Política Exterior
Se exhibe ante Perú la pobreza diplomática de la 4T
López Obrador ha relegado a la Cancillería y al servicio exterior mexicano a un segundo nivel y ha ejercido una "diplomacia presidencial", caracterizada por su "alto grado de politización" y por su "inconsistencia".
El “alto grado de politización” y la “inconsistencia” de la diplomacia encabezada personalmente por López Obrador –en perjuicio del servicio exterior de México– ya resultaron en la expulsión de Perú del embajador mexicano Pablo Monroy Conesa. La constante injerencia del presidente en su defensa a ultranza del exmandatario peruano Pedro Castillo, además, ha atropellado la Doctrina Estrada, que impedía a nuestro país reconocer o no a gobiernos extranjeros.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante los afanes del presidente Andrés Manuel López Obrador de ignorar los llamados del gobierno de Perú para que cese su “injerencia” en la crisis política de ese país, la presidenta Dina Boluarte decidió ordenar la expulsión del embajador Pablo Monroy Conesa, marcando un tropiezo en el andar tradicionalmente cauteloso de la diplomacia mexicana.
En el caso de la destitución de Pedro Castillo, producto de un intento fallido de disolver el Congreso e imponer un gobierno de excepción, López Obrador ha relegado a la Cancillería y al servicio exterior mexicano a un segundo nivel y ha ejercido una “diplomacia presidencial”, caracterizada por su “alto grado de politización” y por su “inconsistencia”, según la internacionalista Guadalupe González González.
La investigadora del Colegio de México observa, en entrevista con Proceso, que López Obrador ha adoptado posturas distintas en política exterior según la afinidad del gobierno –denunció las violaciones de derechos humanos en Perú pero guardó silencio ante los abusos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua– y ha tomado sus decisiones con base en sus conceptos de historia y política interior.
Según la lectura de López Obrador, Pedro Castillo fue víctima de un “golpe blando” urdido por las “élites políticas y económicas” de derecha, que utilizaron el Congreso para impedir que gobierne. Recientemente extendió sus críticas a Washing-ton, pues acusó al gobierno de Estados Unidos de avalar “toda la maniobra truculenta para destituir” a Castillo, de manera “completamente injerencista”.
Hasta el momento, ni el mandatario ni el canciller Marcelo Ebrard Casaubón se han pronunciado sobre el intento de Castillo de imponer un gobierno por decreto, intento que fracasó tras ser rechazado por las fuerzas armadas, la Policía Nacional y su propio gabinete, y desencadenó la destitución del expresidente y la toma de protesta de Boluarte, quien era su vicepresidenta.
En su conferencia matutina del miércoles 21, López Obrador reiteró que “no hay pruebas de que haya cometido un delito, no existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral”.
El académico Alfonso Sánchez Mugica opina que la decisión de López Obrador de “ignorar que Pedro Castillo estuvo fuera de los límites constitucionales” responde a un interés de política interior –envía un mensaje a su propia oposición– y a un deseo de acentuar la “alineación mexicana hacia los gobiernos de izquierda de América Latina”.
