Chihuahua
Campos y Duarte: la revancha contra Corral
Mientras un resucitado César Duarte demanda a Javier Corral por “daño moral”, el equipo de la nueva gobernadora, María Eugenia Campos, anunció que procederá también contra Corral por un presunto endeudamiento irregular de casi 75 millones de pesos.
Entre protestas de organizaciones de mujeres por los anunciados cambios en instituciones de salud y protección a sus derechos, la nueva gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, nombró un gabinete de priistas y panistas políticamente cuestionados. Y mientras un resucitado Duarte demanda a Javier Corral por “daño moral”, el equipo de Campos anunció que procederá también contra Corral por un presunto endeudamiento irregular de casi 75 millones de pesos.
CHIHUAHUA, CHIH. (Proceso).- El magistrado de la Tercera Sala Penal de Chihuahua, Juan Carlos Carrasco Borunda, revocó la última acusación contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván dos días antes de su toma de protesta, lo que le permitió llegar formalmente “limpia” a su sexenio.
Campos fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, por la presunta recepción de casi 10 millones de pesos de la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte Jáquez, junto con otros políticos de distintos partidos y periodistas, así como líderes sociales y religiosos.
Otros políticos y empresarios que fueron vinculados a proceso por diferentes delitos y en varias causas penales parecen alentados. Por ejemplo, el exlíder de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandro Villarreal Aldaz, quien lleva procesos penales en libertad, citó a rueda de prensa para asegurar que limpiará su imagen.
Asimismo la familia del exauditor estatal, Jesús Manuel Flores Esparza, dio a conocer que hablará públicamente sobre las presuntas irregularidades que padeció en prisión.
La estrategia del nuevo gobierno, encabezado por la panista Campos y apoyado en el gabinete por varios priistas y perredistas, principalmente, ha sido establecer las bases legales y de operación para cambiar sobre todo las instancias relacionadas con la defensa de las mujeres.
El pasado 8 de septiembre la nueva Legislatura estatal, presidida por el panista Mario Vázquez Robles –aliado de la gobernadora–, tomó protesta a Campos Galván en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez. En su mensaje ella prometió que en el caso Duarte no habrá “ni perdón ni olvido” e hizo énfasis en que se apegará al debido proceso. Previsiblemente arremetió contra el exgobernador Javier Corral Jurado, quien según la nueva administración dejó una deuda de casi 75 millones de pesos, que aumentaron con créditos de corto plazo.
Mujeres de Negro
Después de varios años de silencio, la emblemática Campana por la Vida volvió a tañer por las calles de Ciudad Juárez. Fundida con llaves y de 85 kilos y metro y medio de altura, fue transportada por integrantes de colectivas y organizaciones de todo el estado que esquivaron a los agentes policiacos que a su vez intentaron obstruirles el paso al acto de toma de protesta de Campos Galván.
Destacaron, envueltas en vestuario oscuro y con sombreros rosas como protesta contra los feminicidios en el norte del país, las Mujeres de Negro, quienes se manifestaron contra la anunciada política del nuevo gobierno hacia las mujeres.
“¡Alerta, ¡corrupta!”, “¡Maru no nos representa!”, gritaron, mientras la nueva gobernadora rendía protesta. En tanto, Campos Galván aseguró que su prioridad será la seguridad de las mujeres, porque “no hay nadie mejor para cuidar a una mujer que otra mujer”.
En la protesta participaron el Movimiento de Mujeres, pobladoras del ejido de Benito Juárez, el Centro de la Mujer Trabajadora, jóvenes de la ciudad de Chihuahua, la Casa Amiga Esther Chávez Cano, Ecos de Mirabal, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos provenientes de varios municipios.
Una semana antes, el equipo de María Eugenia Campos llegó también a la entrega-recepción en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, donde anunció que no renovarían más de 100 contratos de especialistas en perspectiva y violencia de género con hasta 20 años de trabajo en la dependencia. Algunas de ellas viven embarazo de alto riesgo o siguen tratamientos contra el cáncer.
El equipo de transición, encabezado por quien ahora es la titular, Margarita Blackaller Prieto (panista e integrante de la organización Mujeres por la Vida de Chihuahua, que se opone al aborto y al matrimonio igualitario), advirtió a la extitular, Emma Saldaña, que no haría válidos los contratos que firmara, ya que vencieron el 31 de agosto.
