Fuentes jurídicas consultadas en España por el corresponsal de Proceso indican que el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, alcanzó un acuerdo de reparación del daño por el sobrecosto en la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, por lo que sus abogados intentan su liberación y con ello evitar un juicio. Según esas fuentes, Alfonso Romo, el extitular de la Oficina de la Presidencia, jugó un papel importante en esa negociación.

MADRID/CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso Ancira Elizondo, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), llegó a México con la certeza de contar con un acuerdo legal para “reparar” el daño ocasionado a Pemex en el caso Agronitrogenados, lo que le permitiría recuperar su libertad.

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) aún evalúa su propuesta, por lo que el empresario tendrá que negociar una salida legal a las imputaciones que enfrenta por el delito de lavado de dinero. Por lo pronto debe pasar sus primeros cuatro días en una prisión de mediana seguridad.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, deslizó en la conferencia del viernes 5 que el gobierno federal, a través de Pemex en su calidad de ofendido o víctima, busca la aplicación de un criterio de oportunidad que obligaría a Ancira Elizondo a convertirse en un testigo de la FGR para denunciar actos de presunta corrupción ligados a la petrolera e imputar a servidores públicos de alto nivel. 

“Si se acoge a un criterio de oportunidad y si devuelve todo lo que costó esta planta de Agronitrogenados –que realmente su valor fue muy superior a lo que los avalúos habrían establecido, o sea, lo que se pagó por esta planta fue muy superior a lo que los avalúos y lo que realmente era esa planta, parece que la planta es más chatarra que otra cosa–, entonces ya con avalúos, con un proceso legal sólido, sí se le daría oportunidad de acogerse (al criterio de oportunidad) al señor Ancira, devolviendo precisamente estos recursos, aceptar que efectivamente hubo un tema de sobreprecio y hubo un tema de enriquecimiento indebido o ilícito, entonces sí, acogerse a criterios de oportunidad, sí podría tener esa opción, porque el Sistema de Justicia Penal Acusatorio así lo permite”, sentenció Sánchez Cordero. 

Estefanía Medina, cofundadora de la asociación Tojil, especializada en derecho penal, advierte que el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad abren dos caminos legales para el imputado Alonso Ancira y descarta que se beneficie de manera indirecta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin:

“Son escenarios jurídicos completamente distintos. En el criterio de oportunidad, por lo menos al momento de otorgarlo, se hace a cambio de información que el imputado pudiera dar. Es la misma hipótesis que en el caso Odebrecht de Emilio Lozoya. Ahí se tendría que corroborar la información que Ancira pudiera dar para otros procedimientos; además de que se debe verificar que las personas señaladas estén involucradas en delitos más graves o sean de mayor jerarquía o de mayor participación, y también sería un requisito efectuar el pago de la reparación del daño en este caso.”

En contraste, detalla Medina, el acuerdo reparatorio es una figura que permite un acuerdo económico entre las partes para pagar la reparación del daño, por lo que ahí terminaría el procedimiento penal y Alonso Ancira ya no tendría ningún tipo de obligación para seguir colaborando con la FGR en el proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. 

La abogada de Tojil destaca la diferencia de trato que se le dio a Lozoya y a Ancira dentro de la misma causa penal. El primero no fue sometido a una medida cautelar restrictiva de su libertad, mientras que el segundo deberá negociar con los fiscales de la FGR un acuerdo que le permita recuperar su libertad.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2310 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 7 de febrero de 2021.