La cercanía de las posturas de Rosario Piedra Ibarra con las del presidente López Obrador no sólo provocó duras críticas de la oposición en su proceso de designación como presidenta de la CNDH, sino que sigue erosionando su gestión. La tibieza de sus pronunciamientos sobre temas delicados que le incumben al Ejecutivo provocaron, entre otras reacciones, la toma de las instalaciones del organismo y la escisión de su equipo. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Envuelta en el escándalo desde su designación por el Senado como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra se acerca al año de su gestión con una notoria incapacidad para despojarse de su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que constitucionalmente está obligada a someter a escrutinio. Renuncias de consejeros del organismo, acusaciones por despidos injustificados incluso durante la pandemia, acoso laboral, contrataciones de personajes involucrados en agresiones a mujeres y presunta corrupción, así como los tibios señalamientos sobre violaciones a derechos humanos y escasa productividad en recomendaciones a instancias gubernamentales, entre otros señalamientos, fueron coronadas con la toma de las oficinas de la CNDH en el la calle de Cuba 60, en el centro de la Ciudad de México, por una expresión del movimiento feminista, cuyas integrantes habían sido tachadas de “terroristas” por Piedra Ibarra durante las movilizaciones para exigir verdad y justicia en casos de feminicidio, durante el primer trimestre del año. Previo a la ocupación de las instalaciones, adonde Piedra había mudado sus oficinas, originalmente asignadas en San Jerónimo, las renuncias de los directores de las visitadurías primera y sexta, José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, compañeros de Rosario Ibarra de Piedra en la lucha por la presentación de los desaparecidos de la Guerra Sucia –y que la postularon a la presidencia de la República en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)–, acabaron por exhibir la falta de independencia del organismo frente al poder presidencial. El apego a la “austeridad republicana” se ha convertido en el mayor avance del organismo con la entrega de 100 millones de pesos al gobierno de López Obrador, producto de recortes presupuestales y de personal, para ser destinados a la atención de la pandemia de covid-19. Sin embargo, en materia de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, la actuación de Piedra Ibarra ha sido pobre si se compara con su antecesor, Luis Raúl González Pérez. Hasta el cierre de esta edición, la ombudsperson sólo había emitido 35 recomendaciones, cinco de ellas por violaciones graves y una general, mientras que González Pérez en sus últimos 11 meses remitió a diversas autoridades 114.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2289 de la revista Proceso, ya en circulación.