El personal de base aún va a trabajar, aunque les advirtieron que también serán cesadas. La encargada del área administrativa, Silvia Yapor, fue parte del gobierno de César Duarte en la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el portal feminista Ecos de Mirabal, en la dependencia también laboran por honorarios 68 personas que atienden los programas federales. Sus contratos vencen el 31 de diciembre.
De esa modalidad dependen 11 Centros de Atención a la Violencia contra Mujeres adscritos al Ichimujeres en los municipios de Juárez, Camargo, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Guachochi, Bocoyna, Madera y Morelos. Lo mismo sucede con los Centros de Justicia para Mujeres (Cejum) de Juárez y Chihuahua.
Previamente el equipo del Campos Galván envió una iniciativa al Congreso estatal para modificar el nombre y las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por razones de Género e incorporar a esa estructura los Cejum.
El Movimiento de Mujeres encabezó la impugnación de dicha iniciativa porque va contra los derechos que han logrado en la entidad. En el gobierno de Javier Corral, esas áreas las encabezaron activistas que formaron parte de la Alianza Ciudadana que lo llevó a la gubernatura.
Esas mujeres impulsaron además la creación de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada y la instalación de la Unidad Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, aunque persisten altos niveles de impunidad.
El gabinete de Campos
La gobernadora nombró secretario general de Gobierno a César Jáuregui Moreno, quien fue su compañero de bancada del PAN durante el último trienio duartista y quien también fue señalado como beneficiario de la nómina secreta.
El secretario de Hacienda es José de Jesús Granillo Vázquez, quien se encargará de sustentar la acusación de Campos contra Corral, ya que aseguró que dejó una deuda de casi 75 millones de pesos, lo que niega el exgobernador.
En la Secretaría de Seguridad Pública quedó Gilberto Loya Chávez, quien fue director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua cuando Campos era alcaldesa. Ella solicitará al Congreso el nombramiento de Javier Fierro Duarte como fiscal.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural será Lilia Guadalupe Merodio, exdiputada priista; y como subsecretario de la Coordinación de Gabinete nombró al perredista Pável Aguilar, quien dependerá del exdiputado federal Luis Gerardo Castelo.
En la Comisión para los Pueblos Indígenas, Campos designó titular al priista Enrique Alonso Rascón Carrillo, diputado local suplente de Omar Bazán Flores, aliado de Manlio Fabio Beltrones y señalado del intento de despojar de su territorio a la comunidad indígena Mogótavo, del municipio de Urique, con otros empresarios del PRI.
En el Instituto del Deporte la nueva mandataria nombró a la priista Teporaca Romero del Hierro. Su padre, Raymundo Romero Maldonado, fue secretario general de Duarte y también fue procesado en el gobierno de Javier Corral. Lleva su proceso en libertad.
El exdiputado, líder del PAN estatal y aliado de Corral, Fernando Álvarez Monge, estará a cargo de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura. Él protegió a Alfredo Piñera, acusado de grabar una llamada con Miroslava Breach para deslindar al exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, de las acusaciones de un grupo delictivo.
Contraataque de Duarte
El exgobernador Javier Corral advirtió que César Duarte siente que recuperó el poder con el triunfo de Campos Galván, ya que en medios locales anunció que ganaba amparos y envió una carta para culpar a Corral de irregularidades en los procesos que abrió contra él, e incluso acusó a exfuncionarios corralistas de negociar con el narco.
Además demandó a Corral por daño moral y exige una indemnización de 3 millones de pesos por las molestias que le ha causado, lo que el panista calificó de “un verdadero descaro y desfachatez”.
A su vez, Corral advirtió que no dejará que los casos de Duarte y sus colaboradores queden impunes: “Han sido investigaciones de alto rigor técnico, en las que jueces a nivel local y federal se han basado para librar 20 órdenes de aprehensión por delitos de corrupción, ratificadas y confirmadas por tribunales de amparo”, dijo antes de irse.
El exconsejero jurídico Jorge Espinoza Cortés informó que en la administración de Corral se ejerció acción penal contra 49 personas en 126 ocasiones, contra exservidores públicos y empresarios; se obtuvieron 92 órdenes de aprehensión, 78 vinculaciones a proceso, 16 sentencias condenatorias y existen 49 procesos penales vigentes ante los tribunales locales.
Asimismo se aseguraron 87 inmuebles y se embargaron 52, por un monto total de 500 millones de pesos. Sin embargo, nadie tocó a implicados en casos de desvío de recursos en medicamentos, entre ellos el exsecretario de Salud, Pedro Hernández Flores, ni actores señalados por desvíos en obras públicas, como el primo de Duarte, Everardo Medina.
