Las denuncias públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre presuntos delitos electorales cometidos durante los procesos comiciales de los estados, principalmente por candidatos de oposición en Nuevo León, han abierto un nuevo debate sobre la conducta presidencial.

El propio mandatario considera que es su deber denunciar esos actos; pero los partidos de oposición advierten que es la intromisión ilegal del Ejecutivo federal en los procesos electorales lo que México padece.

Así, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones contra los candidatos al gobierno de Nuevo León: Adrián de la Garza, de la coalición Vamos Fuerte por Nuevo León, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, el primero interpuso una denuncia ante la OEA contra el presidente de México.

Al respecto, López Obrador ha expresado que cualquier organización internacional puede venir al país como observador de las elecciones, y se congratuló de que sea la FGR –y no el Instituto Nacional Electoral– la que determine si hay delito en los casos expuestos por el mandatario.

Durante toda la polémica, el titular del Ejecutivo no ha mencionado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ni a su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, pese a que, de acuerdo con la ley, es la institución que procura justicia en materia penal-electoral.

En entrevista, Héctor Díaz-Santana, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) –hoy FEDE–, reflexiona sobre la controversia.

–Según su página web, la FEDE goza de autonomía operativa y técnica, ¿qué significa?

–Cuando se crea la Fepade, en 1994, un gran problema era si el Instituto Federal Electoral (ahora INE) y el tribunal electoral iban a ser autónomos, como un cuarto poder. Entonces, ¿qué haría la Fepade siendo un órgano del Poder Ejecutivo? Por ello, desde entonces, la fiscalía nace con autonomía técnica, que quiere decir que todas las resoluciones que la institución toma no se someten al visto bueno de otra institución, ni por supuesto al de la FGR.

Para Díaz-Santana, “el gran problema” del sistema electoral mexicano es que “una cosa son las reglas objetivas que marca la ley y otra es el cómo se comportan los actores políticos. Y el déficit que tenemos en México es de comportamiento de actores políticos”.

Detalla que de 1997 a la fecha, el tribunal electoral ha conocido más de 230 mil casos. “¡No existe en el mundo un tribunal electoral que reciba tantas denuncias como el ­mexicano!”.

Expone que lo anterior indica que los actores políticos, durante el proceso electoral, no respetan las reglas de competencia y, por eso, tienen que acudir por irregularidades a algún tribunal electoral; o bien, que los actores políticos se han negado a respetar lo que la ciudadanía expresa con su voto.

“Es decir, aunque sabes que pierdes una elección, utilizas el sistema jurídico para ver si tienes alguna posibilidad de repetirlo y que te da una ventaja indebida que las otras no te dieron.

“Los comicios de este año están generando un interés porque, si bien una elección es para decidir quién quieres que te gobierne, en las urnas se validará o rechazará el desempeño gubernamental. Esta elección puede considerarse como un termómetro social que va a indicar si los ciudadanos están contentos o consideran que este gobierno ha sido deficiente. Es una especie de plebiscito del desempeño de gobierno.”

–Morena va a la baja, según varias encuestas.

–En temas electorales es muy difícil hacer diagnósticos. Le pongo un ejemplo internacional: en España el Partido Popular llevaba 10 puntos arriba el jueves previo a la elección, que era en domingo; el viernes hubo el bombazo de Atocha y el gobierno sale y lo atribuye a la organización separatista ETA. Le miente a los ciudadanos que se dan cuenta que el autor del ataque es Al Qaeda y pierde el proceso electoral por 10 puntos. Se modificó drásticamente el sentido de la elección en dos días.

–Aquí, en México, ¿la tragedia de la Línea 12 del Metro…?

–Puede tener alguna influencia, vamos a ver electoralmente qué implicaciones o consecuencias pudiera arrojar.

–Antes del colapso de la Línea 12, los candidatos de Morena iban abajo en varios estados, no nada más en Nuevo León.

–Sí, el tema de la Línea 12 no sabemos si puede impactar nada más en la Ciudad de México o a escala nacional.

–Y en el sur está el descontento por el Tren Maya, por ejemplo.

–Sí, pero recuerde que las encuestas en los últimos 10 años han mostrado que no han sido tan precisas, porque también hay otros estudios que dicen que entre 25 y 30% de los ciudadanos deciden su voto a última hora y, a veces, el voto indeciso es el que decide el resultado de la elección.

Caso Durango

“No recuerdo si fue en 2009 o en 2010, pero fue en las elecciones de Durango, ahí se usó por primera vez una tarjeta, era La cumplidora. El tema de la tarjeta es lo que llaman los abogados un tema futuro e incierto, es una propuesta, no se materializa en un acto instantáneo. Es una propuesta que, si gana, incorpora como un nuevo programa social.”

Díaz-Santana afirma que, desde el caso Durango, el tema de las tarjetas es muy recurrente en el tribunal electoral, pero nunca se ha sancionado.

–¿Entonces, las denuncias del presidente se reducirían a una cuestión mediática?

–Se reduciría a un tema de polémica que requiere de un ajuste estructural porque, primero, se ha comprobado que todos los partidos políticos han usado esas tarjetas y, segundo, los tribunales han emitido una valoración acerca de que la tarjeta no puede considerarse un material de publicidad o de propaganda política y no está prohibido.

“Por lo tanto, si hay actores –como el presidente– que consideran lo contrario, o si a mí me lo preguntan, yo diría que hay que prohibirlo, pero por ley, igual que la distribución de despensas.”

–En esta ocasión, el presidente aceptó que sí tuvo que ver en que la fiscalía abriera carpetas de investigación.

–La Constitución establece que cualquier ciudadano puede denunciar algún acto en el que perciba que se está cometiendo algún tipo de delito.

Pero cuando al entrevistado se le insiste que el presidente es quien ordena investigar, y lo hace desde la conferencia matutina, acepta que no es lo mismo a que denuncie cualquier ciudadano. El impacto es diferente.

–¿Recuerda otra situación en la cual públicamente un mandatario utilice la tribuna presidencial para exhibir a candidatos de oposición y ordenar a la FGR actuar contra ellos?

–No lo recuerdo.

Este texto forma parte del número 2324 de la edición impresa de Proceso, publicado el 16 de mayo de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí