Salvo la de eliminar el fuero al presidente de la República, la llamada Cuarta Transformación ha cumplido con todas las reformas constitucionales que se propuso en los dos primeros años de la actual legislatura, pero el problema es a futuro, advierte el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Si no se aprueba una política fiscal progresiva y posteriormente el ingreso básico universal, no se podrá enfrentar la etapa poscovid-19 CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Dos reformas constitucionales de las nueve alcanzadas durante los primeros 19 meses del llamado gobierno de la Cuarta Transformación son especialmente presumidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador: la que considera como delito grave la corrupción y la creación del Sistema Nacional para el Bienestar, que incluye el derecho universal a la salud, las pensiones a adultos mayores y menores de edad con discapacidad, así como becas para estudiantes de escasos recursos económicos. De hecho, para López Obrador las modificaciones a la Carta Magna concretadas durante los casi dos años de su administración ya pueden considerarse como “una nueva Constitución dentro de la Constitución de 1917”. En orden cronológico, conforme a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de marzo de 2019 inició la vigencia de la reforma constitucional sobre extinción de dominio que permite recuperar el patrimonio público que ilegalmente se pierde por delitos atribuidos a servidores públicos y a la delincuencia organizada. Unos días después, el 26 de marzo, se aprobó la creación de la Guardia Nacional y, el 12 de abril se avaló agregar al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, entre otros, el fraude electoral, el robo de hidrocarburos y el abuso o violencia sexual contra menores de edad. El 15 de marzo, a cuatro meses de iniciada la administración lopezobradorista se cumplió con una de las más destacadas promesas de su campaña: poner fin a la reforma educativa aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y crear otra que pretende garantizar el derecho a la educación pública gratuita y universal en todos los niveles de educación y acabar con los elementos punitivos contra los maestros. A mitad de año, el 6 de junio del 2019, se aprobó establecer la paridad de género en cargos públicos de los tres órdenes de gobierno y el 9 de agosto se elevó a rango constitucional reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas, como parte de la composición pluricultural de la nación. Y para cerrar el 2019, el 20 de diciembre se avaló la revocación de mandato que permite a la ciudadanía decidir si los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, deben continuar o ser relevados de sus cargos. De hecho, en el 2022 se pondrá a prueba esta reforma cuando se someta a votación si López Obrador se queda o se va. El 6 de marzo de este año quedó vigente la reforma que elimina las condonaciones de impuestos injustificadas de las que de beneficiaban sobre todo los grandes empresarios y se tipificó como delito el fraude con facturas falsas; el 8 de mayo, en plena pandemia del covid-19 se creó el Sistema Nacional para el Bienestar, al que, lo remarca cotidianamente López Obrador, se opusieron los diputados federales del Partido Acción Nacional. Además de esas nueve reformas constitucionales, el presidente ha destacado la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá en el que se logró que el proyecto original que “contemplaba comprometer el petróleo y los recursos energéticos de México en una especie de un manejo conjunto de los países de América del Norte, se eliminó y quedaron dos o tres renglones en donde se reafirma la soberanía de nuestro país y el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales, en particular del petróleo”. A todo esto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, el morenista Ricardo Monreal Ávila presume que de las metas planteadas por la Cuarta Transformación durante los dos primeros años de la actual legislatura sólo una no se ha logrado: eliminar el fuero para el presidente de la República. “Se ha intentado aprobarlo dos veces y no se ha podido. López Obrador planteó sólo la eliminación del fuero presidencial y el Senado agregó a los gobernadores y legisladores pero no pasó en la Cámara de Diputados”, recuerda el senador. El tema, de acuerdo con la agenda de Morena en el Congreso, será el primer punto a debatir en el periodo ordinario que inicia este martes 1 de septiembre.

