La iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador es una expropiación de facto con efectos retroactivos que viola las leyes mexicanas y los tratados internacionales, en particular el T-MEC, y justo por ello es de esperarse un alud de recursos legales para detener su aplicación en caso de que la aprueben la Cámara de Diputados y el Senado, afirman especialistas en derecho y en políticas públicas, así como consultores empresariales.

CIUDAD DE MÈXICO (proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto supo que la reforma de Felipe Calderón al sector eléctrico generó prácticas desleales contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo decidió no impugnar la legalidad de los permisos de autoabasto energético, porque hubiera enfrentado demandas por desconocer los derechos adquiridos que le heredó la administración panista, informaron exfuncionarios de la Secretaría de Energía del gobierno anterior.

En el contexto de la reforma constitucional de 2013 las empresas privadas defendieron sus contratos y los derechos previamente adquiridos, confirmó uno de estos funcionarios.

Ahora serán los votos del PRI los que harán posible echar atrás un sistema energético que hoy impugna la Cuarta Transformación por considerar que daña las finanzas de la CFE y pone en riesgo la soberanía del país en este rubro.

Sin embargo, de aprobarse la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, las empresas que operan permisos para el autoabastecimiento de electricidad podrán argumentar ante tribunales nacionales e internacionales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió desde el Poder Legislativo la cancelación de todos los contratos de compra-venta con la CFE, por lo que resulta expropiatoria y retroactiva.

La organización México Evalúa considera además que la iniciativa afectará el Presupuesto de Egresos de la Federación. Señala que el documento no toma en cuenta dicha afectación, lo cual, subraya, es “muy preocupante”.

En los próximos días los funcionarios de la 4T defenderán en foros públicos y privados que la reforma para el sector eléctrico impulsada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto obligó a la CFE a entregar energía que no tenía, por lo cual se vio forzada a comprar electricidad a privados a precios elevados afectando sus finanzas y operaciones.

“Vamos a informar a detalle en qué consistió la Reforma Energética (del sexenio de Enrique Peña Nieto) en materia de electricidad, por qué tienen subsidio las empresas, por qué las tiendas Oxxo pagan tarifas más baratas que lo que paga un usuario de una familia de la clase popular o de las clases medias”, dijo López Obrador en su conferencia matutina del pasado viernes 8.

Entre los argumentos que se presentarán para impulsar la iniciativa destacan que para satisfacer la demanda se despachan las centrales de la más barata a la más cara, pero todas reciben el precio que ofertó la central más cara, beneficiando a los privados. A CFE Suministro Básico, con 46.2 millones de usuarios, se le impide adquirir la energía de las centrales de CFE, y es obligada a comprar energía a los privados a través de subastas de largo plazo, la mayoría renovables, según la iniciativa.

En el caso de los Productores Independientes (PIE), se obliga a la Comisión Federal de Electricidad a comprarles energía en contratos por 25 años. Así, recuperan su inversión y se quedan con la propiedad de la central eléctrica compitiendo con la CFE en todas las áreas.

Actualmente, hay 34 centrales de los PIE, con 31% de la energía del país.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2345 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.