La propuesta de reforma energética terminó por dividir a los legisladores priistas. Mientras Rubén Moreira pide que se discuta en parlamento abierto, Claudia Ruiz Massieu marca su distancia y previene sobre las implicaciones económicas y sociales, así como sobre las consecuencias por indemnizaciones. Y los panistas, que se niegan rotundamente a dar su voto aprobatorio, advierten ya los riesgos de que su alianza con el PRI se resquebraje.  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La apertura del debate energético en su apartado eléctrico colocó al PRI como un actor protagónico que inauguró octubre acicateado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario urge a los priistas a tomar postura mientras que el partido más antiguo de México, en los hechos, se desmarcó de la negativa total de su aliado el PAN.

Una semana bastó para que la agenda energética motivara una crispación entre los grupos de priistas más próximos al peñanietismo y la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, cuyas definiciones en torno a la reforma eléctrica se perfilan para marcar el tipo de oposición que pretende ser y la relación o la permanencia de su alianza con el PAN y el PRD, con los que ha tenido tensiones, extrañamientos y suspicacias. 

Apenas pasado el proceso electoral, el 8 de junio, López Obrador sembró una idea que legisladores panistas consultados suelen referir en privado: para aprobar reformas podría buscar los votos del PRI.

Y es que, con un resultado electoral que colocó a Morena, con sus aliados, PVEM y PT, a 56 votos de la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional, la posibilidad de un estancamiento legislativo empezó a disiparse con esa declaración, primero, y con otros episodios después que, sin embargo, no fueron tan conocidos como el que mantiene las diferencias que derivaron de la presentación de la iniciativa de reforma al sector eléctrico.

A un mes de iniciada la legislatura, la presión aumentó entre aliados, si bien es cierto que desde la última semana de agosto se generaron los primeros roces por el interés del PRI en presidir, como a la postre logró, la Junta de Coordinación Política durante el primer año.

Luego, a mediados de septiembre, una reforma a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados amplió el número de comisiones. El acuerdo con Morena resultó en un reparto de presidencias que dejó al PRI con dos de las más relevantes: Gobernación y Vigilancia. La extrañeza en la bancada panista fue explícita tras el reparto, cuyas negociaciones encabezaron el coordinador morenista Ignacio Mier y el priista Rubén Moreira.

Sin embargo, el reparto de comisiones se vio entrampado cuando en el Senado no se aprobó en tiempo la reforma, pues el 30 de septiembre el pleno se vació dejando la Cámara Alta sin quórum. La bancada de Movimiento Ciudadano abandonó la sesión y acusó desaseo legislativo. El proceso se aplazó para la sesión del martes 5, cuando finalmente se aprobó.

Mientras los desacuerdos y el malestar entre los aliados PRI y PAN se atemperaban, ese mismo 30 de septiembre López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al sector eléctrico y para el viernes 1 llamaba ya al PRI a definirse entre el legado cardenista o la política neoliberal que suele identificarse con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En tanto, el PAN adelantó su negativa absoluta a discutir el tema, acusando una regresión en el sector, así como una lógica autoritaria por la pretensión presidencial de extinguir los órganos reguladores.

Del lado del PRI fue Moreira quien se colocó en medio de los dos extremos, llamando a realizar un parlamento abierto y motivando así el reclamo de los panistas, inclusive, con su par cameral, Jorge Romero Herrera, amagando con el rompimiento de la alianza que de lo electoral se supone legislativa, conocida como Va por México.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2345 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.