Desear la independencia de Cataluña es un crimen en España. Lo saben muy bien Carles Puigdemont y otros líderes catalanes que, juzgados, amenazados y hostigados, debieron exiliarse. Pero también lo sabe, por vivirlo en carne propia, el abogado Gonzalo Boyé, quien ha coordinado la estrategia internacional de defensa de esos dirigentes independentistas. Sectores ultraconservadores del Estado español ya desataron una auténtica guerra judicial contra el litigante.

MADRID, Esp. (Proceso).- El abogado Gonzalo Boyé Tuset tiene claro que desde ciertos sectores del Estado español se ha iniciado una guerra judicial en su contra, a medida que avanzan sus éxitos en tribunales europeos como coordinador de la estrategia internacional del expresidente catalán Carles Puigdemont y del grupo de independentistas exiliados en distintas ciudades europeas.

“Es evidente que desde sectores muy conservadores del Estado se quiere dar un castigo ejemplar y ejemplarizante al presidente Puigdemont y a los líderes independentistas catalanes para que nunca más nadie se atreva a atacar la unidad de la nación española.

“Pero hasta ahora no han podido echarles el guante, porque les han negado las extradiciones, y eso los tiene muy molestos. El problema es que es muy difícil explicarle a Europa que unas protestas y la instalación de unas urnas (en Cataluña) se traduce en rebelión o en sedición. Esas decisiones jurisdiccionales europeas han dejado muy mal parado a ese sector de la justicia española”, dice Boyé a Proceso.

“Es por ello”, prosigue, “que han enfocado sus baterías en contra mía en una burda maquinación. Es clarísima la acción-reacción: ganamos algún punto del tema catalán en los tribunales europeos y de inmediato aquí se recrudece la ofensiva en mi contra”. Este abogado chileno, con nacionalidad alemana, es muy poco apreciado en los estamentos políticos, judiciales y mediáticos más “españolistas”.

La razón es que en 1992 fue sentenciado como “cooperador necesario” en el secuestro del empresario Emiliano Revilla a manos de la ETA. Un vehículo de su propiedad, que dejó encargado con un compañero de la consultoría en comercio internacional que entonces dirigía, fue utilizado para cometer el delito, sin que Boyé tuviera conocimiento, porque en aquel momento se encontraba en Chile en las bodas de plata de sus padres.

Su defensa nunca pudo interrogar al único participante que lo implicó en ese hecho, porque el juez consideró que no era necesario; ni siquiera lo presentó en el tribunal. Eran años en los que los crímenes de la ETA habían provocado huellas profundas en la sociedad española. Por tanto, Boyé pasó siete años 11 meses y 23 días en prisión, tiempo que aprovechó para cursar derecho en la universidad abierta.

Una vez libre ha ejercido como abogado en algunos de los juicios más relevantes, como el del atentado de Atocha en 2004 (el 11M). Presentó en España querella contra el entramado del gobierno de George Bush que impulsó la práctica de las torturas en Guantánamo y es miembro del equipo europeo de abogados de Edward Snowden, el consultor informático que filtró los mecanismos de espionaje de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Operación Mito”

El lunes 18 de enero de 2021, Boyé compareció ante la juez María Tardón, titular del Juzgado de Instrucción tres de la Audiencia Nacional, para declarar como procesado en la macrocausa contra la organización del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por la introducción de cuatro toneladas de cocaína. El despacho de Boyé representó en algún momento al conocido narco gallego y, por separado, al empresario Manuel González Rubio, incluido en dicha causa judicial.

En su auto del 18 de diciembre la juez dictó el procesamiento contra 44 personas por esa causa, denominada Operación Mito. Pero abrió una pieza separada por el delito de blanqueo de capitales, en la que señala a Boyé.

Según la acusación, basada en informes del fiscal Ignacio de Lucas y la Policía Nacional, el abogado habría elaborado unos contratos supuestamente falsos para tratar de recuperar casi 900 mil euros que fueron incautados el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto Madrid-Barajas. Se afirma, además, que dicho monto pertenece a Sito Miñanco y no a Manuel González Rubio –el verdadero propietario del dinero– y que se trataba de una operación para blanquear ese capital.

En su declaración, Boyé negó su participación en el presunto delito de blanqueo de capitales que pretendidamente se atribuye a su antiguo cliente.

