Después de múltiples forcejeos que implicaron al Ejecutivo, el Legislativo, Hacienda y los órganos electorales federales, finalmente la Suprema Corte dio luz verde a la consulta de revocación de mandato. Atrás quedó el cúmulo de inconsistencias identificadas, que reflejan la manera atropellada como fueron recabadas las firmas de los solicitantes; pero lo que sigue no se aviene a lo que proponía el presidente López Obrador: por falta de fondos el INE sólo instalará 57 mil de las 161 mil casillas contempladas originalmente.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El proceso para realizar la primera consulta de revocación de mandato en la historia electoral de México, presenta inconsistencias, como el registro de personas muertas y menores, credenciales duplicadas o falsas, el intercambio de dádivas y el uso de padrones de programas sociales.

A pesar de eso, la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador se impuso. No sólo presionó desde la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda para reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE); también lo hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al fin, los consejeros electorales aprobaron la organización de ese inédito ejercicio en todo el país acorde a los tiempos establecidos y con un número de casillas menor a lo establecido en la Constitución.

Para Diego Valadés, extitular de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las inconsistencias identificadas por el INE reflejan la manera atropellada como fueron recabadas las firmas de los solicitantes.

Considera que la parte más negativa fue la insistencia vehemente de los partidarios y colaboradores del presidente: “Que quienes lo apoyan pidan que se convoque a la ciudadanía para removerlo. Este hecho –insiste– muestra lo que todos sabemos: que la revocación es sólo un acto escénico”, dice a Proceso.

Una muestra de las firmas recabadas para la consulta de revocación de mandato, revisadas por la reportera en una de las bodegas donde están resguardadas las cajas de las firmas, en el sur de la Ciudad de México, demuestra una constante que, aunque no está considerada por los lineamientos del INE como una inconsistencia que invalide la firma, evidencia una práctica vieja del sistema electoral mexicano.

Se trata de carpetas con fotocopias de credenciales de elector ingresadas como solicitudes ciudadanas para la organización de la consulta popular, con leyendas como “beca alimentaria”, “madre soltera”, “ampliación de vivienda”, “maíz”, “calentador solar”, “discapacidad” o “adulto mayor”.

Otras son fotocopias que incluyen credenciales de partidos como el PRD o el PVEM, sindicatos u organizaciones políticas; unas más incluyen leyendas como: “Puede apoyarme para el Programa de Educación Inicial”, o con indicaciones sobre cómo recoger a hijos, cual si se tratara de permisos escolares con una fotocopia del INE como requisito.

Incluso en la montaña de documentos se observó una fotocopia de los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social recibidos por una familia completa y una solicitud de apoyo al presidente municipal de Comalcalco, Tabasco.

Se trata de cajas de cartón almacenadas que contienen hojas con las firmas que fueron revisadas durante varias semanas por capturistas que trabajaron siete horas al día. Esas firmas sí fueron validadas por el órgano electoral para la solicitud de la revocación de mandato.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2361 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.