Colima

Federación de Levantamiento de Pesas, entre pugnas y traiciones

El presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado del Ángel, está bajo la lupa de las autoridades por obstaculizar la participación de entrenadoras y deportistas de Colima en torneos oficiales.
sábado, 19 de febrero de 2022 · 13:23

El presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado del Ángel, está bajo la lupa de las autoridades por obstaculizar la participación de entrenadoras y deportistas de Colima en torneos oficiales. Una de las denunciantes es Martha Isela Elizondo, expresidenta de la disciplina que fue sancionada y destituida por irregularidades en su gestión. El conflicto entre ambos data de hace 18 años y, desde entonces, ambas partes cruzan acusaciones que amenazan el avance de este deporte federado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), Rosalío Alvarado del Ángel, y personal del Instituto Colimense del Deporte (Incode) están denunciados por obstaculizar la participación de entrenadoras y deportistas de Colima en torneos oficiales que, a juicio de las denunciantes, frenan el desarrollo deportivo de la disciplina en el estado.

Los señalamientos se dirimen en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) y la Comisión de Derechos Humanos de Colima.

Esta última ya emitió seis recomendaciones que corresponden al expediente CDHEC/200/2018 por derechos vulnerados (derecho a la igualdad y no discriminación y derecho al trato digno) contra cuatro entrenadoras denunciantes: Martha Isela Elizondo, Diana Fabiola Castellón Cerda, María de Jesús Gómez Beltrán y Sandra Luz Gaytán.

La comisión confirmó que los agravios fueron causados en la competencia llamada “Etapa Estatal de la Olimpiada Nacional” –ahora Juegos Nacionales Conade– de Levantamiento de Pesas, realizada el 24 de febrero de 2018 en Colima, luego de que la FMLP y el Incode les negaron la participación alegando que no se encontraban certificadas a la fecha de la justa.

Entre las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos destaca que a las denunciantes se les brinde atención sicológica profesional y gratuita, se les entregue una compensación o, en su caso, se haga cargo de la reparación del daño moral que requieran en términos de la Ley de Protección de Víctimas del estado; se emita una disculpa pública, “con el fin de reconocer y restablecer la dignidad como víctimas de violación a los derechos humanos”, diseñar y realizar un programa integral de capacitación y formación dirigido al personal del Incode, y que el Instituto Colimense del Deporte informe y dé vista para inscribir a los atletas en el Registro Estatal de Víctimas.

Las recomendaciones, que constan en el oficio PRE/250/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, fueron turnadas al Centro de Justicia para las Mujeres del estado, instancia que en los próximos días decidirá si ratifica o no la decisión de la reparación del daño.

Origen del conflicto

La pugna en la FMLP data de hace 18 años entre la denunciante Martha Isela Elizondo, expresidenta de la propia federación de la disciplina, y su heredero al cargo, Alvarado del Ángel, cuando Elizondo en 2003 fue sancionada dos años por la Codeme y, en consecuencia, removida del cargo por extralimitarse en sus funciones.

También se determinó igual castigo para la vicepresidenta Diana Castellón Cerda. El informe de esta asociación civil detalló que ambas infringieron los estatutos del organismo y usaron indebidamente fondos y recursos de la propia federación.

La Codeme, que encabezaba Nelson Vargas, resolvió que, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto del organismo, Rosalío Alvarado, vicepresidente de dicha federación, realizara las funciones de presidente y además se encargaría de convocar a elecciones para que se ocuparan los cargos que quedaron vacantes en el consejo directivo de la FMLP.

Acusa traición

En entrevista, Martha Isela Elizondo relata que a partir de su “supuesta sanción”, Rosalío Alvarado “sabía que la inhabilitación no procedía porque fui acusada por un desfalco cometido en el año 2000, y yo fui electa en 2001. Le mandé un documento explicándole que la situación se podía arreglar con el ingreso de un recurso de revisión para que no me castigaran por algo que sucedió un año antes a mi gestión.

“La idea era que todos firmaran el documento de revisión. Sin embargo, formaron una Comisión Reorganizadora, hubo una asamblea extraordinaria en la que Nelson Vargas quiso destituirme. Así fue como Rosalío se sentó en la silla de la federación en lugar de hacer lo acordado.”

