Zacatecas
Jerez, Zacatecas: Huir... o quedarse a morir
Salieron a las apuradas cuando los narcos les exigieron abandonar su pueblo, Ermita de Correa, ubicado en el municipio zacatecano de Jerez y territorio que se disputan a balazos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Cientos de ellos llegaron a la cabecera municipal casi con lo puesto.
Salieron a las apuradas cuando los narcos les exigieron abandonar su pueblo, Ermita de Correa, ubicado en el municipio zacatecano de Jerez y territorio que se disputan a balazos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Cientos de ellos llegaron a la cabecera municipal casi con lo puesto. En reunión con el alcalde expusieron su tragedia: amenazas, abusos sexuales, asesinatos… y el abandono de las autoridades. Acompañados por soldados, policías y periodistas, un grupo de ellos regresó al pueblo para recoger pertenencias. En el lugar las huellas de la violencia son evidentes: casas abandonadas, paredes baleadas, vehículos incendiados…
Zacatecas, Zac.- Ese día sólo se quedaron en las viviendas algunos “viejos” y los “inválidos”, quienes no pudieron o se negaron a salir huyendo de Ermita de los Correa, una de las 13 comunidades serranas del municipio de Jerez, donde pistoleros de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa tienen meses enfrentándose a balazos, sembrando el terror.
En esta localidad, la segunda más poblada de las 75 con que cuenta este municipio ubicado a 55 kilómetros al sur de la capital, 350 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, era huir o quedarse a morir, pues un grupo de hombres armados irrumpió en el pueblo para advertirles que tenían hasta la noche del sábado 4 para abandonarlo. La amenaza estaba escrita en lonas que colgaron, relatan los lugareños.
En otras rancherías de la sierra del municipio, las familias habían huido meses atrás por el acecho de los criminales. En los comicios de junio pasado no pudieron instalarse casillas en cinco poblados debido a la presencia de grupos del crimen organizado. Por ello, los más de mil habitantes de Ermita de los Correa sabían que la advertencia iba en serio.
“Presencié cómo se llevaron a una persona, seguro estoy que es una persona inocente. Iban en una motocicleta a ver sus tierras, me saludó. Mis hijos y yo estamos en la parcela cuando vimos cómo el hombre caminó cien metros y se le emparejó una camioneta con siete de esos hombres. Lo siguieron otros cien metros, le echaron la camioneta encima, lo patalearon (sic), lo subieron y hasta hoy fecha nada se sabe de él”, narra un adulto mayor mientras pide perdón porque se le corren las lágrimas.
“Esos hombres ya han baleado casas y tiendas de abarrotes en el pueblo, asesinado personas, violado mujeres, quemado vehículos y levantado gente”, relata uno de los pobladores
Así, con voz entrecortada y ojos llorosos, un grupo de hombres adultos mayores describieron crímenes del tipo al entonces presidente municipal, Antonio Aceves Sánchez, quien los recibió la mañana del lunes 6 en el salón de cabildos.
“Nos salimos sin más pertenencias, nomás con lo que traíamos puesto”, es una frase que se repite en los testimonios, al igual que su súplica de que no se les tomen fotos, ni se den a conocer sus nombres pues, dicen, su vida corre peligro.
“Esa noche del lunes (31 de agosto) la balacera duró dos hora. Atacaron una camioneta y la quemaron. Se llevaron a un muchacho de 15 años. Al siguiente día se agarraron a balazos en la tarde, lo mismo el miércoles y el jueves atacaron tres casas de la orilla del rancho, quemaron autos”, rememora una mujer joven, a quien los sicarios le “levantaron” a un primo.
El gobierno “nos abandonó”
Por estas balaceras cerraron las tres escuelas primarias, la secundaria y preparatoria, que recién regresaban a clases presenciales; la médico de la clínica ya no acudió y el párroco abandonó la localidad porque los “amenazaron como usted ya sabe”, dice un joven y con la mano simula cortarse el cuello.
Las familias –conformadas en su mayoría por mujeres, niños y adultos mayores– se marcharon dejando sus hogares, sus mascotas, sus tierras de cultivo y su ganado para bajar a la cabecera municipal a fin de ponerse a salvo. “Sólo se quedaron los viejos y los inválidos. Allá está mi suegra de 90 años”, dice uno de los desplazados.
Sin poner un pie en las comunidades afectadas por la violencia generada por grupos del crimen organizado, en una conferencia de prensa en la ciudad de Zacatecas, el entonces gobernador, el priísta Alejandro Tello Cristerna, reconoció que hay desplazados por la violencia en Jerez, pero minimizó: “no son mil 500”.
En la mencionada reunión con los desplazados, el alcalde Aceves Sánchez primero consideró que se “magnificaban los hechos”, pero después reconoció que en los últimos ocho meses han salido huyendo por la violencia “entre 1 mil 500 y 2 mil habitantes” de 13 comunidades rurales del municipio de Jerez.
En dicha reunión en el palacio municipal, los desplazados reprocharon que el gobierno los abandonó. “Los de la Guardia Nacional van, caminan un kilómetro fuera de la comunidad y se regresa, con una risa hasta acá (la cabecera municipal). Los policías estatales llegan, toman fotos, van cuatro patrullas, dan una vuelta a la orilla del rancho y se regresan”, recrimina un campesino.
“No creo que el gobierno esté rebasado por esas gentes, ¡no puede ser que esté rebasao!, ¿cómo voy a creer?”, expresa un adulto mayor mientras aprieta los puños y ve a la cara al alcalde. Y suelta su queja: “nos sentimos impotentes, y sí el gobierno no se siente capacitado, por qué no nos hacen el favor y nos sueltan las armas, para que cada quien nos defendamos. El que quiera que le entre y el que no que se salga, ¿pero cómo nos defendemos, señor presidente?”.
