Pese a que la administración de Claudia Sheinbaum ya comenzó a indemnizar y a otorgar beneficios a las familias afectadas por el colapso de una trabe en el tramo elevado de la Línea 12, el despacho de abogados con sede en Monterrey que asumió la representación legal de las víctimas advierte que demandará al gobierno capitalino, las tres constructoras de la línea y a cuanta empresa esté involucrada en la construcción y la supervisión de la obra. El litigante Miguel Ángel Alcalde dice que para ello se basará en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la ciudad. 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El “acuerdo” entre la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el magnate dueño de Carso, Carlos Slim, para que éste ayude económicamente a rehabilitar la Línea 12 del Metro, no le evitará conflictos legales a la autoridad de la Ciudad de México, como lo anunció el tabasqueño el miércoles 23.

El despacho de abogados Carbino Legal prepara tres acciones jurídicas contra el gobierno capitalino y las empresas Carso, ICA y Alstom –constructoras de la “Línea Dorada”–, en representación de 18 víctimas fallecidas o lesionadas, más las que se sumen en el camino.

Miguel Ángel Alcalde Huerta, socio de la firma con sede en Monterrey, explica en entrevista con Proceso la estrategia legal con la que defenderán a las víctimas en búsqueda de la indemnización y reparación del daño justas: una demanda administrativa, una civil y una penal.

Maestro en derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, explica que el caso administrativo se presentará en máximo tres semanas, aunque por ley tendrían hasta un año para hacerlo. La demanda se interpondrá ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y se basará en la Ley de Responsabilidad Patrimonial local.

Según su interpretación, dicha ley señala que “si el Estado comete irregularidades y le causa un daño al gobernado, tiene una responsabilidad patrimonial y debe responder y reparar el daño”. Y subraya: “Aquí la actividad irregular es la puesta en operación de una estructura que no cumplía los requisitos, la falta de mantenimiento y de inspección, y la certificación de una obra que no estaba bien hecha. El gobierno le falló a las víctimas y debe costarle”.

El sujeto denunciado será el gobierno capitalino y las dependencias involucradas en el diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento de la Línea 12, independientemente de quién haya estado a cargo en cada momento. Entre ellas, menciona la Jefatura de Gobierno, las secretarías de Obras y Servicios y de Protección Civil, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y las alcaldías donde se ubica la línea.

“Señalaremos a todas las dependencias que consideremos que tuvieron una falla. Es tema del gobierno decidir cuál tuvo falla y cuál no. La falla está ahí y me pagas”, dice Alcalde Huerta.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2330 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.