Los operativos estatales y municipales desplegados en Guanajuato después de la masacre del anexo de Arandas, Irapuato, no consiguen garantizar la seguridad de los internos. Tampoco las autoridades de los tres niveles, encargadas de vigilar el funcionamiento de esos centros de tratamiento de adicciones, han cumplido plenamente su función. El resultado: la población afectada tiene menos opciones legales a donde acudir, y mayores riesgos para su integridad.  IRAPUATO, Gto. (Proceso)– El asesinato de 27 internos del anexo Buscando el Camino a mi Recuperación, en la comunidad de Arandas, Irapuato, cometido el 1 de julio y atribuido al cártel de Santa Rosa de Lima, desató en las semanas posteriores operativos de autoridades estatales y municipales contra estos centros de tratamiento para personas con adicciones.  Ninguno de esos niveles de gobierno atina a resolver de fondo la operatividad de las asociaciones y la calidad de los servicios que ofrecen. Tampoco el federal, que sólo tiene certificados o reconocidos 13 establecimientos, de los 234 que hasta marzo contaban con el “aviso de funcionamiento” en la Secretaría de Salud del estado, requisito inicial que prevé la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios de esa dependencia. Fuera de estos padrones se encuentra un número indeterminado de anexos y centros de tratamiento, cuya existencia fue puesta en la mirada pública luego de lo ocurrido en Irapuato. https://www.proceso.com.mx/350724/carceles-para-rehabilitar-2 La matanza en Arandas se considera el peor acto de aniquilamiento en el país cometido en estos centros para la rehabilitación de personas con adicciones. El crimen mostró que muy poco ha cambiado la operación de estos lugares de internamiento al paso de los sexenios y programas gubernamentales, ya sean federales o estatales.  La abrumadora mayoría de estos establecimientos opera en la clandestinidad o con mínima supervisión y vigilancia de autoridades municipales y estatales, tanto en materia de seguridad y protección civil como de sanidad. Directores de algunos de estos centros admiten que prevalece un desconocimiento de las políticas federales para el combate a las adicciones y del acceso a recursos para capacitación a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). El despliegue de operativos de revisión de estos centros, particularmente en Irapuato y León, fue evidente pocos días después de la ejecución masiva de los internos en Arandas, y particularmente tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado, el 15 de julio último. Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2290 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 20 de septiembre de 2020. https://www.proceso.com.mx/636622/comando-irrumpe-en-anexo-y-masacra-a-24-personas-en-irapuato