CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desacreditar la investigación de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, causó la ira del gobierno de Estados Unidos que, vía Nicole Navas Oxman, vocera del Departamento de Estado, amenazó con reiniciar el enjuiciamiento.

La fiscalía de Brooklyn acusó al general mexicano de traficar drogas y lavar dinero entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando presuntamente protegió al H-2, un capo surgido de las cenizas del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en declive desde 2010 tras la captura y muerte de sus líderes.

Las autoridades estadunidenses mostraron miles de mensajes de la plataforma BlackBerry como prueba de los señalamientos.

El romance que los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron desde el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió el poder, termina abruptamente a unos días del miércoles 20, fecha en que Donald Trump abandonará la Casa Blanca.

Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue capturado el 15 de octubre último en el aeropuerto de Los Ángeles, California, como resultado de una investigación por corrupción y narcotráfico que el Departamento de Justicia realizó desde hace una década, bajo el título Operación Padrino.

Las indagatorias ligaron al ahora general en retiro con la organización criminal de los Beltrán Leyva, que controlaba el tráfico de estupefacientes en Nayarit, Guerrero y Morelos. En esa época, Cienfuegos era el comandante de la IX Región Militar, con sede en Acapulco, y posteriormente ocupó el mismo cargo en Jalisco.

El 15 de octubre pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la detención del general en territorio estadunidense. La Cancillería fue informada del hecho por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

Al día siguiente, en su conferencia matutina, López Obrador declaró:

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal (...) Se podría hablar de un narcogobierno y, sin duda, de un gobierno mafioso”.

El mandatario mexicano también advirtió que posibles colaboradores de Cienfuegos podrían estar activos en el Ejército. “Van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”. No obstante, el político tabasqueño aclaró que el general aprehendido no era investigado en México.

Posteriormente, la posición de la 4T dio un vuelco: el gobierno de López Obrador le envió un “escrito” a Landau. En el texto, México expresó su “profundo descontento” ante el hecho de que las autoridades estadunidenses no informaron a su contraparte mexicana sobre el caso contra Cienfuegos y su intención de capturarlo.

Ese mismo día el embajador estadunidense reveló que desde que él llegó a México sabía sobre la investigación de la DEA y la orden de aprehensión contra el general.

“Dije: ‘¡Dios mío! Esa es una enorme bomba de tiempo haciendo tic, tac, aquí’”, recordó Landau durante una conferencia virtual en el Instituto Baker de Houston, Texas.

“Es un gran reto para nuestra colaboración en temas de seguridad porque es muy difícil para los mexicanos confiar en nosotros si no saben qué sucede, qué información tenemos; y es muy difícil para nosotros si no sabemos hasta qué punto podemos compartir esta información con nuestros colegas mexicanos. Es un gran reto”, abundó.

El senado estadunidense ratificó a Landau como embajador en México el 1 de agosto de 2019; 13 días después la Corte de Distrito Este de Nueva York emitió el oficio de imputación contra el general Cienfuegos por cuatro delitos, entre ellos narcotráfico y lavado de dinero. En el encausamiento el militar aparecía bajo el apodo de El Padrino.

Tras la captura de Cienfuegos, el gobierno mexicano presionó al estadunidense para que aceptara extraditarlo a México para ser investigado.

El canciller Marcelo Ebrard justificó la solicitud bajo los señalamientos de que el gobierno de Trump violó un pacto de 1992 que obliga a que se notificara a México sobre la investigación. Por tal motivo, el gobierno de López Obrador amenazó con suspender la cooperación con su contraparte en materia de seguridad.

En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos desestimó sus acusaciones contra el exsecretario de la Defensa, permitiendo su extradición. En la presentación ante la juez, los fiscales explicaron que el retiro de los cargos se debió a consideraciones de política exterior sensibles e importantes.