Lo ineludible

Entrevistado en sus oficinas del Senado, Monreal Ávila adelanta que en la etapa que denomina poscovid-19 será inevitable tocar el tema de la llamada progresividad fiscal que no es otra cosa que cobrar más a los que más tienen. “Si no sale esa reforma no podrá avanzar el país”, sentencia el coordinador de la bancada morenista. –Pero el presidente ha dicho que al menos durante los tres primeros años de su gobierno no habría modificaciones a la política fiscal, se le recuerda al legislador. –Es cierto, sin embargo, la necesidad se impone. Entiendo que el presidente de la República quiera sostener su compromiso, pero las consecuencias del covid-19 son tan devastadoras que no puede estar ausente una política fiscal progresiva y un nuevo orden económico incluso a nivel mundial. –¿Que pasaría si el presidente mantiene su compromiso de campaña y de gobierno? –Él puede cumplirlo, pero nosotros no podemos renunciar a nuestro trabajo. Él dijo ‘yo no enviaré ningún proyecto ni tampoco iniciativa tendiente a aumentar impuestos, a modificar los que están o a implementar nuevas cargas tributarias’, ese es su compromiso, pero el Poder Legislativo no puede rehuir a hacer una valoración profunda de lo que está pasando en el país y en el mundo, y él tendrá al final la capacidad de veto en el caso de que no resultara en su valoración conveniente la instrumentación de la política fiscal progresiva; eso en el caso de que llegáramos a ese extremo, porque no queremos nunca asumir una actitud de confrontación con el Ejecutivo, pero siento que nos va a rebasar la etapa poscovid-19, tanto, que cualquier diagnóstico que se haya elaborado antes de esta pandemia resulta insuficiente y totalmente rebasado frente a la realidad. “Siento que el tercer año que tenía contemplado el presidente se nos adelantó por lo del covid-19 y por eso es urgente la revisión. Qué pasa. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva del Presupuesto de Egresos y va a hacer ahora malabares para buscar el gasto en todos los rubros que el país necesita: seguridad, educación, salud, infraestructura, comunicaciones. Va a ser muy complicado armar el presupuesto porque no le añades impuestos y no hay nueva deuda pública. Son los mismos recursos, los mismos ingresos y hay que destinarlos a más necesidades surgidas de esta pandemia covid-19. “Será un ejercicio complicado, a ambas cámaras nos corresponde revisar la política fiscal en materia de Ley de Ingresos, pero si no hay esa posibilidad de que el Ejecutivo planté una política fiscal más amplia para obtener más ingresos, me temo que entraremos a un proceso de restricción muy fuerte porque no hay recursos que alcancen a las necesidades que se están planteando en esta nueva realidad. “Por lo tanto, es inevitable entrarle a la política fiscal, el país no puede funcionar con una política fiscal anquilosada, caduca, confusa, inadecuada frente a lo que nos va a deparar el covid-19”, reitera. Para Monreal Ávila, también será ineludible tocar el tema del ingreso básico universal, que significa aglutinar en un solo toda la política social; “es decir, establecer un ingreso único para las familias dependiendo de su situación económica que actualmente en México se encuentra disperso, por un lado las pensiones a adultos mayores, por otro el apoyo a personas con capacidades diferentes, en uno más las becas a estudiantes y en otro los programas de capacitación e ingreso laboral. “El ingreso básico universal consiste en que le otorgas determinada cantidad a una familia por mes, en lugar de dar una beca de mil 200 pesos o mil 500 pesos al adulto mayor le destinas a la familia un ingreso de tres mil 500 en general. “Ese es el ingreso básico universal y se lo das a todo mundo, no importa que no tengas alumnos, que no tengas adultos mayores, que no tengas discapacitados, es por familia, estamos hablando de una cantidad millonaria impresionante, de recursos que pueden significar alrededor de más de 260 mil millones de pesos, el equivalente a dos puntos del Producto Interno Bruto. “Es una gran discusión que tenemos en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, pero aún no hay acuerdos, porque el tema de construir el ingreso básico universal depende, en gran parte, de nueva cuenta, del dinero que haya en las arcas públicas, porque de dónde vas a sacar los recursos para poder destinarlos a un ingreso básico universal que te lleva varios puntos del Producto Interno Bruto por año, no es tan fácil instrumentarlo jurídicamente y, sin fuentes de financiamiento sería una irresponsabilidad”, concluye.