Si bien desde mayo el gobierno mexicano sabía que las autoridades estadunidenses habían ubicado en Florida a César Duarte Jáquez, su captura el pasado miércoles 8 fue una sorpresa, según afirma la embajadora en Estados Unidos, Martha Bárcena. La aprehensión del exgobernador de Chihuahua ocurrió, además, mientras tenía lugar la visita oficial de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. WASHINGTON (proceso).- “En mayo (pasado) el Departamento de Justicia (estadunidense) nos informó que ya tenían ubicado a César Duarte Jáquez en Florida y todo listo para su arresto con el propósito de su extradición a México”, revela a Proceso un alto funcionario del gobierno de López Obrador. “No se le detuvo en ese momento por las restricciones sanitarias de la problemática de covid-19, pero nos adelantaron que cuando mejoraran las condiciones lo harían y ocurrió este miércoles 8”, acota el funcionario, que habla bajo la condición de resguardar su nombre. La detención es resultado de año y medio de cabildeo que Martha Bárcena, embajadora de México en Washington, realizó ante los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos. Dicho cabildeo estuvo respaldado por la Fiscalía General de la República (FGR), que hizo la “reformulación” de 13 pedidos de captura con fines de extradición presentados a Estados Unidos. “Necesito ver cuál es la evaluación del Departamento de Asuntos Jurídicos de la embajada de por qué no ha prosperado y cuáles son las respuestas; le daré una sesión prioritaria al caso”, dijo la embajadora a este semanario en diciembre de 2018, después de haber sido ratificada por el Senado (Proceso 2199). Fueron en total 14 peticiones con fines de extradición las presentadas al Departamento de Estado, de las cuales 13 se reformularon en una sola, la decimocuarta, con la cual la FGR garantizó el arresto del exgobernador. El actual gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, acusa al priista Duarte de al menos 11 delitos, entre ellos el de peculado, y de saquear las arcas del estado por más de 3 mil 500 millones de pesos. La extinta Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron de Corral 12 de las 14 solicitudes de extradición, pero con triquiñuelas jurídicas mantuvieron el asunto en el limbo. La ansiedad de Corral por cumplir su promesa de campaña de meter a la cárcel a su antecesor por corrupto, llevó a la fiscalía de Chihuahua a formular los pedidos de extradición con errores jurídicos que la PGR y SRE de Peña Nieto intencionalmente no corrigieron. Antes de que AMLO asumiera la Presidencia, el último titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dejó en la recién creada FGR a dos de sus operadores encargados de hacer todo lo necesario para retrasar el arresto de Duarte en Estados Unidos (Proceso 2220). Esos personeros fueron el exembajador y exsubprocurador Eduardo Ibarrola Nicolín y Guillermo Fonseca Leal. Este último fue muchos años agregado de la PGR en la embajada mexicana en Washington. Alertado por este semanario sobre la misión asignada a Ibarrola y Fonseca para el caso de Duarte y otros lastres de corrupción del sexenio peñanietista, el fiscal general Alejandro Gertz Manero los ubicó y posteriormente los despidió. “Tengo 25 mil empleados y todos los días he tenido que hacer muchas cosas para empezar a controlar ese verdadero caos. La Torre de Babel, ¡carajo!”, declaró Gertz Manero a Proceso para la edición del 19 de mayo de 2019. A partir de entonces y con el cabildeo de Bárcena en Washington, más la reformulación de la solicitud de extradición sin errores, el caso de Duarte Jáquez comenzó a fluir por el camino correcto. Esa petición de arresto, la número 14, fue presentada al Departamento de Estado el pasado enero. En marzo esa instancia informó al gobierno mexicano que el Departamento de Justicia había girado a un juez federal la petición mexicana para que avalara la captura. Comenzó la cuenta regresiva para Duarte. El miércoles 8, durante la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, se dio a conocer que en un suburbio de Miami se aprehendió al exgobernador de Chihuahua. “El anuncio oficial del Departamento