Manotazo mexicano

López Obrador mantuvo la tensión diplomática con Estados Unidos cuando propuso modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, la cual entró en vigor el 18 de diciembre último pese a que se podrían poner en riesgo las operaciones de la DEA con informantes mexicanos.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expuso en sus redes sociales que el proyecto de ley propuesto por el presidente sólo pretende regular la presencia de los agentes extranjeros en México, “para que actúen en el marco de la cooperación bilateral y los limitaría a actividades de enlace para intercambiar información con las autoridades mexicanas. Y no tendrían inmunidad por delitos o por sobrepasar los límites de su autoridad”.

Agregó que las modificaciones obligarían a los agentes extranjeros “a entregar al gobierno (de México) cualquier información que recopilen y a elaborar un informe mensual sobre sus actividades. De igual manera, requeriría que las autoridades locales mexicanas o los empleados federales informen al gobierno sobre cualquier reunión o llamada telefónica con agentes extranjeros”.

El gobierno estadunidense reaccionó sobre los informes que deberían entregar los agentes extranjeros en México… “Eso no va a suceder”, aseguró Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA.

“Lamentablemente existe una corrupción endémica dentro del gobierno (mexicano). Se va a filtrar (la información), comprometerá a los agentes, comprometerá a los informantes”.

En declaraciones a diferentes medios, el funcionario estadunidense habló sobre las razones de su gobierno para desconfiar de su contraparte mexicana: “El historial de filtraciones está bien documentado, en 2017 el comandante de una unidad de inteligencia de la policía mexicana, que recibió información de la DEA, fue acusado de pasar datos al cártel de los Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.

Vigil aseguró que las reformas planteadas en México van a “obstaculizar” las operaciones bilaterales y el intercambio bilateral de información. “Esto va a ser mucho más perjudicial para México”.

Expuso que “90% del intercambio de información va de la DEA a México, en lugar de México a Estados Unidos. La gran mayoría de los éxitos antidrogas en México provienen de información de la DEA”.

Pese a la posición negativa del gobierno estadunidense, entraron en vigor los nuevos lineamientos que regulan la relación de servidores públicos mexicanos con agentes extranjeros.

EU admite error

El jueves 14 la Fiscalía General de la Republica dio a conocer en un comunicado que las pruebas aportadas por el gobierno de Estados Unidos son insuficientes para que proceda la acusación contra el general Cienfuegos.

El presidente López Obrador aseguró que la DEA “fabricó” una acusación en la que le inventó delitos al exsecretario de la Defensa.

Ese mismo día, en una larga charla con representantes de medios nacionales, Landau criticó la política de seguridad del gobierno mexicano.

Sobre los nuevos lineamientos en la ley de seguridad nacional que limitan la actuación de los agentes extranjeros en México, señaló que el gobierno de Donald Trump estuvo “muy decepcionado” con esa nueva ley. “Espero que se puede implementar de manera que no perjudique la comunicación entre ambos países”.

El diplomático estadunidense reveló que el gobierno mexicano no enjuicia a narcotraficantes presos en Estados Unidos, pues autoridades de su país han propuesto extraditar a traficantes de armas que han sido detenidos y que son buscados en México. Sin embargo, durante su gestión no se ha recibido ninguna petición de extradición.

También dijo que Estados Unidos ha ofrecido la donación de equipos para detectar el tráfico de armamento en la frontera común, sin que representantes del gobierno mexicano se hayan acercado.

Recordó, además, la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos:

“Con el ‘culiacanazo’ vimos el poder de armas que tiene el crimen organizado, y ese no es sólo un problema de México, sino para nosotros”.

Sobre la detención del general reconoció que fue un error no haber dado aviso a las autoridades mexicanas, pues se puso en riesgo la colaboración mutua, pero se debió a un proceso burocrático en el sistema de justicia de su país; los fiscales no están conscientes de las repercusiones que el secreto pudo conllevar.

Agregó que, en aras de recuperar la confianza y colaboración, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, decidió enviar a Cienfuegos a México: “Él pensó que sería lo mejor para la cooperación entre ambos países”.

Texto publicado en la edición 2307 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí