Desplazados
Para los desterrados por la violencia, ni solución duradera ni retorno seguro
Pese a que los desplazamientos de poblaciones provocados por la delincuencia organizada se originaron hace décadas, apenas en 2020 el Estado mexicano admitió el problema y se comprometió a atenderlo de manera integral.
Pese a que los desplazamientos de poblaciones provocados por la delincuencia organizada se originaron hace décadas, apenas en 2020 el Estado mexicano admitió el problema y se comprometió a atenderlo de manera integral. De entonces a la fecha poco se ha avanzado para hacer los diagnósticos, se queja la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, único organismo que analiza la situación de unas 240 mil personas agraviadas a lo largo del país.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– No sabemos dónde están las personas que sufrieron episodios de desplazamiento forzado debido al crimen organizado! ¿Qué ha sido de ellos? Llevan décadas viviendo en esa situación y nadie les ofrece una solución duradera ni posibilidades de retorno seguro a sus hogares. No existe autoridad que les restituya sus derechos.”
Así resume el problema Brenda Gabriela Pérez Vázquez, quien coordina el Área de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), único organismo en México que analiza la situación de casi 240 mil personas afectadas por desplazamiento forzado a causa del crimen organizado, sin contar los desplazamientos provocados por cuestiones religiosas, políticas, sociales o territoriales.
Entre octubre y noviembre de 2020 hubo al menos mil 200 casos de desplazamiento forzado en varias entidades, principalmente en Chiapas y Oaxaca. En enero de 2021, 620 personas huyeron a causa de la violencia, en marzo se sumaron otras 850 de pueblos de Guerrero; lo mismo pasó en Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas.
En Chiapas los desplazamientos generados por el crimen organizado son conocidos, aunque aún no hay suficiente evidencia para documentar fehacientemente el fenómeno; igual en Oaxaca, donde todos los años se registran casos de violencia política, conflictividad social, violaciones a derechos humanos y conflictos agrarios de larga data; la mayoría no se resuelven.
Las principales entidades donde están involucrados grupos armados han sido Oaxaca, Guerrero y Chiapas; en esta última se observan dos cosas: el contexto en que ocurre el desplazamiento forzado, cuánto tiempo se prolonga, así como la persistencia. Esto significa que ocurren año tras año en los mismos lugares, porque las autoridades no dan respuestas a las víctimas.
En el caso de Guerrero, 10 mil personas han abandonado sus comunidades de 2011 a la fecha en la Costa Grande, la Costa Chica, Tierra Caliente y la Montaña Baja, debido a la violencia provocada por disputas entre grupos delincuenciales que buscan el control de rutas para el trasiego de droga.
Otro caso es el desplazamiento forzado en 32 poblados del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, también en Guerrero, donde en febrero de 2021 abandonaron su hogar 250 personas y en marzo se sumaron otras 835.
Al mes siguiente, el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Aguililla, Michoacán, provocó el desplazamiento de más de 100 familias, mil 800 personas. El 23 de abril, cuando el representante del Vaticano en México, Franco Coppola, visitó el municipio, declaró que la falta de autoridad del gobierno permitió esa situación de inseguridad. El obispo de Apatzingán, Cristóbal García, quien lo acompañó, hizo un llamado a los desplazados para que regresen al poblado.
Violencia expansiva
Pérez Vázquez sostiene que en Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa se repitieron esos episodios; incluso se identificó uno en Quintana Roo por primera vez.
En Chihuahua, en febrero de 2021, hubo más de 200 desplazamientos en Guadalupe y Calvo y otros tantos en junio. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, se debió a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