“Créanme que esa desesperación, igual la hemos tenido nosotros como municipio”, respondió el munícipe panista, quien reconoció que en el último un año no visitó los poblados de la sierra, y lamentó que sólo tiene cerca de 40 policías con los que “no podemos con el crimen organizado, es mandarlos a que los maten”.
Afirmó que ha tocado puertas en el gobierno federal y estatal, pero no le hacen caso. “Voy solo y me dicen: ‘no tenemos reportes’. Como presidente municipal no le hacen caso a uno. Yo necesitaba esto (la manifestación)”.
Como resultado de la protesta, ese mismo día, el comandante de la Undécima Zona Militar, el general Fernando Gómez, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo López Bazán, el Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, y el alcalde sostuvieron una reunión con un grupo de desplazados y anunciaron la instalación desde ese momento de un destacamento del 53 Batallón de Infantería del Ejército en la comunidad Ermita de los Correa y que policías estatales reforzarían los patrullajes en comunidades de la sierra.
Tardes de furia
Grupos de familias llegaron desde la noche del sábado 4 y madrugada del domingo 5 a la cabecera municipal. Se hospedaron en hoteles, en casas de familiares y en 12 viviendas habilitadas como albergues.
“Tenemos de 25 hasta 40 personas en cada casa. Les estamos dando alimento”, dijo uno de los jóvenes que junto con otras personas tomó la iniciativa de organizar un centro de acopio, en donde al mediodía del lunes 6 los afectados hacían fila para pedir asilo o recibir despensas, colchones, ropa, calzado y medicamentos, donados por la población.
El gobierno municipal habilitó un par de albergues para los desplazados, pero, reconoció el alcalde, “no han pedido hospedaje”. Algunas familias se trasladaron a los municipios de Fresnillo, Calera, la capital e incluso buscan irse a Estados Unidos.
La administración estatal priísta, que concluyó el sábado 12, no ofreció ayuda humanitaria alguna para las familias desplazadas. Organizaciones civiles, universidades, iglesias y ciudadanos recolectaron víveres. La Diócesis de Zacatecas manifestó su solidaridad con los desplazados y llamó a sus fieles a ayudar.
Proceso acompañó a un grupo de hombres y mujeres que, escoltados por policías estatales y militares, retornaron temerosos el lunes 6 a la comunidad Ermita de los Correa para recuperar algunas de sus pertenencias: documentos, ropa, electrodomésticos, tractores y hasta ganado.
La carava integrada por veinte vehículos se topó en la carretera a un convoy del Ejército, que traía una camioneta decomisada después de que los militares liberaron a tres personas que se encontraban retenidas en su propio domicilio por un grupo de pistoleros, los cuales salieron huyendo ante la llegada de los soldados al pueblo.
“Los tres están en el hospital, dos golpeados y uno sí está grave”, confirmó uno de los propios lugareños, quien relató cómo los criminales ingresaban por la fuerza a los domicilios, llevándose a mujeres y hombres jóvenes.
En este pueblo–ubicado a 36 kilómetros de la cabecera municipal–, quedan marcas de la violencia en las casas, lo mismo en la memoria de sus habitantes. “Ahí es donde acribillaron a mi hermana, y todavía dice el gobernador que no pasa nada”, suelta un campesino mientras señala los restos de una camioneta calcinada en una calle.
“Aquí han pasado tantas cosas. En esa tienda descargaron toda su furia, quemaron tres camionetas”, expresa otro hombre de sombrero mientras apunta el inmueble que tiene el letrero: “Abarrotes Ermita”. Una cuadra más adelante hay otra casa baleada.
Los ladridos de los perros rompen el silencio en Ermita de los Correa. La mayoría de las casas tienen candados en sus puertas y cadenas en sus portones. En los corrales está encerrado el ganado sin forraje. Otros animales como chivas, caballos, cerdos y perros, deambulan por las calles en busca de alimento.
“No dormíamos por el temor a otra balacera”, dice una mujer mientras su esposo y hermano suben colchones a la camioneta para luego colocar de nueva cuenta los candados a las puertas de la vivienda, que quedará otra vez abandonada.
“Se han llevado como ocho personas, tres aparecieron muertas, tres vivas y de los otros no se sabe nada”, relata un hombre sin bajarse de la camioneta en que lleva un refrigerador y maletas que acaba de recoger de su casa para regresar a la cabecera municipal.
Los desplazados volvieron a protestar el jueves 9 después de enterarse que habían asesinado a Don Goyo. El cuerpo del agricultor fue encontrado a orillas de la comunidad deshabitada, pese a la vigilancia de soldados y policías estatales.
Antes de sepultar a su vecino, decenas de hombres y mujeres llegaron al patio del palacio municipal donde encararon otra vez al alcalde Antonio Aceves, a quien le reprocharon que sus viviendas habían sido saqueadas, su ganado y tractores robados por los “matones”.
“Ya hice lo que podía…como municipio estamos rebasado por el crimen organizado. Eso no nos toca. Le corresponde al estado y a la Federación”, respondió el alcalde, quien el martes 14 concluyó su mandato.
Hasta diez días después de que se iniciaron los ataques armados en contra los pobladores de Ermita de los Correa, el ratificado secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, acudió a la comunidad “a fin de buscar las condiciones que permitan a los pobladores regresas a sus domicilios”, informó mediante un comunicado el nuevo gobierno de Zacatecas, encabezado por el morenista, David Monreal Ávila, quien el domingo 12 rindió protesta como gobernador.
Ni con la presencia de militares ni de policías estatales en las comunidades de la sierra de Jerez han conseguido que las familias desplazadas regresen a sus hogares.
