A pesar de que la estancia irregular en el país es una falta administrativa, las autoridades mexicanas tratan a los migrantes “como delincuentes”: los privan de la libertad durante periodos prolongados (en promedio 138 días), los incomunican y hacinan en espacios insalubres (con alto riesgo de contraer covid), los agreden física y verbalmente y les niegan la mínima protección jurídica. Una investigación de campo realizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla documentó los cotidianos abusos que agentes y funcionarios cometen en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala.

PUEBLA, Pue. (Proceso).- Contrario a convenios internacionales, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular –que incluso México promovió en 2018–, donde se señala que la detención de migrantes debe ser utilizada sólo como “último recurso”, las autoridades migratorias del país han puesto en práctica privaciones de la libertad generalizadas y masivas. 

Estas violaciones a derechos de personas en tránsito por el territorio mexicano fueron documentadas por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (­IDHIE) y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla en una investigación efectuada en campo, que dio lugar al informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala.

Los académicos corroboraron que, aunque transitar por México sin documentos migratorios no es un delito sino una falta administrativa, las autoridades mexicanas privan de su libertad por periodos prolongados a personas migrantes, las incomunican, las hacinan en espacios precarios, insalubres y con alto riesgo de contraer covid-19; además las someten a entornos “torturantes” que vulneran sus derechos humanos.

La investigación ubica esto como parte de la política de contención migratoria que el propio presidente de Andrés Manuel López Obrador reconoció el 7 de septiembre de 2021. Además, relaciona este endurecimiento de medidas con las presiones que llevó a cabo la administración Donald Trump desde 2018, y que siguen vigentes con el presidente Joe Biden, para que México disuada la movilización de centroamericanos hacia Estados Unidos. 

“Las vidas de esas personas se encuentran ‘en contención’ debido a que la política migratoria del Estado mexicano, de manera inequívoca durante la pandemia, se enfoca en controlar y contener flujos de personas en movilidades forzadas mediante la privación de la libertad con pocas certezas jurídicas, de manera prolongada, precaria y abusiva, o como parte de una estrategia de política disuasiva que desincentiva la protección internacional y que generalmente culmina en una expulsión de México”, resume el informe.

Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de Asuntos Migratorios del IDHIE, reclama a instituciones como las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, el Inmujeres, el DIF, los gobiernos estatal y local, que tengan un papel activo para intervenir ante las violaciones a derechos documentadas. También hizo un llamado a la comunidad universitaria y la sociedad civil para que no permitan que se invisibilice esta problemática.

“Seamos congruentes como sociedad y como país de emigrantes en el trato que damos a personas con gran necesidad, que están en México huyendo de situaciones muy complicadas”, plantea en entrevista con Proceso a propósito del informe.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2365 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de febrero de 2022.