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Crisis en alcaldías: en el Edomex, tras la quiebra viene la deuda
Ayuntamientos mexiquenses que concluyeron sus gestiones el 31 de diciembre heredarán números rojos en deuda pública, laudos laborales, pagos pendientes a proveedores y pasivos en electricidad, agua potable, seguridad social e impuestos que se agravaron por inadecuados manejos financieros.
A diferencia del discurso del gobierno federal, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a contratar deuda para resolver los problemas económicos causados por la pandemia, el Congreso del Estado de México, a petición del gobernador Alfredo del Mazo Maza, aprobó que las alcaldías en vía de quiebra contraten crédito a largo plazo, aunque se trate de una medida que se volverá una pesadilla para las administraciones venideras.
ESTADO DE MÉXICO (Proceso).- Ayuntamientos mexiquenses que concluyeron sus gestiones el 31 de diciembre último heredarán números rojos en deuda pública, laudos laborales, pagos pendientes a proveedores y pasivos en electricidad, agua potable, seguridad social e impuestos que, si bien tienen su carga histórica, se agravaron por inadecuados manejos financieros.
Como mecanismo de rescate, el gobernador priista Alfredo del Mazo Maza propuso al congreso estatal un “remedio” inmediato que fue avalado, pero empeorará la situación a la larga: durante 2022 y 2023 los municipios podrán contratar créditos a largo plazo por hasta 5 mil 500 millones de pesos, y a corto plazo por casi 3 mil 400 millones de pesos que se usarán para amortizar otros financiamientos, realizar obras de infraestructura o sanear finanzas.
Ese “respiro” financiero que darán las deudas de largo plazo –el gobernador propuso pagarlas a 30 años, pero los diputados determinaron que sea en 15– atará a las siguientes cinco administraciones al ofrecer en garantía de pago 30% de los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), mientras las de corto plazo deberán pagarse en el trienio, pero comprometerán 25% del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Al cierre de 2019, primer año de gestión de las administraciones salientes, las deudas municipales, en las que se incluyen las adquiridas por los gobiernos centrales, los sistemas DIF, organismos de agua potable, institutos del deporte y organismos de mantenimiento de vialidades, ascendían a 27 mil 688 millones de pesos, en todas sus vertientes: pública, a proveedores, laborales, por servicios de energía eléctrica y agua potable, en impuestos, y/o cuotas y aportaciones de seguridad social.
Esta cifra es más de la mitad de la deuda pública estatal, que al tercer trimestre de este año cerró en 49 mil 846 millones de pesos, mientras los montos autorizados a los ayuntamientos para contratar en los siguientes dos años representa la quinta parte de los pasivos estatales.
La medición de disciplina financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta que al 30 de septiembre de 2021 las deudas de los ayuntamientos mexiquenses ascendían globalmente a 4 mil 693 millones de pesos; ocho de ellos se encuentran en alerta, pese a que los indicadores se reducen a tres y no incluyen pasivos de los otros organismos municipales:
Las obligaciones a corto plazo, con proveedores y contratistas representan para Toluca, gobernado por Morena, 24.8% de sus ingresos totales; en el caso de Naucalpan, también morenista, 42%; mientras que Capulhuac, administrado por Nueva Alianza, tiene comprometidos 35.2% de sus ingresos en este rubro.
