Sentado frente a la pantalla de su computadora, Porfirio Muñoz Ledo encabeza una reunión virtual con militantes de Morena inconformes porque la dirigencia nacional de su partido los desplazó e impuso como candidatos en sus estados a personajes provenientes del PRI y del PAN. Ante el cúmulo de reclamos, el veterano político exclama: “Se pasaron de la raya. Morena no es democrático. Esto es el PRI… y es el PRI malo”. Llama luego a las bases morenistas a la resistencia y lanza acciones concretas: impugnar legalmente las candidaturas y protestar públicamente, elevando el reclamo a su otrora compañero de lucha: el presidente Andrés Manuel López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Llevada hasta el límite de fechas para registro, la designación de candidatos a diputados federales y otros cargos de elección popular detonó la previsible inconformidad en Morena: la rebelión –manifiesta en al menos 15 entidades del país– se propone bajar candidatos que inician campañas este domingo 4.

Las inconformidades tienen un común denominador: la desconfianza en las encuestas, cuya opacidad ha sido defendida por su presidente nacional, Mario Delgado, cuya propia elección mediante la accidentada realización de encuestas está impugnada.

El pasado 29 de marzo Morena registró su lista de candidatos a diputados federales de mayoría y un día después, la de representación proporcional en la que, entre otras ausencias, destacó la de Porfirio Muñoz Ledo, veterano de la política que fue el rival más fuerte de Delgado hasta octubre pasado, cuando se definió la dirigencia.

Fue precisamente el 30 de marzo, en el contexto del registro de candidatos a diputados federales, cuando Muñoz Ledo –quien ya acusaba la exclusión de la lista, con lo que se le cerraba el paso a la reelección– difundió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre aquella contienda interna, aunque por un motivo distinto al de la encuesta: el uso de recursos privados para la promoción del hoy dirigente.

Las expresiones de Muñoz Ledo remitieron a una pugna adicional de Mario Delgado con el Instituto Nacional Electoral (INE), que desde enero reclama por el retiro de varios spots. Dicha pugna se agudizó con los lineamientos emitidos del 19 de marzo con los que el órgano electoral pretende impedir la sobrerrepresentación legislativa, y se radicalizó con la resolución del propio Instituto, el 26 de marzo, con la que negó o canceló el registro de 39 candidatos morenistas y puso a otros 10 bajo investigación oficiosa, por no reportar gastos de precampaña, entre estos, los punteros de Morena en Michoacán, Raúl Morón, y en Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

El 29 de marzo Delgado visitó Villahermosa y respondió a una pregunta expresa sobre renovar o exterminar al INE:

“Creo que son las dos cosas. Hay que pensar seriamente no sólo en el tema de las personas, sino en la institución que garantice una auténtica democracia”, dijo el dirigente del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

El 30 de marzo Muñoz Ledo emitió un mensaje en sus redes sociales: “Mario Delgado, acorralado por la justicia, se vuelve enemigo vociferante del INE. Miente sobre la selección de consejeros, que él mismo condujo en la Cámara, y exige la extinción del árbitro electoral con amenaza de juicio político”.

El mensaje continúa en un segundo tuit: “Todo porque el TEPJF acaba de mandatar al Instituto (INE) fiscalizar la opacidad y el uso escandaloso de recursos durante su campaña por la dirigencia de Morena, en la que fui atracado. Pretende ejecutar a la autoridad, antes de que lo declare ratero”.

Y anexó una síntesis de la resolución del TEPJF en que se instruye al INE y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a investigar el origen de los recursos para la campaña de Mario Delgado a la dirigencia nacional.

La lectura del hilo en Twitter, así como de la síntesis de la resolución, marcó el arranque de un encuentro virtual entre Muñoz Ledo y morenistas de 15 entidades federativas celebrada la noche del 31 de marzo, en la que el reportero estuvo presente.

Con el señalamiento de tener un dirigente ilegítimo y padecer autoritrismo partidista, los convocados alcanzaron dos acuerdos: impugnar por la vía legal las candidaturas y protestar públicamente, elevando el reclamo al presidente López Obrador, pues entre los implicados en las presuntas imposiciones está el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García Hernández, el funcionario a cargo de los superdelegados que forma parte del staff presidencial.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2318 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.