de Justicia fue a las 18:43 horas y nos avisaron quizás unos minutos antes, una media hora antes, que había sido detenido en el estado de Florida”, narró la embajadora Bárcena el jueves 9 en conferencia de prensa. En el Instituto Cultural de México en Washington y acompañada de Roberto Velasco, director general para América del Norte de la SRE, para hablar con la prensa del encuentro Trump-López Obrador, la embajadora admitió que la captura de Duarte no fue una sorpresa: “Los tiempos de la detención sí. Que fuera a suceder no, porque habíamos hecho la solicitud de extradición”. No obstante, la hora en que, según la embajadora, López Obrador y su comitiva fueron notificados de la captura de Duarte, no coincide con los tiempos en que se dio la noticia en México. A las 18:43 del miércoles 8, hora de Washington, y 17:43 de la Ciudad de México, López Obrador hablaba en la Casa Blanca junto con Trump ante empresarios de los dos países, en el preámbulo de la cena a la que asistieron todos. Según la información de Bárcena, el Departamento de Justicia informó al gobierno mexicano a las 18:13 (hora de Washington) sobre el arresto del exgobernador, cuando el presidente mexicano se encaminaba en auto a la Casa Blanca para la cena con los empresarios y Trump. Una hora antes de la notificación oficial del Departamento de Justicia al gobierno mexicano, conforme a lo dicho por la embajadora, a las 17:10, hora de Washington, Proceso recibió el tip de la captura. De inmediato el corresponsal se comunicó con la oficina del gobernador Corral y ésta fue la respuesta: “El gobierno federal nos informó hace unas horas que Duarte Jáquez ya fue detenido en Florida”. Duarte, amigo de Peña Nieto y de su canciller, Luis Videgaray, tiene derecho a apelar la solicitud de extradición, aunque la reformulación que hizo la FGR del pedido y la orden de captura emitida por un juez anulan sus posibilidades de triunfo. Desde que huyó de Chihuahua por la persecución legal que inició Corral, Duarte se avecindó primero en El Paso. De inmediato, y por medio de una de sus hijas nacida en este país, presentó ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos los documentos para conseguir la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía por naturalización. En la solicitud de arresto reformulada por la FGR, el gobierno mexicano pide anular los procedimientos de residencia iniciados por Duarte, por tratarse de un presunto criminal y fugitivo de la justicia. Al aceptar las razones jurídicas del gobierno mexicano, avaladas por los departamentos de Estado y de Justicia, el juez federal que ordenó la captura de Duarte automáticamente anuló los procedimientos migratorios del exgobernador. Pero incluso antes de que el juez librara la orden, el Departamento de Seguridad Interior, del que depende el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, tenía congelados dichos trámites. A partir del arresto de Duarte en Florida, el procedimiento en la corte y la eventual extradición a México pueden ocurrir en cualquier momento.

Sesión con la juez

El viernes 10 Duarte Jáquez fue presentado ante la juez Lauren Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, para escuchar los procedimientos que debe seguir su caso. Louis notificó a los abogados de Duarte y a los fiscales del Departamento de Justicia que este martes 14 tendrán una sesión telefónica sin la participación del exgobernador, para definir los calendarios del procedimiento. En esa sesión la juez, la defensa y los fiscales definirán la fecha de las audiencias para abordar, primero, si puede obtener libertad condicional mediante el pago de una fianza y, después, una de estatus, en la que le leerán los cargos que le imputa el gobierno de México. La juez le explicó a Duarte que, por tratarse de un caso de extradición, las reglas generales no permiten que al acusado se le otorgue libertad bajo fianza: “Usted está acusado de enriquecimiento ilícito”, le dijo, en referencia a los cargos que se le imputan en México. Este texto se publicó en el número 2280 del semanario Proceso, en circulación   Te puede interesar: Duarte y la “nómina secreta” de corrupción