De indudable importancia, la aprehensión de El Marro, el cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima –que ya está en el Altiplano– desató una disputa entre el gobierno federal y el estatal por atribuirse el mérito. Pero más allá de eso, analistas de seguridad señalan que ahora falta ver qué impacto tiene ese hecho en el conflicto de cárteles (entre ellos los de Jalisco y Sinaloa) que sigue ensangrentado a Guanajuato.
GUANAJUATO, Gto (proceso).- La captura de José Antonio Yépez Ortiz,
El Marro, y el operativo realizado para lograrla fueron presumidos ampliamente por los gobiernos federal y de Guanajuato, cada uno por su lado y arrogándose la intervención inicial que llevó a la captura del hombre al que las autoridades estatales presentan como “el principal generador de violencia” en esa entidad.
Mientras
El Marro comparecía ante autoridades judiciales de Guanajuato, desde el gobierno federal los secretarios de Seguridad Ciudadana, Arturo Durazo Montaño, y de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, coincidieron en solicitar que el líder delictivo fuera entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta lo lleve ante la justicia federal.
Durazo daba por hecho desde el mismo día de la detención de Yépez Ortiz –el domingo 2 en la casa identificada como Las Galleras, de la comunidad Franco Tavera, municipio Juventino Rosas– que éste sería trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano.
Eso ocurriría una vez cubiertas “las formalidades jurídicas” para ponerlo a disposición del juez federal que le dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustible.
El lunes 3, Durazo habló de “elementos suficientemente sólidos para garantizar la acción total de la justicia” contra
El Marro.
Tanto José Antonio Yépez como los cinco hombres que fueron detenidos con él (Raúl Alberto, Diente; Silvestre; Saulo Sergio, El Saulo; Guillermo y José Cruz) permanecieron desde la noche del lunes 3 hasta el viernes 7 –cuando fue trasladado el líder del cártel– en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Puentecillas.
Desde ahí, por videoconferencia, sentados en fila ante una computadora, asistieron a la audiencia en la que un juez de control penal del estado calificó de legal su detención, que la Fiscalía General del Estado (FGE) adujo ocurrió en flagrancia cuando éstos mantenían secuestrada a una mujer de 52 años originaria de Apaseo el Alto.
Pero inmediatamente después de esta resolución la audiencia continuó cuando la FGE solicitó de una vez formular la acusación por el secuestro y un delito más que inicialmente no fue mencionado y tampoco lo consideró el gobierno federal: homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos.
Esta imputación la añadió la fiscalía estatal señalando como víctimas a agentes de las corporaciones del estado que participaron en el operativo de captura en Juventino Rosas, el domingo 2, en el que existió el riesgo de que se desatara un enfrentamiento.
Pero en la narración que el secretario de la Defensa hizo sobre este operativo sólo aludió a “una leve resistencia”, tras la cual uno de los escoltas de
El Marro resultó herido en un pie.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2284 del semanario Proceso cuya edición digitan puedes adquirir aquí.
