Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica que suspendió la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, provocaron que litigantes, jueces y magistrados buscaran la intervención del relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, para que dé seguimiento a lo que consideran amenazas a la autonomía e independencia del Poder Judicial.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Litigantes, jueces y magistrados de México han establecido contacto con el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ante lo que consideran una de las mayores amenazas a la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los últimos 25 años.

Agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), los impartidores de justicia han solicitado a García-Sayán dar seguimiento a los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra un juez especializado en competencia económica que suspendió de forma definitiva la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El fallo del juez Juan Pablo Gómez Fierro provocó la molestia del titular del Ejecutivo Federal, quien emprendió una reforma legal para fortalecer las facultades del Estado en detrimento de la participación privada, a pesar de que apenas el 3 de febrero pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra la participación monopólica del Estado en el mercado de energía eléctrica.

Tras la andanada del presidente contra el juzgador federal, los jueces y magistrados mexicanos advierten que la amenaza no sólo radica en el uso de la conferencia matutina de López Obrador para exponer, de manera sesgada, los fallos incómodos del juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, sino también en la propuesta gubernamental de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF.

Según los impartidores de justicia, esas normas establecen márgenes “muy discrecionales” para la suspensión y cambio de residencia, conocida como readscripción, de los impartidores de justicia. Las modificaciones, además, prevén eliminar la jubilación en caso de que los ministros en retiro reciban honorarios, como es el caso del ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien el presidente acusó de actuar contra su gobierno y ser parte de los abogados que promovieron los amparos contra su reforma eléctrica.

Recibida por el Senado el pasado viernes 12, el gobierno de López Obrador pretende que esas iniciativas de ley se aprueben en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que concluye el 30 abril.

Los jueces y magistrados federales ven esa prisa como un intento de aprobar una reforma sin realizar consultas a los integrantes del PJF ni a otros operadores del sistema de justicia, con el riesgo que esto representa para la independencia judicial a escala federal. Ese peligro ha sido advertido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por los impartidores de justicia.

Sin embargo, en declaraciones públicas, Zaldívar ha negado que exista cualquier intromisión del Ejecutivo en la vida interna del Poder Judicial de la Federación.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2316 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.