Corredor Transístmico
Megaparques industriales, entre la incertidumbre jurídica y la violencia
El proyecto presidencial fue contundente: antes de que acabe el sexenio funcionarán 10 polos de desarrollo –megaparques industriales– en apoyo al Corredor Transístmico. Pero el empresariado local duda que se cumpla ese objetivo.
El proyecto presidencial fue contundente: antes de que acabe el sexenio funcionarán 10 polos de desarrollo –megaparques industriales– en apoyo al Corredor Transístmico. Pero el empresariado local duda que se cumpla ese objetivo: no hay ninguna certeza jurídica ni incentivos fiscales para los posibles inversores, no existe la infraestructura indispensable y lo peor, el crimen organizado domina grandes zonas de los terrenos implicados.
VERACRUZ, Ver (Proceso).– La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar a andar 10 polos de desarrollo dentro del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) antes de que concluya su sexenio será difícil de concretar frente a la inseguridad, así como la falta de certidumbre jurídica para inversionistas y de infraestructura en los terrenos adquiridos para este propósito.
La creación de estos polos de desarrollo –que serán megaparques industriales con inversión de empresas de diversos giros– funcionará como “cortina” para detener la migración, según ha dicho el presidente. Pero empresarios de la región que abarca el proyecto más bien expresan preocupación porque se carece de certeza legal sobre los beneficios fiscales para invertir y porque echar a andar los parques con todo el equipamiento del que ahora carecen implicará recursos millonarios.
Emmanuel Peña, líder de la Cámara de la Industria de la Transformación en la región sur del estado, considera al CIIT una visión acertada del presidente para dar equilibrio al desarrollo del país, pero que difícilmente se concretará antes de terminar su sexenio.
“Para nosotros este proyecto está dividido en dos etapas; la primera es el desarrollo de la plataforma logística de infraestructura de rehabilitación de los puertos, el ferrocarril y las vías de comunicación carretera y los derechos de vías para gasoductos, líneas eléctricas. Eso sin duda se va a concluir en este sexenio”, señala.
Pero ve con reservas el avance de los parques industriales.
–¿Qué falta? –se le pregunta.
–La seguridad jurídica para los empresarios. No existe una ley para dar certidumbre a los inversionistas de estos polos con reglas claras de los incentivos fiscales. Si no hay un marco jurídico, difícilmente los empresarios arriesgarán su inversión.
Aunque López Obrador anunció en diciembre pasado que ya hay un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para los incentivos fiscales, los empresarios cuestionan que en papel no existe nada concreto, ni leyes expedidas sobre el tema.
Miguel Rolón, quien fue coordinador para desarrollo de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos 2016 al 2018 del gobierno de Veracruz, explica que el gobierno debe garantizar varios servicios inexistentes en la región hasta ahora, como: “Infraestructura, carreteras, energía eléctrica, agua, gas natural, planta de tratamiento de aguas residuales, centro de población cercano para suministro de mano de obra, ciudad con calidad de vida, materias primas o mercado cercano, puerto para importación o exportaciones, entre otras”.
En su opinión, mientras no exista esa infraestructura en los polos o incentivos atractivos superiores a la zona franca del norte del país, será complicada la instalación de empresas en estos megaparques.
