Durante la conferencia presidencial de este jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que el gobierno de López Obrador no dará "marcha atrás" en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque haya filtraciones de videos, documentos no testados o incluso espionaje. Por ser de relevancia en el actual contexto político, Proceso comparte con sus lectores el reportaje completo publicado en la edición 2397, para su análisis y discusión.

La doctora en derecho Ángela María Buitrago, integrante del GIEI que trabaja en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, afirma en entrevista que más allá del grado de participación del Ejército mexicano en el crimen contra los normalistas, los obstáculos a la investigación provienen de “grupos influyentes” interesados en ocultar que funcionarios de todos los niveles están involucrados con el narcotráfico.

BOGOTÁ (Proceso).–La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, está convencida de que más allá de la participación de militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que “sectores influyentes” de México han tratado de ocultar desde un principio es la implicación de autoridades de todos los niveles en el narcotráfico en Guerrero.

Ese factor, a su juicio, es lo que está detrás “de todo lo que se construyó alrededor del caso Ayotzinapa con base en la mentira y la simulación”.

La duda que tiene la experta en investigaciones de crímenes atroces es “si las influencias que hay hoy son más o menos fuertes” que las del pasado. Eso, agrega, “no lo sé”.

Lo que sí sabe con certeza es que los documentos hackeados por Guacamaya a la Sedena y que han sido divulgados en los últimos días ratifican muchos de los hallazgos de las investigaciones del GIEI.

En entrevista con Proceso, la abogada y exfiscal colombiana se refiere, en particular, a la “intromisión” del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, la cual quedó expuesta en uno de los oficios sustraídos por el colectivo Guacamaya.

Buitrago dice que los documentos del hackeo confirman “lo que ya sabíamos: que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron, que la tienen y la siguen ocultando”, y que los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron “aleccionados” por sus superiores para ajustarse a un guion durante la visita de los padres de los 43 normalistas y los integrantes del GIEI a esas instalaciones en 2015.

“Les prohibieron hablar de lo que un asesor del secretario de la Defensa Nacional (de aquel entonces, general Salvador Cienfuegos) no quería que hablaran”, asegura la experta del GIEI, quien ha investigado el caso Ayotzinapa desde 2015.

–¿Esa misma defensa institucional que ha hecho el Ejército de los militares presuntamente involucrados en el caso -Ayotzinapa desde el sexenio pasado, con el general Cienfuegos, la está viendo el GIEI este sexenio, con el general Sandoval? –se le pregunta a Buitrago.

–Sí, claro –responde–, lo que pasa es que en este sexenio ha habido una flexibilización aparente de la Sedena, y han soltado información de utilidad, pero la postura sigue siendo la misma.

Y agrega: “Se lo dijimos también al presidente, que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron. Lo que está saliendo en los Guacamaya Leaks lo demuestra, y esto nos permite decir que todas esas interferencias, todas esas intromisiones, todos esos aleccionamientos y todas esas prohibiciones, pues tienen una razón clara, y es no dejar saber qué pasó”.

Un acto de fe

Buitrago deslinda de la opacidad de la Sedena a López Obrador. Dice que el presidente “ha sido insistente en que se abran los archivos” y “ha dado órdenes muy fuertes” en ese sentido, lo que hizo que en enero de 2021 la institución militar entregara al GIEI varios archivos del caso.

“Pero se les contestó por escrito que faltaban documentos, que faltaba inclusive lo del centro regional de inteligencia de Iguala (el Comando Regional de Fusión de Inteligencia) y nos contestaron que eso no existe, cuando sabemos que existe, sabemos que está y que hay oficios de ese centro de septiembre de 2014 y de octubre de 2014”, señala la doctora en derecho.

En su III informe, que fue divulgado al público el 29 de septiembre –al mismo tiempo que se hizo público el IV informe– después de mantenerse restringido para no entorpecer las investigaciones, el GIEI señala que la escasa información del Comando Regional de Fusión de Inteligencia a la que tuvieron acceso “muestra datos muy significativos que nunca pudieron ser utilizados y que hubieran servido para realizar indagaciones” útiles “a la investigación integral y exhaustiva, así como a la búsqueda de los desaparecidos”.

–¿Ustedes han encontrado en su trabajo de investigación y en los oficios de Guacamaya elementos que les permitan suponer que el presidente está protegiendo al Ejército? –se le pregunta a Buitrago.

–Yo no me voy a meter en esa discusión. Yo lo que creo categóricamente es que él le quiere creer a su secretario de Defensa. Es evidente que lo que salió en el hackeo le está mostrando cosas que ya le pueden dar indicios, pero cuando tú crees en una persona y todo el mundo te dice “no y no y no”, pues tú sigues creyendo en esa persona. Sin lugar a dudas él cree en su secretario, por eso lo tiene ahí.

–¿Ve una decisión política del presidente para apoyarlo?

–Es un acto de fe que de pronto está respaldado en las acciones que le demuestran que sí abrieron archivos, como él lo pidió. Inclusive vi que les exigió mostrar el contrato de Pegasus (el software para espiar teléfonos). Entonces es natural que él trate de defenderlos, pero también reacciona, como cuando él vio que no nos abrían archivos y ordenó que nos los dieran. Sí, nos los dieron, pero quizá él no sabe que no nos dieron todo.

La mano del narco

Buitrago considera que el ocultamiento de información y las interferencias de los militares en la investigación del caso Ayotzinapa no sólo tendrían como propósito encubrir a algunos de sus miembros, sino impedir que se conozca el grado de involucramientos de autoridades civiles, militares y policiacas de todos los niveles con grupos de narcotraficantes, como Guerreros Unidos.

“Cuando tú miras la magnitud del trasiego de droga en Iguala, que era conocido sin ninguna discusión desde 2013 y 2014, sobre todo; cuando tú ves las investigaciones de Estados Unidos, tú dices: ¿qué es lo que realmente en el fondo se está tapando?”, señala la exfiscal.

–¿Y hasta donde llegan los hallazgos del GIEI de ese asunto?

–Hasta el punto en que sabemos que hay una relación clara entre miembros de los cárteles (Guerreros Unidos y Los Rojos, que traficaban heroína y cocaína a Estados Unidos) e integrantes del Ejército, la Marina, políticos y policías municipales. Aquí, vuelvo e insisto, el tema es trasiego de droga, recibo de plata, cooptación y colusión. La pregunta es: ¿y qué pasó con las investigaciones de esas personas que se sabía que estaban coludidos desde esa época?

–¿Hasta dónde los altos mandos estaban enterados de esa situación?

–La situación no sólo era conocida por los que estaban allá, sino por los que estaban en la ciudad, en este caso por DN1 (siglas con las que se identifica en los reportes militares al general secretario de la Defensa Nacional, en esa época Salvador Cienfuegos). Esto no es nada nuevo. DN1 supo todo en tiempo real (esa noche) y conocía la existencia del narcotráfico en Guerrero.

El III informe del GIEI señala que “los diferentes mensajes FCA (Formato Cifrado Arcano) o CEI (Correo Electrónico de Imágenes) de DN1, de JRI (Junta Regional de Inteligencia), de la 35 ZM (la 35 Zona Militar), muestran que el Ejército conocía la existencia de varias organizaciones criminales en Guerrero, y en particular en Iguala y poblados vecinos, que eran investigadas y sobre las que se contaba con información significativa”.

“¿Dónde está la verdad de esa noche en todos? –plantea Buitrago–. ¿Dónde están todos los informes que hicieron los militares esa noche? Pero no sólo los militares; es que todas las policías borraron las bitácoras, cambiaron información, y si yo necesito borrar bitácoras, arrancar hojas, cambiar datos, pues lo que estoy diciendo es: ‘Aquí hay información que no conviene’.

“Entonces –agrega– vuelvo a la pregunta, y la hago como una reflexión: si tú tienes toda esa información en tiempo real, ¿cómo es que no investigas a tus propios miembros? ¿Cómo es que no los pones en otro lugar? ¿Cómo es que no proteges a la comunidad de esa clase de personas? Y ahí sólo tienes una respuesta.

–¿Cuál?

–El tema es sencillo. Si tú dejas que tu subalterno haga todo eso y tú lo sabes y no haces ninguna investigación, ¿por qué será? O porque yo participo, porque soy parte de… La única respuesta es esa. Porque esa información se conocía a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. ¿Por qué, por ejemplo, nunca nadie investigó a Martínez Crespo?

–¿Al capitán por quien intercedió el general Sandoval?

–Sí. ¿Por qué nunca nadie le preguntó cómo era posible que mientras están persiguiendo y asesinando estudiantes, él diga que llegó a barandillas (en la comisaría donde estaban detenidos varios normalistas) porque estaba buscando una moto? Ese es un tema que para nosotros desde el principio era absolutamente absurdo.

Las omisiones del general

Martínez Crespo es el capitán por el que abogó el secretario de la Defensa en una carta dirigida al presidente el 18 de enero de 2021 –justo el mes en que la Sedena entregó información al GIEI– y que es parte de los Guacamaya Leaks.

Una nota del lunes 3, del reportero de Proceso Mathieu Tourliere, indica que Sandoval le dice al presidente en esa carta que Martínez Crespo “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes” y que los cargos en su contra se basan “únicamente en dos referencias”.

En la conferencia mañanera del miércoles 5, la reportera de Proceso Dalila Escobar le preguntó al presidente si la carta revelaba una intromisión en el caso Ayotzinapa, lo que López Obrador negó. Dijo que el general Sandoval es un hombre íntegro, leal y honesto, y aseguró que si la influencia militar fuera decisiva, el capitán no estaría detenido en el Campo Militar número uno.

Luego, el presidente sostuvo que el secretario de la Defensa no le ha hecho ninguna solicitud con respecto a Martínez Crespo.

Buitrago señala que le cree a López Obrador cuando dice que nunca recibió ese oficio, “pero lo que indica el documento como tal es que hay una intromisión de una cabeza visible frente a una investigación que se está haciendo por la vía judicial”.

Indica, también, que hay “una visión parcial” del general Sandoval, “porque no cuenta que Crespo mintió (sobre el hecho de que estuvo presente en barandillas la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando había normalistas detenidos allí), ni cuenta que Crespo omitió que fue sancionado (con ocho días de cárcel en el Batallón 27) por mentir sobre ese hecho”.

En una conversación interceptada en abril de 2014 por las autoridades antidrogas de Estados Unidos y analizada por el GIEI, los integrantes de Guerreros Unidos Arturo Martínez, Apaxtla, y Mi Ranchito mencionan a “Crespo” como un militar que intercedió por ellos en el “terser (sic) batallón”.

Según varios testimonios, Martínez Crespo se presentó la noche de Iguala en el hospital Cristina, donde intimidó y amenazó a varios normalistas heridos que eran atendidos allí. Les dijo “que serían desaparecidos si no daban sus nombres reales”, relató el GIEI en su IV informe.

–¿Y no será que la voluntad del presidente de abrir la información, de darle acceso al GIEI a todos los documentos, llegó hasta donde se topó con la resistencia de la Sedena? –se le pregunta a Buitrago.

–No creo, porque él no ha parado en esa intención. A pesar de que le siguen diciendo que no hay más (información), él pide que entreguen todo lo que hay, él sigue insistiendo.

–¿Y qué opina de la carta extraída por Guacamaya en la que un asesor del anterior titular de la Sedena recomienda a los militares del Batallón 27 cómo actuar durante una visita del GIEI?

–Que claramente fueron aleccionados –asegura–, eso lo vimos nosotros. En sus declaraciones, todos coincidían en lo mismo cuando todos estaban en puntos diferentes (la noche de la desaparición de los normalistas) y todos omitieron información relevante que después fue saliendo. Desde arriba generaron una restricción de información que hubiera podido ser vital en los primeros años. Eso también es muy, muy complejo.

Para la exfiscal colombiana, quien en su país llevó a juicio a militares implicados en casos de desapariciones forzadas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte de un comando de la guerrilla del M-19, independientemente de quién cometa un delito atroz, las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia.

“El tema para mí no son los militares como militares, sino todo lo que se construyó alrededor del caso Ayotzinapa con falsedades, y todo eso se siguió perfeccionando posteriormente en la fiscalía (la antigua Procuraduría General de la República, a cargo entonces de Jesús Murillo Karam, el vocero de la ya desacreditada “verdad histórica”), y tú ves cómo hasta las actas son falsas”, asegura.

–Usted ha trabajado en casos que involucran a los ejércitos de México y de Colombia. ¿Cuál de los dos le parece más opaco y más renuente a rendir cuentas a la sociedad?

–Yo creo que son hermanos gemelos, pero además de hermanos gemelos, y esto lo digo por Colombia, a pesar de tener la evidencia, siguen negando la realidad. Por eso ya como que me he acostumbrado a ver esos factores de negación.

Reportaje publicado el 9 de octubre en la edición 2397 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.