Desde que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente del gobierno de Hidalgo varios de sus colaboradores fueron acusados de tener vínculos con el crimen organizado –en particular con Los Zetas, que se posicionaron en la entidad–. Y ahora que Frida Martínez Zamora –la principal operadora del exmandatario hidalguense– está en la lista de los 19 exfuncionarios federales acusados de desvío de recursos, el nombre del hidalguense vuelve a ser salpicado por presunta corrupción.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo (2005-2011), el grupo de Los Zetas no sólo controló el tráfico de droga, el secuestro y la extorsión en la entidad, sus integrantes también incursionaron en el robo de hidrocarburos. Pese a ello, los jueces que valoraron los expedientes sobre la operación del crimen organizado en territorio hidalguense se limitaron a emitir veredictos que dieron protección e impunidad a los delincuentes.
Hoy, 19 funcionarios que laboraron en la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong son investigados por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 500 millones de pesos.
En la lista se encuentra Frida Martínez Zamora, considerada “el cerebro” de ese saqueo de recursos mediante compras irregulares de aeronaves, patrullas, tecnología y software de espionaje. La carrera de Martínez Zamora está ligada a la del exgobernador hidalguense desde hace casi 20 años.
De hecho ella es una de sus principales operadoras. El 24 de junio de 2002, cuando él era secretario de Gobierno de
Hidalgo, el entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto le asignó a esta abogada la patente de notaria adscrita a la Notaría 13 de Pachuca.
Ya como gobernador, Osorio Chong la hizo directora de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor.
Y los ascensos de Martínez Zamora continuaron con Osorio en el gobierno federal, primero como titular de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y después en la Policía Federal, dependencia a la que llegó en 2014.
Hasta el cierre de esta edición sólo uno de los 19 señalados, Eleuterio Enrique Pérez Romero, había sido detenido. Se trata de un contador público encargado del manejo de recursos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Pérez Romero ingresó a la administración pública en enero de 1993 como subcoordinador de servicios en la Agencia Federal de Investigación y se allegó, como parte de un equipo formado en contabilidad y finanzas que operaba el dinero de la PFP, al denominado Grupo Hidalgo.
Y aun cuando no es parte del grupo de políticos hidalguenses que llegaron al gobierno federal de la mano de Osorio, Pérez Romero integra un equipo formado en contabilidad y finanzas que operaba el dinero de la PFP y contra cuyos integrantes se libraron las órdenes de aprehensión.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2285 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.