En una declaración posterior a su comparecencia aseguró: “tomaré las medidas legales oportunas para averiguar si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia en este procedimiento”, para “que en el futuro ningún abogado sea perseguido simplemente por ejercer su profesión”.

Esto, porque la única prueba de cargo es una “declaración voluntaria” del colombiano Manuel Puentes Saavedra, socio de González Rubio, quien luego de 17 meses en prisión cambió su declaración para señalar al abogado de ser el “autor” de dichos contratos. “De la noche a la mañana se convierte en un testigo de conveniencia”, afirma el entrevistado.

Boyé señala que Tardón acordó el 14 de enero de 2019 tomar la declaración voluntaria a Puentes para el 30 de enero de ese año; sin embargo, el acusado “no terminó de decir nada relevante y se pudo percibir el notable enfado del fiscal”.

Después de ese amago de declaración, la policía aportó al juzgado una serie de evidencias que vinculaban a Puentes con una operación de tráfico de drogas que investiga el juzgado 50 de Madrid y, también, con el asesinato de un socio suyo, el también colombiano Santiago Quintero Marín, hechos sucedidos en Colombia. El juzgado, a instancias del fiscal, acordó remitir esa información a las autoridades colombianas, lo que nunca sucedió.

Por ello, el 24 de julio de 2019 Puentes pidió nuevamente prestar declaración voluntaria y, ahora sí, afirmó que Boyé urdió la trama para recuperar el dinero incautado. Aseguró que Sito Miñanco y el colombiano participaron en las reuniones para urdir la trama en el despacho del abogado, cosa que éste desmiente.

En esa ocasión, Puentes contestó a 34 preguntas de la juez y del fiscal. “Lo único que no contestó es cuando mi defensa le pregunta: ‘Ha recibido visitas de la policía en prisión’. Y: ‘Le han ofrecido algo a cambio de hacer esta declaración’, y dice que a eso tampoco contesta”, relata Boyé.

“…Y ahí lo dejo”

Boyé es un activo usuario de Twitter, donde comparte sus puntos de vista sobre temas del acontecer político, pero también recurre a esta red social para adelantar información sobre los procedimientos de la defensa de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret. Sus mensajes resultan enigmáticos y los finaliza con la coletilla: “…Y ahí lo dejo”.

Así sucedió el 6 de abril de 2018, cuando Puigdemont fue excarcelado en Alemania porque un tribunal de este país negó su extradición a España, solicitada a través de una euro-orden por el delito de rebelión. Boyé escribió previamente: “Está de bueno el clima en Berlín que da gusto… y ahí lo dejo”.

–Su estilo en Twitter es muy provocador. ¿Eso ha enojado a las autoridades españolas? –se le inquiere.

–Creo que sí. Era parte de nuestra estrategia para colocar públicamente nuestras posiciones. Obviamente nosotros no sabemos cómo va a resolver un tribunal en Europa, pero sí hemos sido muy acuciosos estudiando los distintos escenarios, mientras que los tribunales españoles han actuado en una lógica muy nacional y piden delitos como la rebelión o la sedición, algo que más allá de los Pirineos provoca perplejidad.

Sólo tres semanas después de conseguir la excarcelación de Puigdemont en Alemania, en abril de 2018, se dio inicio al procedimiento secreto contra el abogado, haciéndolo responsable de los referidos contratos para recuperar el dinero incautado en el aeropuerto madrileño.

Aún más: el 14 de enero de 2019, cuando Tardón autorizó la fallida primera “declaración voluntaria” de Puentes, la misma magistrada había tenido que inadmitir otra querella contra Boyé, contra Puigdemont y otros promovida por el partido de ultraderecha Vox y por la asociación ultraconservadora de juristas Movimiento 24Dos, que preside Nicolás González-Cuéllar, el editor de los libros del juez Manuel Marchena, presidente de la sala penal del Tribunal Supremo español que sentenció a los políticos catalanes que no abandonaron España y que purgan penas de prisión.

La defensa de Puigdemont había promovido en los tribunales de Bélgica un procedimiento civil contra el juez Pablo Llarena, el magistrado español que fue punta de lanza en la acusación por rebelión.

