Un informe de las autoridades españolas detalla las conversaciones entre Francisco Javier Rodríguez Borgio, pieza clave de la operación fraudulenta de la Caja Libertad, y Fernando García Alonso, presunto contacto del representante de Los Zetas en Europa, El Mono Muñoz. Madrid (Proceso).- Para evadir a la justicia mexicana, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio se instaló en España donde recurrió a los servicios del mexicano Fernando García Alonso, quien presumía de contactos en la policía de ese país, para que le informara si aquí estaba vigente una ficha roja de la Interpol para detenerlo y extraditarlo a México. En sus comunicaciones telefónicas y por mensajería, Rodríguez Borgio alardeaba ante García Alonso del enorme poder que tenía su abogado mexicano –quien también buscaba información de la ficha roja–, al que se refería familiarmente como “Juanito” o como Juan Collado, que es muy “importante aquí y allá (México)”, porque también es el abogado “del Águila”, en alusión al entonces presidente Enrique Peña Nieto, por el águila de la bandera mexicana en la banda presidencial. Lo que desconocía era que la policía española tenía intervenidas las comunicaciones de García Alonso, porque lo consideraba el hombre de confianza de Juan Manuel El Mono Muñoz Luévano, el prominente enlace de Los Zetas en Europa que fue seguido meticulosamente desde 2013 hasta su captura en Madrid en marzo de 2016. Las comunicaciones entre García Alonso y Rodríguez Borgio, intervenidas por orden judicial, están en un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la red del Mono Muñoz y sus operaciones de narcotráfico, fechado en julio de 2014, al que este semanario tuvo acceso. En aquel momento, sobre Rodríguez Borgio y su hermano Óscar pesaba una orden de aprehensión en México por la falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para apropiarse de los casinos de otro empresario y sumarlos a su holding Big Bola. En marzo de ese año, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había ordenado congelar las cuentas de su Grupo Gasolinero México (GGM) –de la que los hermanos eran propietarios junto con Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– por la compraventa de hidrocarburo robado a Pemex. Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2285 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 16 de agosto de 2020