CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aunque el combate a la corrupción se ha convertido en un estandarte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los estados de la República obtuvieron una calificación reprobatoria en la primera edición del Índice de Corrupción Estatal de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México), correspondiente al periodo 2018-2021.

La investigación se construyó a partir de la ponderación de los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las encuestas de victimización y percepción sobre seguridad y de calidad e impacto gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y sus censos de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario estatales. Además, se incorporó información otorgada vía transparencia por parte de los poderes judiciales locales.

Los resultados del corruptómetro, herramienta que integra información pública para calcular los niveles de corrupción política por entidad federativa, revelan que la prevalencia de este fenómeno se traduce en índices “altos” y “muy altos” en 31 estados del país.

Muestra de ello es el incremento de 17.3% en el número de delitos cometidos por servidores públicos locales durante los primeros tres años de la administración lopez­obradorista. En materia de faltas administrativas, el aumento fue de 149.8%.

El Estado de México obtuvo la peor evaluación del índice al sumar 85.7 de 100 puntos posibles. La entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo no sólo presenta la mayor incidencia de faltas administrativas a escala nacional, sino que además se posiciona como una de las 10 más altas en delitos de corrupción. En ambos rubros, la entidad registró tasas de impunidad por encima de 90%.

Los gobiernos que lo acompañan en la lista de los peores evaluados son Baja California (83.6), Ciudad de México (83.1), Baja California Sur (81.7), Aguascalientes (78.6), Chihuahua (76.0) y Jalisco (75.1), todos catalogados como estados con una prevalencia muy alta de corrupción.

En último lugar se encuentra Querétaro, con 44 puntos, convirtiéndose en la única entidad federativa clasificada dentro del rango de corrupción media. Esto demuestra con claridad que, contrario a disminuir o desaparecer, la corrupción en la administración pública se mantiene como uno de los principales problemas políticos y sociales de México. 

Gabriel López-Reyes, sociólogo especializado en temas de corrupción, destaca en entrevista que es necesario “realizar ejercicios de medición cuantitativa que demuestren los impactos reales de la problemática, más allá del discurso que intenta normalizar este tipo de conductas”.

El factor cultural es, según el experto, una de las principales causas de la alta incidencia de corrupción en México. Asegura que el ejercicio abusivo del poder no sólo se sigue tolerando, sino que incluso se aplaude y se premia en diferentes aspectos de la vida cotidiana.

Impunidad casi absoluta

Las cifras del corruptómetro advierten que de cada 100 delitos de corrupción cometidos en el ámbito nacional, sólo 1.35 concluyen en la sanción del funcionario responsable. Esto es, una impunidad penal promedio de 98.65%.

De manera excepcional, los estados de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí manifestaron no haber emitido una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos en el servicio público local en el periodo 2018-2021.

La ausencia casi absoluta de sanciones penales contra servidores públicos corruptos también se detectó en los gobiernos de Jalisco, Tabasco, Colima, Baja California, Chiapas, Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz y Estado de México, donde los indicadores de impunidad mantienen márgenes superiores a 99%.

Marlene Castañeda, maestra en administración pública y políticas sociales, afirma que “la corrupción en México es una problemática compleja que se ve atravesada por muchos factores sociales, lo que complica establecer una solución tan simple como la que proponen desde la administración federal”; agrega que “deben hacerse cambios profundos que eliminen de raíz este árbol tan podrido”.

A la alta impunidad penal debe sumarse la que existe en el rubro administrativo. Es decir, la omisión de los gobiernos de sancionar aquellos actos que, sin actualizar propiamente un hecho delincuencial, contravienen las funciones inherentes a la función pública.

Los datos recabados por el Índice de Corrupción Estatal 2018-2021 demuestran que a pesar del incremento en el número de investigaciones administrativas radicadas contra funcionarios públicos locales, las sanciones presentaron el comportamiento contrario. 

De poco más de 170 mil expedientes administrativos iniciados a nivel nacional, sólo 11.2% derivó en la determinación de responsabilidades. Tlaxcala se convirtió en la entidad con la mayor tasa de impunidad, al no reportar una sola resolución de este tipo, pese al alto número de denuncias. Le siguen Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California y Guerrero, con índices de punibilidad menores a 2%.

“Pagamos por trabajar”

“Esto es bien simple: si quieres que no te castiguen con tareas extras o te manden a zonas rojas, debes darle tu parte al jefe”, dice en entrevista un policía de la alcaldía capitalina Gustavo A. Madero, cuya identidad se mantiene oculta por su seguridad. El oficial asegura que los “moches” son parte del funcionamiento de toda unidad de vigilancia, y que ese dinero llega hasta funcionarios importantes de la Ciudad de México.

A las cuotas que da a sus jefes, relata, hay que añadir lo que paga para recibir el equipo de protección que usa en su trabajo. Del dinero también dependen las balas que le son otorgadas por cada turno, e incluso la asignación de su patrulla.

“Nos dicen que estamos para servir, pero eso nos cuesta. Pagamos por trabajar. Y luego, cuando se quieren buscar un “chivo” que pague algún caso que se hace público, lo sacan de nosotros, no de quienes sí se hacen ricos con ese dinero”, dice el entrevistado con un dejo de decepción.

La percepción ciudadana sobre la frecuencia e impacto de la corrupción en su estado fue tomada en cuenta para la elaboración del índice estatal de la ONEA. Una medición que se aleja un tanto del resto de los indicadores, pero que permite dimensionar el efecto que genera este problema a nivel social, económico y de seguridad a lo largo del país.

En el ámbito nacional, 8.6 de cada 10 personas considera que existe una frecuencia elevada de actos de corrupción en la entidad que habita y, aunque esa cifra varía en cada entidad, ningún gobierno local obtuvo una percepción menor a 50%. 

De hecho, en un periodo de dos años este indicador presentó una disminución marginal de sólo 0.8%, porcentaje que revela el profundo arraigo de esta problemática en la conciencia colectiva mexicana.

En esta materia, los gobiernos de Estado de México, Michoacán y Oaxaca registraron las peores evaluaciones de su ciudadanía, al sumar más de 90 puntos cada uno. Les siguen Tabasco y la Ciudad de México, con menos de una décima de diferencia, respectivamente.

Opacidad informativa

Aunado a la impunidad que abriga la corrupción se debe considerar la opacidad en la información pública respectiva. A diferencia de lo que ocurre con otros delitos, los actos de corrupción no están desglosados por tipo penal dentro de los reportes del SESNSP.

La ausencia de datos específicos sobre la incidencia penal de la corrupción impide el análisis sistemático y estadístico de estas conductas antisociales y de sus características. De la misma forma, entorpece la discusión para el diseño, operación y seguimiento de políticas públicas destinadas a erradicar la problemática.

Daniel Chávez, activista por los derechos digitales, detalla que la falta de información pública contribuye a la opacidad e impide que los culpables puedan ser rastreados o sancionados. Para Marlene Castañeda, “el presidente, y todos los que están por debajo de él, deben entender que la corrupción no se acaba con promesas o decretos, sino con acciones claras, con información y con mejores políticas públicas”.

Reportaje publicado el 11 de diciembre en la edición 2406 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.