener la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica del presidente abrieron la puerta a otro escenario de confrontación en distintas instancias. Esto complica la situación para los inversionistas que reclamarán en cortes internacionales, para el gobierno mexicano que deberá enfrentarlos en desventaja jurídica, para el Poder Judicial que deberá procesar cientos de amparos considerando los argumentos divididos de la SCJN y para la propia CFE, cuyo fortalecimiento depende del resultado de esos otros episodios.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una nueva etapa de las vencidas que libra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las multinacionales que invirtieron en la generación de electricidad, así como frente a las compañías y fondos creados a partir de 2008 al amparo de figuras de participación y asociación privada impulsadas por la administración de Felipe Calderón, tendrá lugar durante los próximos dos años para defender uno de los mercados más rentables y en pleno crecimiento en el continente.

El primer paso que dará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras la resolución de constitucionalidad de las reformas al sector eléctrico, es recuperar al menos la mitad de los clientes que reciben electricidad a través de generadores privados, que se fortalecieron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No será una batalla de fuerza sino de estrategia, técnica jurídica y hasta de negociación antes de llegar a las demandas millonarias en tribunales internacionales, luego de que el voto dividido de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió que el pleno del máximo tribunal de justicia del país declarara procedente la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), planteada por legisladores.

Mientras tanto, la iniciativa de reforma constitucional que se dictaminará en el Poder Legislativo caería, sin el apoyo contundente del PRI, en un escenario de confrontación partidista, lo que impediría su eventual aprobación. La reforma constitucional parece complicarse junto con los problemas en este sector.

La resolución de la SCJN se convierte en la principal carta en ambos bandos. Abogados advierten, sin embargo, que la más reciente determinación de la SCJN no termina con los problemas legales en este sector y que sólo es un paso más en esta confrontación, en el marco de la contrarreforma que impulsa el gobierno de López Obrador, y que comenzó con las decisiones administrativas ejecutadas desde la Secretaría de Energía para modificar compromisos para la compra de electricidad y su distribución.

Se refieren a la Política de Confiabilidad del sistema eléctrico que en febrero de 2021 sí fue declarada inconstitucional.

Ahora, según Presidencia de la República, los pronunciamientos establecidos por la Corte a favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por cada juez de distrito y por cada tribunal colegiado que tiene o tendrá a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. Incluso, durante los próximos días el presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido.  

Aunque el gobierno de López Obrador canta victoria, abogados afirman que en tribunales arbitrales internacionales, cuando una multinacional protegida por tratados de libre comercio demande la restitución de su inversión a plazos de hasta 25 años, la batalla estaría perdida como ha sucedido en Ecuador, Venezuela, España, Argentina y Colombia.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2371 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 10 de abril de 2022.