Con el pretexto de reducir gastos operativos ante la emergencia por el covid-19, el gobierno federal desapareció o redujo programas para promover el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, así como para combatir la violencia de género, cuyas ominosas cifras siguen en aumento.
CIUDAD DE MÈXICO (apro).- La tarde del jueves 6, los 500 diputados y diputadas federales almacenaban en sus correos electrónicos institucionales más de 4 mil 250 mensajes enviados por conducto de la oficina en México de Amnistía Internacional (AI) con una sola exigencia: “¡No a la reducción de presupuestos para las mujeres!”.
La campaña de la organización internacional, iniciada el 22 de julio, pretende llegar al menos a 6 mil firmas, que se traducen en el mismo número de mensajes dirigidos a los diputados federales ante la preocupación por las reducciones presupuestales etiquetadas “para instituciones y programas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (conocido como Anexo 13: Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), bajo el pretexto de la contingencia sanitaria del covid-19, ordenados por un decreto presidencial del 23 de abril que obliga a entidades de la administración federal a reducir 75% los gastos de operación.
Tras la renuncia a 151.9 millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el 15 de abril, AI se preguntó: “¿Dónde está ese dinero? Porque sabemos que el presupuesto del Anexo 13 está sujeto a una cláusula muy importante que es producto de la lucha de muchas mujeres en este país, que es que no se puede tocar sin la aprobación de la Cámara de Diputados; es un monto presupuestario que no se puede reducir, sólo se puede reasignar”, dice en entrevista Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI.
Ante “el silencio del contrapeso natural del Poder Ejecutivo, que tiene que ser la Cámara de Diputados”, AI lanzó la campaña Queremos Nuestro Presupuesto, por la que exigen el cumplimiento de la legislación que blinda los recursos dirigidos a disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres y abatir las violencias contra ellas.
“Lo que se le pide a los diputados es que hagan comparecer al secretario de Hacienda (Arturo Herrera) para que explique cómo se van a manejar estos reajustes presupuestarios, y que la Cámara de Diputados haga su trabajo, ser contrapeso, de preguntarle al Ejecutivo y de ponerle frenos si es que no estuviera haciendo bien su labor”, sostiene Reneaum.
A esa exigencia se han sumado otras organizaciones civiles, integradas en el colectivo Nosotras Tenemos Otros Datos, así como legisladoras que forman parte del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva.
Las inquietudes de la activista y de los miles de firmantes se sustenta en las ominosas cifras oficiales sobre la violencia contra las mujeres que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al primer semestre de 2020: mil 916 asesinatos, 473 clasificados como feminicidios, es decir casi 11 muertes violentas de mujeres al día; 104 mil 331 carpetas de investigación por delitos de violencia familiar; mil 800 denuncias por delitos de violencia de género, y 7 mil 887 denuncias por violación.
Aun con las limitaciones que implica el confinamiento por la pandemia de covid-19, cifras oficiales advierten que en el primer semestre del año el número de emergencia 911 recibió 352 mil 526 llamadas por violencia familiar; 118 mil 136, por violencia de pareja, y 131 mil, por violencia contra la mujer.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2284 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí
