Alejandro Gertz
Caso Cuevas-Morán, austeridad republicana, reforma eléctrica... Sesiones bajo la lupa
A partir del lunes 28 la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos del caso Cuevas-Morán –que involucra al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero– y las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sobre dos reformas legales medulares para la 4T.
A partir del lunes 28 la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos del caso Cuevas-Morán –que involucra al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero– y las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sobre dos reformas legales medulares para la 4T: la de la industria eléctrica y la de austeridad republicana. La actuación del máximo tribunal del país estará sometida a un severo escrutinio público debido a filtraciones y determinaciones que han sembrado la sospecha de su falta de independencia respecto del Ejecutivo federal.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A partir de esta semana la política energética del actual gobierno y la Ley Federal de Austeridad Republicana, que impone medidas restrictivas al gasto público, serán sometidas al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comenzará la revisión y el debate sobre dos controversias constitucionales y dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan dos de las principales reformas legales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la lista de asuntos que el pleno de la Suprema Corte va a discutir y votar a partir del lunes 28 de marzo, los 11 ministros tendrán que resolver primero los amparos presentados por Laura Morán Servín –excuñada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero–, y de la hija de ésta, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, ambas acusadas de homicidio en grado de omisión en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República, que falleció en septiembre de 2015.
El debate sobre los dos amparos en revisión –en los que es inminente la cancelación de los procesos penales iniciados contra ambas mujeres y la liberación inmediata de Alejandra Cuevas–, así como las siguientes sesiones del pleno de la Corte, estarán marcadas por la vigilancia a la independencia del máximo tribunal debido a una cadena de determinaciones y filtraciones que han puesto la lupa a la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial de la Federación.
La renuncia anticipada del ministro Eduardo Medina Mora, por presiones del gobierno federal que incluyeron la apertura de una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera debido a un presunto enriquecimiento ilícito, dio a la administración de López Obrador la oportunidad de proponer un ministro adicional de los tres que originalmente le correspondían en función de los tiempos previstos para que algunos de los ministros en funciones pasaran a situación de retiro, luego de 15 años de servicio.
De esta forma, la actual formación del pleno de la Corte tiene cuatro ministros que fueron designados por el Senado de la República, a propuesta de López Obrador.
Esos cuatro votos –que corresponden al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat y Loretta Ortiz Ahlf– impiden que el pleno de la Suprema Corte logre una mayoría calificada de ocho votos, requisito para declarar la inconstitucionalidad de una ley o reglamento que haya sido aprobada por el Congreso de la Unión.
Los votos de esos ministros estarán en la mira. Bastaría con que estos cuatro ministros se opongan a una declaratoria de inconstitucionalidad sobre una reforma legal, o para que sean desestimadas cualquier controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad que hayan presentado los órganos autónomos o minorías legislativas.
El efecto de desestimar las impugnaciones es que las normas y leyes federales permanezcan vigentes, por lo que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), en caso de que no se junten ocho votos para ser consideradas inconstitucionales, seguirán aplicando hasta que no sean derogadas o modificadas en sexenios posteriores.
Austeridad topada
A tres años de su aprobación, la primera reforma legal que el pleno de la Corte deberá examinar es la aprobación y expedición de la LFAR, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, cuyo proyecto de resolución no se había hecho público hasta el pasado viernes 25.
