La decisión de López Obrador de eliminar fideicomisos públicos “sin estructura orgánica” –con lo que la Tesorería obtendría 283.5 mil millones de pesos– no se apega a los requerimientos internacionales acordados y esos recursos aún no tienen un destino definido y justificado.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En un intento más por hacer cumplir “la austeridad republicana”, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le urge tener disponibles los recursos de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica que no cuentan con los mínimos requerimientos de transparencia, pero tampoco se sabe cuál será la hoja de ruta de la Cuarta Transformación para darle cauce a ese dinero público.
“Hay un dilema de eficiencia presupuestaria y de responsabilidad hacendaria. Es un dilema grave al que nos enfrentamos. Porque si bien es cierto que estamos en una coyuntura única sin precedente con la pandemia de covid-19, no hay un plan estructurado con acciones concretas que nos permita saber a dónde se van a destinar estos recursos”, advierte Ana Laura Barrón Olivera, investigadora de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
En entrevista, Barrón recuerda que un principio elemental del gasto público es que “a todo gasto debe corresponder un ingreso, y viceversa, a todo ingreso debe corresponder un gasto; es un principio rector”, sentencia.
La actual administración no ha dado estricto cumplimiento a esa práctica.
El pasado 2 de abril el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se ordena a los titulares de las dependencias y entidades federales la extinción y cancelación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
Los instrumentos
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son 338 instrumentos de este tipo, los cuales suman 740 mil 572.7 millones de pesos con cifras al último trimestre de 2019.
Sobre estos fideicomisos, el decreto estableció algunas excepciones sobre los que habrán de extinguirse: aquellos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
El monto de estos últimos ronda los 457 mil millones de pesos (61.7%); estos recursos tienen un destino específico. En cambio, los fideicomisos susceptibles de extinción suman 283.5 mil millones de pesos (38.3%), según la
SHCP.
Adicionalmente, el decreto de extinción de los fideicomisos establece la obligación para que las dependencias y entidades transfieran los recursos de esos instrumentos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), y como plazo el 15 de abril pasado, lo cual “refleja la necesidad de inmediatez del gobierno federal por allegarse de los recursos financieros que se concentraban en los mismos, en detrimento del plazo de 180 días hábiles que establecía el octavo transitorio de la Ley de Austeridad Republicana publicada en noviembre de 2019, para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los fideicomisos existentes”, puntualiza la investigadora.
A pesar de lo dispuesto tanto en la Ley de Austeridad como en el decreto de extinción de los fideicomisos del Ejecutivo, la actual administración considera que los esfuerzos por controlar el uso de los recursos públicos no son suficientes y el 19 de mayo de 2020 el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para derogar y reformar diversas leyes, con lo cual se procedería a la extinción de fideicomisos cuya creación, organización y funcionamiento están previstos en disposiciones legales, y que habían sido exceptuados por el anterior decreto.
Dicha iniciativa del Legislativo para modificar 14 leyes ha quedado suspendida, y con ello, la eliminación de 44 fideicomisos adicionales.
Fragmento del reportaje publicado el 14 de junio en el número 2276 del semanario Proceso, en circulación
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