Como consecuencia de un amparo a favor de Olimpia Montoya, —ciudadana que busca a su hermano Marco Antonio—, el Poder Judicial emplazó a la FGR y a otras cinco dependencias a ella adscritas a poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. A pesar de que la ley la obliga a crear estos instrumentos para enfrentar la crisis de desaparecidos y la crisis forense que padece el país, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero no sólo no admitió que fue omisa, sino que impugnó la decisión judicial, iniciando con ello un litigio contra los que debería proteger: las víctimas y sus familias.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Frente a un registro oficial hasta el 21 de diciembre de 109 mil 300 personas desaparecidas no localizadas –más de 38 mil 900 de ellas reportadas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador–, la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero ha decido litigar en contra de víctimas y sus familiares, al eludir su responsabilidad en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).

La FGR y otras cinco dependencias de esa institución fueron emplazadas por una sentencia del Poder Judicial de la Federación a poner en operación el BNDF y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RNPFNI), en un plazo no mayor de 40 días a partir de la notificación de una sentencia de amparo de octubre pasado, a favor de Olimpia Montoya Juárez, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido el 18 de marzo de 2017, en Celaya, Guanajuato.

Montoya se sumergió en un proceso judicial que se inició en agosto de 2021 con la presentación de un juicio de amparo, admitido en diciembre de ese año, en el que reclama a Gertz Manero, así como a los titulares de las fiscalías especializadas en Derechos Humanos (FEMDH), en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), de la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), todas de la FGR,  por la falta de creación del BNDF y el RNPFNI, como lo ordena la Ley Genera en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, vigente desde 2017, y que preveía la instrumentalización de esas herramientas en 2019.

Para la víctima, las omisiones de esas autoridades no sólo contravienen la Ley Genera en Materia de Desapariciones, sino que generan “una afectación a mi derecho a la verdad, a la justicia y a la legalidad y seguridad jurídica”, reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la Ley General de Víctimas (Proceso 2359).

Luego de que el 5 de octubre pasado el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, amparara a Montoya Juárez, la FGR y otras cinco autoridades emplazadas decidieron interponer sendos recursos de revisión entre el 25 y el 26 de octubre.

El 12 de diciembre, el Juzgado Décimo Primero en Materia Administrativa notificó a la víctima y a su representante legal, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que los recursos de revisión serían analizados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 578/2022.

Desde Guanajuato, Olimpia Montoya, quien forma parte del colectivo de familiares de desaparecidos Proyecto de Búsqueda, advierte en entrevista:

“Antes de que la sentencia saliera a nuestro favor, sabíamos que ellos (las autoridades) iban a tomar todas estas armas. Va a ser muy difícil que ellos reconozcan que efectivamente han incumplido en la construcción del BNDF y con ello han vulnerado no solo mis derechos, sino los de cientos de miles de víctimas que estamos en toda la República en esta lamentable situación.”

Reconocida por decenas de colectivos de búsqueda por su decisión de interpelar a las autoridades por su falta de construcción de herramientas tecnológicas para la localización de los miles de desaparecidos, Montoya está satisfecha de que, en la sentencia de amparo, el juez le dio la razón, pero al mismo tiempo lamenta que las autoridades de la FGR “realmente no tengan voluntad de trabajar para apoyar a tantas familias que estamos en esta situación y a que el rezago forense acabe”.

“Haciéndola de emoción”

Un estudio realizado por el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos calcula un rezago de al menos 52 mil personas fallecidas sin identificar que están siendo resguardadas por fiscalías, y cuyos datos forenses tendrían que formar parte del BNDF para ser cotejados con familiares de víctimas de desaparición.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2408 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.