Los denunciantes entendían que Llarena no había sido imparcial al aplicar la ley contra ellos. La polémica surgió porque la defensa de los catalanes presentó en Bruselas algunos documentos en francés, elaborados por traductores belgas facultados y acreditados para realizar traducciones judiciales, pero contenían un error en la traducción. Esto dio pie a que en España las querellas de Vox y del Movimiento 24Dos acusaran de un hecho motivado con mala intención.

Finalmente el fiscal se pronunció argumentando que esos hechos no eran constitutivos de delito y eso obligó a Tardón a inadmitir la querella, pero eso no le impidió que en su resolución asegurara que se trataba de un hecho delictivo gravísimo y que Boyé era el responsable de la falsificación de dicha traducción.

Otro momento en que el abogado identifica que la ofensiva en su contra se recrudeció fue a partir de diciembre de 2019, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el auto que privaba a Puigdemont y Toni Comín de asumir sus escaños como eurodiputados, seis meses después de la celebración de las elecciones europeas, venciendo nuevamente a la justicia española que pretendía impedir su llegada al Parlamento Europeo.

Otro hecho que también tiene una singular coincidencia es que el 14 de octubre de 2019 Llarena acordó emitir una tercera orden europea de detención y entrega de Puigdemont, y sólo una semana después, el 21 de octubre, Tardón acordó la entrada y registro en la casa de Boyé y en su despacho.

Un hecho notorio fue que el cateo se filtró a los medios y hubo un acucioso seguimiento de la noticia en los programas de televisión y radio en vivo y en la mayoría de los noticieros.

En el registro, la policía no encontró evidencia de la elaboración de los supuestos contratos, pero los agentes hicieron una copia de todas las comunicaciones y mensajería de texto del teléfono celular y el contenido de todos sus correos electrónicos desde 2012. “Lo comprometido es que en mi teléfono y correos existe información confidencial de al menos 400 clientes ajenos a la causa independentista, tanto como del caso de Sito Miñanco y de Manuel González Rubio”, señala el abogado.

Huecos en el relato policial

El reportero tuvo acceso al contenido de una serie de llamadas telefónicas intervenidas por la policía bajo el amparo de una orden judicial como parte de la Operación Mito, en las que González Rubio reconoce que él es el propietario de los casi 900 mil euros que fueron incautados en 2017.

Sin embargo, en opinión de Boyé esas conversaciones “que han estado en poder de la policía, el fiscal y el juzgado, han sido ocultadas del relato policial para que no se desmonte la versión incriminatoria en mi contra”.

El abogado recuerda que en 2020 González Rubio, luego de dos años en prisión, también decidió cambiar su versión al decir que el dinero no era suyo. “Pero está claro que desde el 8 de febrero de 2017, que pasó por la puerta del despacho pidiendo nuestra asesoría jurídica –dos días después del aseguramiento del dinero– ha venido aportando documentación probatoria de que él era el dueño del dinero y que éste era lícito.

Su despacho presentó toda la documentación al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) e hizo las alegaciones para proceder a recuperar el monto.

El 10 de mayo de 2017 el Sepblac respondió que algunos de esos contratos ya habían sido utilizados y se inició un procedimiento de sanción administrativa por exportación de divisas, sin previa declaración del movimiento de ese monto. “Sepblac no sancionó por blanqueo de capitales”.

Sostiene que “Sepblac sancionó por un traslado no autorizado del dinero. Pero ahí viene la parte donde se presentan mis problemas, porque cuando detienen a González Rubio por la operación contra Sito Miñanco, en la comparecencia para ingresar a prisión se nos dice que uno de los temas por los que entraba en prisión era por blanqueo de este dinero intervenido en el aeropuerto Madrid-Barajas.

“Entonces yo mismo le digo a la juez: ‘Perdón, creo que aquí hay una confusión, porque este tema ya lo resolvió el Sepblac y no hay una acusación por blanqueo’. Pedí tiempo para aportar toda la documentación en esa misma comparecencia en el juzgado de la Audiencia Nacional, que no tenía conocimiento de ese procedimiento en el Sepblac, lo que pone en entredicho la calidad de la investigación.

“Pero entonces es cuando, convenientemente para la policía y la fiscalía, tergiversando los términos lo convierten en una prueba de blanqueo y en una prueba que, dicen, me implica en la trama para recuperar el dinero.”

Este reportaje forma parte del número 2308 de la edición impresa de Proceso, publicado el 24 de enero de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí