En medio de la polémica provocada por la resolución de la Suprema Corte que declara inconstitucional la penalización del aborto en el país, la ministra Margarita Ríos desglosa sus argumentos en favor de dicha medida, explica por qué es tan necesaria y comenta los escenarios que podrían suscitarse si algunos congresos locales se resistieran a armonizar sus criterios sobre el tema con el Poder Judicial federal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–  Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país el pasado martes 7 –al invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que imponía hasta tres años de cárcel a la mujer o persona gestante que interrumpiera de manera voluntaria su embarazo–, en las redes sociales se viralizó un argumento de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en defensa de la histórica decisión.

“Lo que hay, en cambio –dijo la ministra–, son sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo o por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las personas con capacidad de gestar que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ‘ignorancia’. Y viene entonces una paradoja: como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión.

“Si no es por ignorancia, es por mala o egoísta, porque las ‘buenas mujeres’ culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque ‘no se cuidó’, pues por más desesperación o desolación que sienta, debería resistir. Si no resistió, entonces es promiscua e irresponsable: prisión.

“No creo en estos reduccionismos. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión que, me parece, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral –social, pero profundamente individual y espiritual–, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.”

Mientras la ministra argumentaba, afuera de la SCJN grupos católicos y conservadores autollamados “provida” y rebautizados por colectivas feministas como “anti-derechos”, protestaban por segundo día, pues desde la víspera se anticipaba el sentido de la resolución.

Al responder un cuestionario que le envió la reportera, Ríos Farjat indica que ese discurso surgió porque “una reflexión seria” sobre la interrupción legal del embarazo “sólo puede llevarse a cabo si se toma en cuenta que no es una decisión sencilla ni agradable, sino todo lo contrario”.

Más allá de las reacciones, para la abogada, quien además es poeta, la sentencia de la SCJN es histórica porque “es el primer pronunciamiento de un tribunal constitucional en Latinoamérica sobre el uso del derecho penal en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, más allá del simple análisis de excluyentes de responsabilidad. Por primera vez se pone el énfasis en el reconocimiento del derecho a decidir y a la autonomía reproductiva de la mujer y de las personas gestantes”.

La sentencia también salda una deuda histórica. México es un país de tradición conservadora, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y leyes restrictivas en esta materia en muchos estados, aunque en los últimos años algunos congresos locales han aprobado la interrupción legal del embarazo. En julio pasado Veracruz se convirtió en el cuarto estado, después de Hidalgo (2021), Oaxaca (2019) y la Ciudad de México (2007).

La votación alcanzó una mayoría que supera los ocho votos en el pleno de la SCJN, por lo que jueces locales y federales están obligados a resolver con los criterios de la Corte, además de que mujeres y personas con capacidad de gestar podrán solicitar amparos en caso de ser criminalizadas en cualquier estado de la República.

El hecho también tiene una gran importancia simbólica, añade Ríos Farjat, “pues representa un avance en el impulso al derecho a la igualdad, así como en la eliminación de perjuicios y estigmas que laceran profundamente la dignidad de quienes se enfrentan a esta decisión tan dura”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2341 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.