De concretarse, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica desatará una ola de demandas y una nueva controversia constitucional. Pero nada de eso parece preocuparle al gobierno pues en el fondo, apuntan especialistas, se trata de seguir apoyando a la CFE –el año pasado Hacienda transfirió más de 63 mil millones de pesos en subsidios– para mantener las tarifas tan bajas como sea posible, en beneficio de la mayoría de la población, sin importar las inversiones privadas que ya pintan en el sector.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la participación de particulares en el sector eléctrico busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupere participación de mercado con miras a fortalecer sus ingresos. 

Sin embargo, la decisión de reformar de manera acelerada la Ley de la Industria Eléctrica generará una ola de demandas y una nueva controversia constitucional, además de enrarecer el ambiente y la confianza para efectuar nuevas inversiones.

Detrás de la iniciativa preferente, dicen analistas, está la preocupación de la CFE de que la Secretaría de Hacienda se vea imposibilitada para seguir transfiriéndole recursos que le permitan mantener los subsidios a las tarifas y que, entonces, López Obrador no pueda cumplir su promesa de no incrementarlas, señala en entrevista el consultor Ramses Pech, de Caraiva y Asociados. 

Durante los primeros nueve meses de 2020 la Secretaría de Hacienda tuvo que transferir al menos 63 mil millones de pesos para subsidiar las tarifas de sus consumidores en el mercado residencial. El subsidio se elevó más de 51.2% y se prevé que en 2021 llegué a 70 mil millones de pesos ante el crecimiento del número de consumidores. 

Pech refirió que la CFE cuenta con más de 40 millones de clientes cautivos en el área doméstica, pero ese mercado sólo representa 25% de los recursos que genera el sector y que, por cada peso que se compra de electricidad en el país, sólo 25 centavos ingresen a las finanzas de la Comisión, cuando 68% corresponde a grandes industrias, comercio y agricultura.

Aún más, el problema que tiene la CFE es que su generación está cautiva con el mercado doméstico. 

Los contratos legados, los que atiende el sector privado y los de autoabastecimiento, tal como se diseñó la reforma aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, limitan a la CFE para establecer contratos tan rentables como los que tiene ahora la iniciativa privada. 

No sólo eso, agrega Pech, está confirmado que la distribución –a cargo de la empresa productiva del Estado– es tan costosa como la generación. Las empresas privadas, sin embargo, no pueden invertir en distribución y transmisión, un área reservada para la Comisión Federal. La pregunta, dice el consultor, es si la CFE tiene recursos para seguir invirtiendo en el tendido de líneas, en la distribución de electricidad que generan tanto sus plantas como las del sector privado. 

Por ello, dice Pech, la iniciativa aborda una problemática de un mercado que ya cambió y que se transforma en un sector fundamental para el desarrollo del país. 

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2311 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 14 de febrero de 2021.