Desde entonces, Elizondo y Alvarado del Ángel caminan por sendas separadas. La entrenadora acusa que ya son 18 años de resistir el bloqueo del actual titular de la federación, a quien responsabiliza de “discriminación de género porque no me permite asistir a eventos, a partir de la supuesta sanción que me impuso la Codeme por dos años”.

El presidente de la FMLP acumula ocho denuncias, entre ellas, una por injerencia en las elecciones del presidente y del consejo directivo de la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima, sin haber considerado a los clubes oficiales de dicha entidad. Aún está pendiente la resolución del máximo tribunal de justicia deportiva.

Existen otras cinco apelaciones contra actos de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, entre otras causas, en agravio de clubes municipales en Colima, expediente CAAD-RA-85-2018, y en perjuicio a un deportista menor de edad en la etapa nacional 2021, realizada en Nuevo León (CAAD EXP. CAAD-RA-11/2021).

Otro recurso de apelación CAAD. EXP. CAAD-RA-33/2019 es relativo a la discriminación en la que se les prohibió la participación de las cuatro entrenadoras quejosas y sus deportistas, esta vez en Nuevo León.

El 27 de enero último, el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) notificó a Martha Isela Elizondo que el expediente fue turnado al Área de Responsabilidades para dictaminar la sanción que corresponda al servidor público Eduardo Grijalva Hernández, por tratarse de la persona que impidió la participación de las entrenadoras y sus deportistas.

Según la agraviada, este servidor público “recibió órdenes directas” de Rosalío Alvarado y del subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Óscar Arturo Juanz.

Sobre las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, el expediente 397/2020 fue enviado al Centro de Justicia de las Mujeres en Colima por discriminación de género, donde están involucrados Alvarado, además del presidente y secretario de la Asociación Estatal de Halterofilia de Colima, Ignacio Guanche y Luis Argentel, en ese orden.

Alvarado sumó otra querella ante la Fiscalía General de la República Escobedo II, en Nuevo León, donde se efectuó la ratificación de la denuncia por actos discriminatorios contra las cuatro entrenadoras y sus atletas en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, convocado por la Conade.

Hace seis años, Rosalío Alvarado fue acusado en la Procuraduría General de la República por fraude y usurpación de funciones del presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, como consta en la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XUD723/2016. Al momento, está pendiente la ampliación de la declaración de testigos, en la que ya fueron citadas a declarar las cuatro entrenadoras.

“Tengo pruebas, videos de cada hecho, y cuento con testigos”, dice Elizondo. “(Rosalío Alvarado) provocó todo esto desde hace 18 años”.

Deslinde

Rosalío Alvarado del Ángel rechaza los señalamientos de Martha Isela Elizondo: “Aquí no hay ninguna traición; la Asamblea nacional me nombró”.

El presidente de la FMLP explica que el caso contra Elizondo “está muy claro. La Codeme la sancionó, eso ya no es cosa mía. A ella le hicieron su juicio, se defendió y no comprobó, lo que derivó en la sanción”.

Asimismo rechaza la existencia de un bloqueo contra la expresidenta. “Cada asociación tiene la libertad de afiliar a todas las personas que tengan interés de estar en este deporte. No tenemos ninguna solicitud de ella, en el sentido de que se haya dirigido con nosotros para ser admitida en el seno de las pesas en México”.

–¿Usted se lava las manos?

–Sí, porque esto no es cosa mía.

“Nosotros no maltratamos a nadie. A nadie hacemos menos, como tampoco lo hemos hecho con Alan Miranda –el pesista independiente que se quejó contra el propio Rosalío después de que el comité organizador del Torneo del Pavo le cambiara la fecha de su participación–.”

A petición del instituto estatal, agrega el presidente de la federación de levantamiento de pesas, “las cuatro entrenadoras se presentaron a hacer la certificación por su propia voluntad y, de acuerdo con el instituto, de las cuatro que fueron nada más una pasó el examen. No sé por qué Martha Isela se paró y no entregó el examen. Ya más no podemos hacer. Si no están capacitadas, no es nuestra culpa”. 

Reportaje publicado en el número 2363 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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