De acuerdo con información oficial, si bien se ha reducido la pérdida de combustible por robo, hay una deficiencia del sistema por poner en la cárcel a quienes perpetran el saqueo a ductos, porque del total de las personas detenidas por huachicoleo, sólo 34% ha sido presentada ante la autoridad judicial; es decir, tres de cada 10 casos llegan a juicio y de esos tres, únicamente 40% tiene una sentencia condenatoria.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La alarma por el incendio de una toma clandestina se disparó la mañana del martes 18 en las inmediaciones de la comunidad Loma del Progreso, en Nopala de Villagrán, Hidalgo, estado que ese día cumplía tres años de un estallido similar que consumió la vida de 137 personas en Tlahuelilpan, ubicado en la misma región del Valle del Mezquital.

Días antes, en la madrugada del miércoles 5, en Atotonilco de Tula, en la misma zona hidalguense, ocurrió el incendio de una toma clandestina; los perpetradores abandonaron calcinado el vehículo para el contrabando. Al día siguiente, en Tepetitlán, otro saqueo de combustible explotó, con saldo de un muerto y dos vehículos de trasiego en llamas.

Las tres explosiones son una muestra mínima de las tomas clandestinas que se localizan en Hidalgo, entidad federativa que mantiene la más alta incidencia en robo de hidrocarburos, un delito coloquialmente conocido como huachicoleo; en este sexenio se aprobó una ley especial para combatirlo.

Convertido en un eje de la política de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó la estrategia apenas inició su gobierno, el combate a este delito refleja una reducción significativa en la perdida de combustible por robo.

Sin embargo, episodios como los expuestos en los que no hubo detenidos y las tomas clandestinas descubiertas desnudan un elevado índice de impunidad.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), desde el inicio de la estrategia y hasta septiembre último se abrieron 21 mil 57 carpetas de investigación relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.

La estrategia de la 4T implica la implementación de las reformas a diversos ordenamientos, entre estos al Código Penal Federal, que por ahora se exhiben entre la saturación, la falta de avance en miles de carpetas de investigación y una judicialización precaria: sólo tres de cada 10 detenidos terminan en proceso penal.

El desglose anual de carpetas de investigación refleja que en 2019 hubo 10 mil 461; en 2020, 5 mil 933 y hasta septiembre de 2021 la disminución fue significativa, pues cayó casi 60% respecto del primer año, al registrar sólo 4 mil 663 carpetas de investigación.

De esa cantidad de investigaciones abiertas, menos de la mitad logró convertirse en averiguación previa determinada, pues sólo alcanzaron ese estatus 9 mil 363 casos: 5 mil 345 averiguaciones en 2019, 3 mil 618 en 2020 y de enero a septiembre de 2021 apenas si alcanzaron a integrar 400.

Las acciones de los cuerpos de seguridad, así como de la FGR respecto del robo de hidrocarburos no presentan mayor cambio.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2360 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.