Al tiempo que López Obrador no ceja en las críticas a la UNAM, su ambicioso proyecto de educación superior, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, enfrenta un explosivo conflicto laboral: 150 profesores –15% de su planta docente– han sido despedidos con el argumento de que firmaron un “convenio de servicios educativos” que les priva de toda prestación social. Ante la negativa de ser reconocidos como trabajadores, decenas de ellos se aprestan a demandar y pelear sus casos en tribunales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A dos años y medio de su creación, el ambicioso programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) tropezó con las renuncias de varios de sus fundadores y quedó a merced de las decisiones de su directora, Raquel Sosa Elizaga, quien en los últimos cuatro meses despidió a más de 150 profesores, equivalente a 15% de su plantilla docente.

El conflicto laboral está a punto de escalar y de llegar ante los tribunales, pues en reuniones de conciliación auspiciadas por la Secretaría del Trabajo, el equipo de Sosa se ha negado a reconocer a los profesores como trabajadores: afirma que están contratados con un “convenio de servicios educativos” que les priva de toda prestación social. Ello, a pesar de que en septiembre de 2019 Sosa prometió que el trámite para su regularización estaba en curso.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado recientemente la “derechización” de la UNAM, los profesores de la universidad que creó la llamada Cuarta Transformación no tienen plaza –cobran sus salarios como si fueran subsidios de un programa social– ni seguridad social y mucho menos representación sindical.

De hecho, en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2020 y 2021, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG) fue dotado de mil millones de pesos, de los cuales 987 millones 413 mil pesos fueron destinados para “subsidios”.

Los salarios de los profesores salen de esta partida, mientras que Sosa y sus 20 colaboradores en la estructura orgánica del OCUBBJG que aparecen actualmente en la plataforma Nómina Transparente cobran como servidores públicos federales. El salario neto mensual de la mujer se eleva a 91 mil 518 pesos, con prestaciones de ley.

Para la elaboración de este reportaje, Proceso habló con profesores despedidos, quienes insisten en que el programa es bueno en sí –ofrece seis carreras universitarias a jóvenes en 140 municipios marginados de México–, pero deploran que su estructura vertical concentre todas las decisiones en la figura “autoritaria” de la directora general, sin contrapeso académico ni institucional.

Los profesores con procesos de demanda contra el organismo hablan con este semanario bajo condición de mantener el anonimato; han batallado para encontrar trabajo en la docencia y temen represalias.

Dicen que por lo menos al final del primero ciclo escolar 2021 –es decir, antes de su despido–, ninguna sede estaba terminada ni contaba con una conexión de internet o material informático; los alumnos eran cada vez más numerosos y las jornadas laborales cada vez más pesadas, con más de 10 horas, seis asignaturas por docente y sin presupuesto para comprar gis o materiales básicos.

“Te puedo decir que la universidad se sostiene por la lana de los profes”, dice una profesora que laboraba en la alcaldía Iztapalapa. Y añade: “En las conferencias mañaneras Sosa dice que ella opera el programa de manera muy austera, pero porque ella no provee el dinero a las instalaciones”.

Proceso envió un cuestionario a la SEP y una solicitud de entrevista con Raquel Sosa, que al cierre de esta edición no obtuvieron respuesta.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2348 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.